SUSPENSIÓN DEFINITIVA. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA LA APLICACIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, MODIFICADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 4 DE FEBRERO DE 2004, ASÍ COMO EL TRANSITORIO PRIMERO DE DICHO DECRETO, POR NO SATISFACERSE EL REQUISITO CONTEMPLADO POR EL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO [TESIS HISTÓRICA].

El artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, requisito que no se satisface cuando los actos reclamados consisten en la aplicación de los artículos 1o., fracción IX, 10, párrafo segundo, 13, 24, fracciones XVI y XXI, 25 Bis, 73, párrafo segundo, 73 Bis, 73 Ter, 82, 85, 86 ter, fracción IV, 86 Quater, 87, 87 Bis, 87 Ter, 92, 92 Bis, 93, 94, 96, 97 Bis, 97 Ter, 97 Quater, 98, 98 Bis, 114, 114 Bis, 114 Ter, 117, 119, 121, 123, párrafo tercero, 124, 125, 126, 127, 128, 128 Bis, 128 Ter, 128 Quater, 129, 129 Bis, 131, 132, 133 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, modificados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 4 de febrero de 2004, así como el transitorio primero de dicho decreto, que imponen la obligación de adecuar los contratos de compraventa en materia inmobiliaria y de autofinanciamiento de bienes inmuebles, al modelo y normas que establezca la Secretaría de Economía y de establecer cláusulas de sumisión a la Procuraduría Federal del Consumidor, al igual que establece la práctica de verificación, visitas, requerimiento de documentos, aseguramiento de bienes, imposición de sanciones en caso de incumplimiento, tales como multas, colocación de sellos y publicación de omisiones y acciones. Lo anterior se debe a que esas disposiciones, tienden a concentrar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, lo que de impedirse afectaría los intereses de la clase consumidora, dentro de la cual puede recaer cualquier miembro de la colectividad, que en un momento determinado se relaciona en ese tipo de actividades con un proveedor, puesto que se permitiría a este último continuar con sus actividades sin someterse a las disposiciones impugnadas, esto es, sin ajustar las relaciones comerciales a las normas expedidas precisamente para proteger los intereses de aquella clase, dado que el interés público está sobre cualquier interés particular.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.