RESOLUCIONES AGRARIAS.

Las autoridades agrarias solamente están capacitadas para ejecutar las resoluciones presidenciales, ajustándose estrictamente a sus términos, y si al dar posesión de unas tierras, afectan a una finca, en cantidad mayor que la designada por la resolución, por rebasar los términos de la misma, sus actos no están legalmente fundados ni motivados, y, por ende, son violatorias de las garantías consignadas en el artículo 16 de la Constitución.