EXPLOTACION FORESTAL, CONCESIONES.

Conforme al artículo 111 del Reglamento de la Ley Forestal, las autorizaciones, permisos y concesiones, se otorgan sin perjuicio de terceros, sin prejuzgar sobre la posesión y propiedad de los terrenos o de los productos; y, en consecuencia, no se suspenderán sus efectos a simple petición de parte o por queja de personas ajenas al servicio, si no media resolución judicial, a menos que la secretaría tenga serias presunciones de que autorizó cualquier permiso o concesión, con apoyo en datos erróneos o deliberadamente falsificados para encubrir una explotación fraudulenta. En estos términos, es evidente que los conflictos que surjan entre los particulares, sobre posesión o propiedad, debe dirimirlos la autoridad judicial y no la administrativa; de donde las resoluciones de ésta, sobre tales cuestiones, que sirvan de apoyo a acuerdos dejando sin efecto algunos permisos o concesiones, infringen el citado artículo 111 y, consiguientemente, las garantías individuales; sin que pueda admitirse, a priori, la nulidad de convenios. Por otra parte, la facultad mencionada, no puede ser ejercida sin que intervengan motivos manifiestos de datos erróneos o maniobras fraudulentas; y los vicios o causas de nulidad de contratos o convenios, son cuestiones, se repite, de la competencia judicial.