TERRENOS NACIONALES. PROCEDIMIENTO DE COLONIZACION.

Reconocido por la propia autoridad responsable, en su acto, como se deduce de la simple lectura de sus "antecedentes", y se hace valer en la demanda de amparo, que el agraviado presentó su solicitud para adquirir determinados terrenos nacionales con fecha 7 de febrero de 1956, que la misma fue aceptada, que la comisión colonizadora respectiva localizó y deslindó los terrenos pedidos por el solicitante, que con éste se firmó el contrato de compraventa con reserva de dominio correspondiente y que se le dio la posesión de los mismos, perfeccionándose posteriormente la compraventa mediante título definitivo; y consistiendo la garantía de audiencia, a que se refiere el mandato constitucional invocado, en que a persona alguna pueden desconocérsele sus derechos, posesiones o pertenencias si no es mediante juicio seguido ante autoridad competente y en el que se le haya oído y vencido conforme a derecho, es obvio que, al reconocerle al tercero una preferencia para la adquisición de los mismos terrenos, sin haber sido oído el quejoso en el procedimiento administrativo que al afecto se siguió, la autoridad responsable violó, por ende, y en perjuicio del propio agravado, el referido principio constitucional, sobre todo, como lo invoca el quejoso en dicho agravio, si se tiene en cuenta que tal reconocimiento de prioridad le fue otorgado al tercero cuando ya había concluido el procedimiento, que culminó con el otorgamiento del título de propiedad relativo a favor del mismo agraviado.