LIBROS DE COMERCIANTES.

Cuando la inspección de libros se decreta por el agente del Ministerio Público, pretextando la averiguación de un delito, tal acto, aunque debe clasificarse como jurisdiccional, de conformidad con la naturaleza real de la diligencia, no cambia el carácter de autoridad administrativa que corresponde al Ministerio Público, por las funciones que desempeña y por el órgano de que depende; como no quitar al Poder Legislativo su carácter de tal, el hecho de que, en determinadas condiciones, ejerza funciones jurisdiccionales; y como el artículo 16 constitucional faculta a las autoridades administrativas para exigir la exhibición de libros y papeles de los comerciantes únicamente para comprobar que se han cumplido las disposiciones fiscales, la que no se decreta por dichas autoridades para ese objeto, es violatorio del citado precepto.