TRABAJADORES DEL ESTADO, NO ESTAN EN SITUACION JURIDICA IDENTICA A LA DE LOS TRABAJADORES EN GENERAL.

No es de tomarse en consideración el argumento de la autoridad responsable, en el sentido de que no debió concederse la suspensión contra la ejecución del laudo que ordena se pague el 50% de su sueldo al tercero perjudicado, desde la fecha en que fue suspendido hasta la en que se resuelva sobre su culpabilidad o inculpabilidad, siguiendo los lineamientos del criterio sustentado por esta Suprema Corte en materia de suspensión, tratándose de los conflictos obrero patronales, regidos por la Ley Federal del Trabajo, pretendiendo que, por analogía, se aplique esa jurisprudencia en las relaciones del Estado con sus empleados; porque aun cuando es cierto que, en términos generales, existe una relación de trabajo entre el poder público y sus servidores, también lo es que esta relación no tiene las características de un verdadero contrato de trabajo, tal como está previsto en nuestra ley laborista, supuesto que ésta tiende esencialmente a regular las actividades del capital y del trabajo, como factores de la producción o sea, en funciones económicas; lo que no sucede tratándose del poder público y de sus empleados, atenta nuestra organización política y social, porque las funciones encomendadas al Estado no persigue ningún fin económico, sino más bien un objetivo de control para la convivencia de los componentes de la sociedad. Por ello no puede afirmarse que exista paridad en los fenómenos jurídicos enunciados, y por lo mismo, lógicamente no puede aceptarse que la jurisprudencia sustentada en relación con la suspensión, tratándose de verdaderos contratos de trabajo, haya de regir ese mismo fenómeno, cuando se trata de trabajadores al servicio del Estado.