AGUAS POTABLES, ADMINISTRACION DE LAS, POR PARTICULARES.

Si se ha contratado con una institución privada, que haga el servicio de aguas potables y cobre las cuotas correspondientes, para resarcirse del dinero prestado al Estado, para el desarrollo de ese servicio y se expide un decreto por el que se desconoce el contrato celebrado, indudablemente esto trae consigo perjuicios de difícil reparación para el concesionario, puesto que lo priva de la garantías establecida en el contrato y procede conceder la suspensión para mantener una situación jurídica previamente reconocida, entre tanto se falla el juicio de amparo; ya que al proceder así, no se afecta el interés general, ni se contrarían disposiciones de orden público, máxime, si se ignoran las razones que hayan tenido las autoridades responsables para proceder en la forma que lo hicieron, por no haber rendido el informe de ley; y la suspensión procede sin requisito alguno, sin no aparece que exista algún tercer perjudicado.