PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. LA INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRO PERSONA DEL ARTÍCULO 19, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, COMPATIBLE CON EL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, NO SÓLO DESCARTA SU IMPOSICIÓN AUTOMÁTICA, SINO QUE FUNDAMENTA LA APLICACIÓN DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD ORDENADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO VS. MÉXICO.

Hechos: En la sentencia recurrida el juzgador de amparo negó la protección constitucional contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pues indicó que su imposición automática se corresponde con una restricción de derechos humanos de rango constitucional que prevalece sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la interpretación conforme y pro persona de la prisión preventiva oficiosa, que resulta compatible con el parámetro de regularidad constitucional, no sólo descarta su imposición automática, sino que fundamenta la aplicación del test de proporcionalidad mandatado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otro Vs. México.

Justificación: La interpretación conforme y pro persona del párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de los elementos histórico, teleológico, literal, sistemático y funcional, permite concluir que la prisión preventiva, en su modalidad oficiosa, no se traduce en una automaticidad en su imposición que cancele todo debate entre las partes, ni el ejercicio del arbitrio judicial, sino que se cristaliza en la obligación del juzgador de ordenar ese debate sobre su fin legítimo, necesidad, idoneidad y estricta proporcionalidad.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL NOVENO CIRCUITO.