ULTRAJES A UN FUNCIONARIO PUBLICO.

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 910, 911 y 912 del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, se infiere que son tres las circunstancias necesarias para que exista el delito de ultrajes a un agente de la autoridad: (a), que haya habido injuria, golpes u otra violencia semejante; (b), que tales actos se hayan ejercido contra un agente de la autoridad; y (c), que se hallan efectuado contra dicho agente, hallándose éste en ejercicio de sus funciones, o con motivo de ellas; de donde se desprende que si bien es cierto que uno de los elementos del delito de que se trata, es la injuria proferida o el golpe propinado, no es verdad que sea otro de esos elementos, el conocimiento que tenga el ultrajante, del carácter de empleado o de funcionario público del ofendido, ya que la investidura oficial no depende ni puede depender del conocimiento que de la misma tenga el delincuente. Es conveniente advertir, que si el conocimiento que tenga el autor de los ultrajes, no es un elemento del cuerpo de ese delito, sí es una circunstancia que influye de manera decisiva sobre la imputabilidad, porque tratándose, como se trata, de una infracción penal, en la que la investidura de la víctima agrava la criminalidad del hecho, si el ofendido no es funcionario o empleado público, la injuria, el golpe o la violencia no son susceptibles de calificación de ultrajes, de donde se infiere que si el acusado ignoraba, inculpablemente, la existencia de tal investidura, le favorece la exculpante de responsabilidad, establecida por la segunda parte de la fracción XIII, del artículo 34 del Código Penal.