MINISTERIO PÚBLICO.-

Cuando los tribunales declaran responsable a una persona de un delito que no fue objeto de la acusación, invaden las facultades constitucionales del Ministerio Público, ya que compete a éste formular la acusación, es decir, señalar el delito que se persigue y la persona culpable, y ya que corresponde únicamente a los tribunales decidir si ese hecho es o no delictuoso y si el acusado es o no culpable, así como imponer, en su caso, las penas de rigor. El pedimento sirve al acusado para elaborar su defensa dentro de la etapa contradictoria del procedimiento penal, que, por este motivo, se ha llamado juicio (antes de la acusación, el procedimiento recibe el nombre de instrucción); por esto es por lo que cuando se cambia el cargo, se deja indefenso al reo. Interpretación del artículo 21 de la Constitución.