CASACIÓN. EL RESPETO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES OBLIGA A QUE EL TRIBUNAL ANALICE DE OFICIO TANTO EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO AL INCULPADO COMO LA SENTENCIA IMPUGNADA PARA CONSTATAR SI EXISTE VIOLACIÓN O NO DE AQUELLOS QUE TUVIERA QUE REPARAR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).

Los artículos 400, 408 y 421 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua no deben constituir una limitante de las garantías individuales de defensa, audiencia y debido proceso contenidas en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales permiten a los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos de manera efectiva, en condiciones de igualdad procesal, así como ofrecer pruebas en su defensa y obtener una resolución que dirima las cuestiones debatidas, lo que se traduce en el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en todo proceso jurisdiccional. En este sentido, dichos numerales deben interpretarse sistemáticamente tanto con el artículo 1 de ese mismo código como con la Constitución Federal y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, aun cuando la norma de que se trata sea oscura o admita dos o más entendimientos posibles. Es por ello que el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas, obliga a que el tribunal de casación analice, de oficio, exhaustivamente tanto el procedimiento seguido al inculpado como la sentencia impugnada a través de este recurso (incluyendo los aspectos relativos al delito, responsabilidad penal e individualización de la pena), a efecto de constatar si existe violación o no a sus derechos fundamentales que tuviera que reparar, pues el no realizar el citado estudio, significaría apartarse de los principios constitucionales que rigen el debido proceso, porque el fin último que persigue la referida garantía es evitar que se deje en estado de indefensión al posible afectado con el acto privativo o en situación que afecte gravemente sus defensas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.