REVISIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE SI SE INTERPONE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL [TESIS HISTÓRICA].

La Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal que actualmente regula la tramitación del juicio de nulidad promovido contra actos de las autoridades administrativas del Gobierno del Distrito Federal establece en su artículo 140, que contra las resoluciones que pronuncie la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la entidad, las partes podrán interponer los medios de defensa previstos en la Ley de Amparo; sin embargo, tal disposición resulta ambigua para determinar si, en la especie, se prevé en favor de la autoridad algún recurso por el que pueda combatir la resolución que, en segunda instancia, emita la Sala Superior del referido órgano jurisdiccional. Aunado a lo anterior, la citada ley orgánica no prevé en sus diferentes artículos el recurso de revisión contencioso administrativa, los supuestos de procedencia, ni el término en que deberá interponerse, dado que ni siquiera hace referencia a él, por lo que es improcedente si se interpone con fundamento en el aludido artículo 140. Cabe hacer notar que aun cuando los particulares pueden acudir al amparo directo para impugnar las sentencias de la señalada Sala Superior, cuya procedencia se encuentra prevista en el artículo 158 de la ley de la materia, ello no acontece respecto de las autoridades responsables, en relación con las cuales esta última legislación no prevé medio de defensa alguno a través del cual puedan combatir, en forma similar o análoga al particular, las sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, pronunciadas por los tribunales administrativos, lato sensu. Aunado a lo anterior, si bien es cierto que la Ley de Amparo regula diversos recursos, también lo es que éstos no cuentan con independencia o autonomía, sino que constituyen vías para impugnar determinaciones dictadas en el propio juicio constitucional, por lo que sólo pueden interponerse por las partes que en él intervienen, ya sea con el carácter de quejosos, terceros perjudicados o autoridades responsables, y no por terceros ajenos a dicho procedimiento.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.