FORMA DE GOBIERNO.

La adopción de una forma de gobierno republicano, representativo, popular, y la división del poder público en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es una obligación que la Constitución de 1857 impuso a los Estados de la República; y el decreto de 29 de agosto de 1916, que declaró la nulidad de las sentencias dadas por los gobernadores, tendió a remediar una violación constitucional, que era el resultado del estado de guerra, por lo cual, es incuestionable que la referida ley es de interés público, dada su finalidad.