CERTIFICADOS DE DEPOSITO ADULTERADOS.

El hecho de que ya nadie pueda presentar al banco depositario, el certificado de depósito que originalmente expidió, porque éste ya lo tiene en su poder, en virtud del pago que hizo, contra el documento adulterado, no puede conducir al absurdo de que los derechos del acreedor legítimo no se hagan efectivos; pero indudablemente no es el amparo contra un requerimiento con amenazas de apremio, el medio a propósito para definir esa cuestión, sino que la misma debe resolverse mediante los procedimientos comunes ante la autoridad competente, con audiencia y defensa amplia de las partes a quienes puede afectar esa resolución, pues las medidas de apremio dictadas por el Juez responsable, pueden equipararse a una sanción ineludible impuesta al banco, sin que haya sido oído en defensa en el punto relativo a su obligación de devolver el depósito a causa de la negligencia o descuido que se le atribuyen, por haber pagado dicho depósito contra un documento adulterado, que guarda en su poder. En general, no es necesario un procedimiento judicial formal para exigir que cumplan con las correspondientes obligaciones en el proceso, los auxiliares de la administración de justicia, pero indudablemente esto es cierto cuando se trata de una resistencia o demora notoriamente ilegal o irrazonada en el cumplimiento de tales deberes, caso en que puede obligárseles por los medios de apremio que la ley establece; pero no sucede lo mismo cuando se trata de situaciones en las cuales se invoca una justificación basada en un hecho comprobado, y que no ocurrió por la exclusiva intervención del que se resiste a cumplir con su obligación, pues entonces es preciso definir responsabilidades y graduarlas en sus justas consecuencias y alcances, aun aceptando, en principio, que se ha obrado con descuido y negligencia. En el caso de que se cobre un depósito mediante un certificado adulterado que se sustrajo del juzgado respectivo, la responsabilidad puede ser imputable tanto al personal del juzgado como al banco que devolvió el depósito, contra el documento original, pero falsificado en parte, y para imputar el banco la responsabilidad, es preciso que previamente se le oiga en juicio, porque de lo contrario se le desposeerá de sus bienes sin previa audiencia y defensa, conforme a las normas del artículo 14 constitucional.