FIANZA EN EL AMPARO, MONTO DE LA, CUANDO NO EXISTE ASEGURAMIENTO DE BIENES.

La jurisprudencia sustentada por esta Suprema Corte, en el sentido de que el monto de la fianza que se fije al agraviado, debe ser bastante para responder solamente de los daños y perjuicios que se ocasionen al tercero perjudicado, y que, por lo tanto, dicho monto no debe fijarse teniendo en cuenta las prestaciones a que salió condenado aquél, en el juicio del orden común que dio origen al de garantías, lo mismo que la distinta jurisprudencia fijada por este Alto Tribunal, en el sentido de que, cuando el efecto de la suspensión consiste en detener por más o menos tiempo la continuación de un juicio ya instaurado, en el cual se demanda una cantidad cierta y determinada, y como consecuencia de ello, la suspensión también del cumplimiento de las obligaciones que puedan resultar a la parte demandada, la estimación de los daños y perjuicios que la suspensión pueda causar, según las disposiciones relativas de la ley civil y de acuerdo con los principios generales de derecho, debe hacerse computando esos perjuicios en forma de intereses legales, por todo el tiempo que puede durar la tramitación del juicio de amparo, son aplicables únicamente para aquellos casos en los que durante la tramitación del juicio del orden común, hayan sido asegurados bienes del demandado, pero no para aquellos otros en que sin existir tal aseguramiento, el agraviado puede, por virtud de la suspensión, no solamente detener la ejecución de la sentencia recurrida en amparo, sino además ejecutar actos lesivos para el tercero perjudicado; pues en estos casos, el monto de la fianza debe ser bastante para responder por concepto de daños, de las prestaciones a que fue condenado en el juicio del orden común, y, además, por concepto de perjuicios, de los intereses legales sobre esas prestaciones en tres años.