ESTADO, AMPARO PEDIDO POR EL.

El Estado, autolimitando su soberanía al someterse a una relación jurídica con sus empleados, se coloca en el mismo plano que los particulares, cuando para dirimir sus conflictos de intereses, litiga ante un organismo que, en rigor, es jurisdiccional, como sucede tratándose del Tribunal de Arbitraje, de acuerdo con las disposiciones del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, de donde resulta equitativo, lógico y justo, que tenga expeditas las mismas vías de sus colitigantes, incluso el juicio de garantías.