INFRACCIONES EN MATERIA DE COMERCIO. EL ARTÍCULO 231 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.

Hechos: Una persona solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que impusiera a un medio de comunicación la sanción administrativa en materia de comercio prevista en la fracción II del artículo citado, al estimar que utilizó su imagen sin su autorización para la promoción de una serie de televisión.

La autoridad administrativa declaró actualizada la infracción. El medio de comunicación acudió al juicio de nulidad, en el que se reconoció la validez de la resolución combatida.

Posteriormente, el medio de comunicación promovió juicio de amparo directo en el que cuestionó la constitucionalidad del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, al considerar que vulnera el derecho a la seguridad jurídica, porque no establece un plazo de prescripción para el ejercicio de la potestad sancionadora.

El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo y la parte quejosa interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: El artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor que establece las conductas que constituyen infracciones en materia de comercio, no viola el principio de seguridad jurídica por no prever expresamente un plazo de prescripción para el ejercicio de la potestad sancionadora del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Dicha cuestión la regula el artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria, que prevé el plazo de 5 años para que prescriba la facultad de la autoridad de imponer infracciones administrativas.

Justificación: El principio de seguridad jurídica contenido en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no exige que cada disposición sancionadora prevea de manera expresa y autónoma todos los elementos procedimentales aplicables. Además, esta Suprema Corte ha establecido que dicho principio no impone como requisito indispensable que cada fase de un procedimiento administrativo cuente con un plazo específico, sino que basta con que el sistema normativo proporcione certeza suficiente sobre los límites temporales dentro de los cuales puede ejercerse la potestad punitiva del Estado.

Conforme al artículo 234 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las infracciones en materia de comercio deben sancionarse con arreglo al procedimiento y las formalidades previstas en los Títulos Sexto y Séptimo de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Sin embargo, dicho régimen no establece un plazo específico para el ejercicio de la facultad sancionadora del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Ante la ausencia de una regulación expresa sobre el plazo de prescripción en la legislación especial, debe acudirse a la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuyos artículos 1, 2 y 14 prevén su aplicación respecto de los actos de autoridad emitidos por organismos descentralizados de la administración pública federal.

De ahí que, la ausencia de un plazo expreso de prescripción en el artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor no viola el principio de seguridad jurídica, pues resulta aplicable de manera supletoria el artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, conforme al cual la facultad de la autoridad para imponer sanciones administrativas prescribe en 5 años, contados a partir del día en que se cometió la infracción, si ésta es instantánea, o desde que cesó, si es de carácter continuo.

PLENO.