CANDIDATOS INDEPENDIENTES. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO PARA IMPUGNAR LOS RESULTADOS DE LA ELECCIÓN EN LA QUE PARTICIPEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA).-

Si bien este Tribunal Electoral ha sostenido que el juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano no es el medio de impugnación por el cual se puedan invocar causales de nulidad de votación recibida en casilla o la nulidad de una elección, tal criterio es aplicable a los casos en que los candidatos fueron postulados por un partido político y, en consecuencia, existe un sujeto legitimado para invocar las mencionadas nulidades mediante los recursos ordinarios y, en última instancia, a través del juicio de revisión constitucional electoral. En tal virtud, el referido criterio no es aplicable cuando se trate de candidatos propuestos por la ciudadanía, esto es, candidatos independientes, en razón de que la tutela de sus derechos político-electorales corresponde ejercerla a ellos mismos, según se prevé en el artículo 299 del Código Electoral de Tlaxcala, en cuyo texto se dispone que los candidatos a presidente municipal auxiliar propuestos por los ciudadanos, son los sujetos legítimos para interponer los recursos establecidos en dicho código, de tal forma que considerar que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano no puede interponerse en contra de irregularidades que se puedan presentar con motivo de la jornada electoral, propiciaría que existieran actos de una autoridad electoral que no fueran susceptibles de revisión y control por parte de este órgano jurisdiccional federal, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 41, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 3o., párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, además de que se conculcaría su derecho constitucionalmente previsto de acceder a la impartición de justicia, según se establece en el artículo 17 de la propia Constitución federal.