TRANSITO EN LAS POBLACIONES.

Las disposiciones que dicten los Ayuntamientos, fundadas en las leyes que regulan el tránsito, en las poblaciones, no son violatorias de los artículos 4o. y 28 constitucionales, porque la simple prohibición de que transiten los vehículos públicos, sin determinar previamente las rutas que han de seguir, no importa un impedimento para que los interesados puedan dedicarse al trabajo que les acomode; tanto más, cuanto que la garantía a que se refiere el artículo 4o., constitucional, se encuentra limitada cuando se ofenden los derechos de la sociedad, por lo que es evidente la necesidad imperiosa de que se reglamente el tránsito en las poblaciones, en beneficio de la propia sociedad.