DERECHO DE PETICIÓN. EL RECLAMO DE SU VIOLACIÓN POR LA OMISIÓN DE INSCRIBIR EN EL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUA UN TÍTULO DE CONCESIÓN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES SOLICITADO POR EL QUEJOSO, NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE LLEVE A DESECHAR LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 48/2016 (10a.)].

Cuando en el juicio de amparo se reclama la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -derecho de petición- por la omisión de inscribir en el Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) un título de concesión de aprovechamiento de aguas nacionales solicitado por el quejoso, ese acto le causa un daño irreparable, pues produce una afectación a su derecho sustantivo de forma directa y no meramente procesal, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), este último interpretado en sentido contrario, de la ley de la materia, que lleve a desechar la demanda por notoriamente improcedente. Por lo anterior, es inaplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2011580, de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", pues no se está ante un procedimiento jurisdiccional, sino frente a una petición del quejoso que origina un trámite en el cual opera el principio de oficiosidad, previsto en el artículo 30, párrafo cuarto, de la Ley de Aguas Nacionales, que obliga a las autoridades a gestionar e inscribir de oficio las etapas conducentes y cada una debe acreditar haberlo realizado, pues la ley no exige más actividad al promovente.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.