NACIONALIZACION DE BIENES, CONTINUACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE, ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL.

La ley anterior concedía facultades a la Secretaría de Hacienda para conocer y decidir de los expedientes de nacionalización de bienes; pero por virtud de la nueva Ley, tales facultades pasaron en forma exclusiva a la autoridad judicial. Ahora bien, si ante la autoridad administrativa se inició el procedimiento de nacionalización de un inmueble, y del expediente aparece que los afectados manifestaron expresamente que no se acogerían a los beneficios del artículo 22 de la Ley de Nacionalización de Bienes de treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, no puede decirse que en virtud de tal manifestación, el caso no se encuentre comprendido en lo dispuesto por los artículos 4o y 5o., transitorios, de dicha Ley, pues al referirse estos a la oposición de los afectados o a los expedientes de oposición, debe entenderse que se trata de aquéllos en que existen afectados que puedan ejercitar sus derechos de oposición, independientemente de lo que manifiesten, sea oponiéndose efectivamente a la nacionalización, sea manifestando su conformidad, o por último, absteniéndose de intervenir, asumiendo actitud de rebeldía. Por tanto, probado que en el expediente de nacionalización había afectados, es indudable que se trataba de un expediente en trámite, con opositor, y si era procedente que se continuara la tramitación conforme a los citados preceptos, según el estado del expediente, esto es, para que se dictara la sentencia correspondiente por el Juez de Distrito, citando para ello, o para que se celebrara la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el artículo 22.