VEHICULOS PROPULSADOS POR MOTORES TIPO DIESEL Y POR MOTORES ACONDICIONADOS PARA USO DE GAS LICUADO DE PETROLEO, LEY DEL IMPUESTO SOBRE. CAUSANTES SEGUN SU ARTICULO 2o.

No es verdad que el referido impuesto "diesel" grave el consumo del combustible. Para cerciorarse de esa inexactitud, es suficiente la consulta del artículo 2o. de la Ley del Impuesto sobre Vehículos Propulsados por Motores Tipo Diesel y por Motores Acondicionados para Uso de Gas Licuado de Petróleo. El precepto legal en cuestión establece que son causantes, de ese impuesto, las personas físicas o jurídicas propietarias de cualquier clase de vehículos automotores terrestres que utilicen "diesel" o gas licuado, o bien los arrendatarios cuando aquellos no utilicen directamente dichos vehículos, ya sea que los posean para servicio público o para un servicio privado. Esta norma legal impositiva (artículo 2o. de la ley nombrada), ha sufrido tres modificaciones desde el momento de la expedición de la ley impugnada en amparo, hasta su actual vigencia. La Ley de Ingresos de la Federación para el año de 1962, al través de su artículo 25, reformó el citado artículo 2o. de la ley en mención, instituyendo que son causantes del impuesto respectivo, no sólo los propietarios de vehículos automotores terrestres que utilicen el diesel o gas licuado, sino también los poseedores, por cualquier título o motivo, de dichos vehículos automotores terrestres destinados al servicio público o privado, que utilicen esos combustibles. Un año después, es, mediante la Ley de Ingresos de la Federación para el año de 1963, artículo 27, se modificó de nuevo el artículo 2o. en cita, con el único objeto de precisar que se entiende por servicio público de un transporte equipado con motores tipo diesel o con motores acondicionados para el uso de gas licuado de petróleo o de cualquier otro combustible que no sea gasolina, pero se siguió considerando, como causante del impuesto, a las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título o motivo, de los vehículos automotores terrestres en cuestión; el 24 de diciembre de 1966 se promulgó el decreto que incorpora, diversas disposiciones reformadas en anteriores leyes de ingresos de la federación, a los ordenamientos fiscales a que pertenecen. El artículo 25 del mismo decreto ordena que quedan incorporados, a la Ley del Impuesto sobre Vehículos Propulsados por Motores Tipo Diesel y por Motores Acondicionados para Uso de Gas Licuado de Petróleo, entre otros, el artículo 2o. de dicha ley, que había sido modificado por las leyes de ingresos de la federación para los años de 1963 a 1966. Esta incorporación se realizó sin introducir ninguna nueva reforma al propio artículo 2o. finalmente, el decreto promulgado el 30 de diciembre del año de 1968, publicado, el día siguiente, en el Diario Oficial de la Federación, propició una nueva reforma al artículo 2o. de la ley combatida, en primer término, en este juicio de garantías, para que las empresas que se dediquen a prestar servicio de carga y que no sean propietarias o poseedoras de vehículos propulsados por motores tipo diesel o por motores acondicionados para el uso de gas licuado de petróleo o de cualquier otro combustible que no sea gasolina, tengan la obligación, respecto de los que utilicen, de verificar que se haya pagado el impuesto y, si no ha sido cubierto, retenerlo de los pagos que efectúen al causante y enterarlo a la oficina fiscal correspondiente, esta última reforma dejó intacta, en sus propios términos, las otras partes del mismo artículo 2o. de la ley aludida, quedando inmodificado, de ese modo, la concerniente a que son causantes del impuesto combatido por los quejosos, las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título o motivo, de vehículos automotores terrestres destinados al servicio público o privado, que utilicen los combustibles citados. La trayectoria legal de la norma sujeta a examen muestra que no se grava el consumo del combustible "diesel" o del gas licuado de petróleo, tampoco la utilidad, como lo quieren los quejosos, sino la propiedad o posesión de los vehículos automotores terrestres que utilicen tales combustibles. Esa propiedad o posesión constituyen el hecho generador del impuesto, la base o la fuente de el mismo, y procede considerar que ninguna limitación tiene el Poder Legislativo del sistema constitucional tributario de México; cual deba ser el hecho generador de una carga fiscal.