ORDEN DE APREHENSION. EL EXAMEN DE SU LEGALIDAD DEBE HACERSE AUN CUANDO ANTES DE RESOLVERSE EL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTE EN CONTRA DEL QUEJOSO AUTO DE FORMAL PRISION.

Si bien es verdad que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad responsable pronuncia una nueva resolución que sustituye procesalmente a la anterior, también lo es, que esto acontece cuando con esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de las garantías que estime violadas, situación que no se presenta cuando habiéndose reclamado una orden de aprehensión, se decreta el auto de formal prisión en contra del amparista. Tampoco se podría actualizar la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, pues dicho precepto prevé que sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia originada por el cambio de situación jurídica; circunstancia por la que actualmente el examen de la legalidad de una orden de aprehensión, debe ventilarse aun cuando antes de resolverse el juicio constitucional se dicte en contra del quejoso auto de formal prisión.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.