AUTORIDAD RESPONSABLE. LO ES EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, AL EJECUTAR ADMINISTRATIVAMENTE UN CONVENIO DE REORDENAMIENTO URBANO.

Si el Instituto de Vivienda del Estado de Quintana Roo, en uso de sus facultades decisorias procede a ejecutar administrativamente un convenio de reordenamiento urbano respecto de un lote de terreno, es claro que está actuando como autoridad, dado que a través de una resolución administrativa pretende desconocerle derechos posesorios al ocupante del inmueble. De no entenderse así, prácticamente se permitiría que en la actual complejidad de la actuación administrativa gubernamental que desempeñan organismos descentralizados, las funciones de gobierno, en este caso, las de administrar las reservas territoriales y planificar los programas de vivienda, las realicen las autoridades administrativas de jure o de facto, sin control constitucional; lo que es inadmisible en un Estado de derecho. En consecuencia, este tribunal se aparta del criterio que sustentó en la tesis que bajo el rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO LO ES EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO AL RESOLVER UN RECURSO DE REVERSIÓN.", fue publicada en las páginas 434 y 435 del Tomo V, correspondiente a enero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, en virtud de que fue originada con base en la jurisprudencia sostenida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que con el número 300, aparece publicada en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, bajo el rubro: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO."; la cual quedó interrumpida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la tesis que aparece publicada a fojas 118 y 119, del Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Pleno y Salas, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.".

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.