PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA ( DECRETO DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE).

Si las responsables se limitan a expresar que el decreto número trece, de veintiuno de febrero de mil novecientos treinta y nueve, publicado en el Diario Oficial, Tomo CXIII, correspondiente al quince de marzo del mismo año, prohibiendo la modificación del régimen de propiedad de terrenos pertenecientes al Distrito de Riego del Alto Río Lerma, impugnado de inconstitucional, tiene su apoyo en los artículos 3o. y 19 de la Ley de Irrigación y ésta, a su vez, en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional; aun cuando es verdad que, conforme al artículo 27 citado, la Nación tiene en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público; y que con tal objeto deben dictarse las medidas necesarias para el fomento de la agricultura, también lo es que la facultad de que se trata, dentro del régimen constitucional, solamente puede ser ejercida por el órgano especialmente creado, o sea, por el Congreso de la Unión o por expresa delegación, que, en el caso no existe, sino que se hace derivar como proveniente de la de reglamentar los artículos 3o., 5o. y 19 de la Ley sobre Irrigación, pero ninguna, de esas disposiciones otorga el Ejecutivo Federal el derecho o facultad para legislar, excepcionalmente, en la materia, y menos aún para impedir la libre disposición del derecho de propiedad; sin menoscabarse, por ello natural y lógicamente, el que tiene a la compensación que acuerda el artículo 5o. de la anterior Ley de Irrigación; y no puede decirse, por lo más, que reglamenta esta disposición, ya que notoriamente no prevé sobre esa compensación, en términos generales, sino que yendo más allá de sus límites, impide la libre disposición del derecho mismo de la propiedad privada; sin menoscabo, se repite, porque cualquiera que sea el dueño de la tierra, soportará el gravamen de la compensación a que tiene derecho la Nación; y tal extralimitación, es violatoria de garantías.