DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES ESTÁ OBLIGADO A GARANTIZAR EL DERECHO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA LEY RELATIVA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD SUSTANCIADOS POR AQUÉL EN LOS QUE CUENTE CON INDICIOS SUFICIENTES DE QUE LA PARTE INVOLUCRADA ES UNA PERSONA ADULTA MAYOR.

Clave: PC.XXXIII.CRT. J/10 A (10a.) · Registro digital (IUS): 2014036 · Tipo: Jurisprudencia obligatoria
Época: 10a. Época · Instancia: Plenos de Circuito · Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Localización: [J]; 10a. Época; Plenos de Circuito; Gaceta S.J.F.; Libro 40, Marzo de 2017; Tomo III; Pág. 2057

La prerrogativa de todas las personas a recibir protección especial durante su ancianidad es un derecho fundamental reconocido en el sistema jurídico nacional, con motivo de la suscripción y ratificación por el Estado Mexicano del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador". Ahora bien, entre las medidas adoptadas para cumplir esa obligación se encuentra la expedición de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuyo artículo 2o., fracciones I y IV, dispone que su aplicación y seguimiento corresponden al Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Estado y demás dependencias que integran la administración pública, así como a las entidades federativas, a los Municipios, a los órganos desconcentrados y paraestatales y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Por su parte, el artículo 5o., fracción II, inciso c), del ordenamiento legal referido señala que en los procedimientos administrativos o judiciales en que sean parte personas adultas mayores (aquellas que cuentan con 60 años de edad o más), debe garantizarse su derecho a recibir asesoría jurídica gratuita y a contar con un representante legal si lo estiman necesario. En ese tenor, el hecho de que en el listado de sujetos obligados a la aplicación de la ley en cita no se mencionen a los órganos constitucionales autónomos, no implica que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no esté obligado a cumplirla, pues conforme al principio de progresividad (y sus correlativos de no regresividad y expansividad de los derechos humanos) tiene ese deber de tutela, máxime que, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades deben proteger y garantizar los derechos humanos. Por tanto, en los procedimientos administrativos de responsabilidad sustanciados por el Instituto aludido, en los que cuente con indicios suficientes de que la parte involucrada es una persona adulta mayor, dicho Instituto estará obligado a garantizar el derecho previsto en el artículo 5o., fracción II, inciso c), de la ley indicada.

PLENO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/jurisprudencia/2014036-b9ba59b5/derechos-de-las-personas-adultas-mayores-el-instituto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta tesis en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes

Contradicción de tesis 4/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. 30 de enero de 2017. Mayoría de votos de los Magistrados Adriana Leticia Campuzano Gallegos, Pedro Esteban Penagos López, Jean Claude Tron Petit, Óscar Germán Cendejas Gleason y Patricio González-Loyola Pérez. Disidente: Homero Fernando Reed Ornelas. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretarios: Mario Jiménez Jiménez y José Pablo Sáyago Vargas. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis I.1o.A.E.1 CS (10a.), I.1o.A.E.89 A (10a.), I.1o.A.E.96 A (10a.) y I.1o.A.E.126 A (10a.), de títulos y subtítulos: "DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA LEY RELATIVA, AL PROTEGER VALORES CONSTITUCIONALES Y DERECHOS FUNDAMENTALES, DEBE OBSERVARSE POR TODAS LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO.", "DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. NO EXISTE ANTINOMIA ENTRE LA LEY RELATIVA Y LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.", "PERSONAS ADULTAS MAYORES. ANTE LA DUDA DE LA PERTENENCIA DEL PARTICULAR DESTINATARIO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SANCIÓN A ESE GRUPO VULNERABLE, LA AUTORIDAD QUE EMITE EL ACUERDO DE SU INICIO DEBE ACTUAR DILIGENTEMENTE, PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA TUTELA." y "PERSONAS ADULTAS MAYORES. LAS AUTORIDADES INSTRUCTORAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN QUE SEAN PARTE, DEBEN INFORMARLES QUE TIENEN DERECHO A RECIBIR ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA Y A CONTAR CON UN REPRESENTANTE LEGAL CUANDO LO CONSIDEREN NECESARIO, CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA LEY DE LOS DERECHOS RELATIVA.", aprobadas por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 26, Tomo IV, enero de 2016, páginas 3248, 3249, 3382 y 3383, respectivamente, y El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el amparo en revisión 14/2016.

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