Artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se regula el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación

Artículo 27. Para la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, se considerarán los siguientes criterios, los cuales deberán aplicarse mediante indicadores y mecanismos previamente definidos, medibles, verificables y comparables:

I.        Cantidad de asuntos atendidos: mide el volumen de asuntos atendidos por la persona servidora pública, en relación con los estándares establecidos y la carga de trabajo del órgano jurisdiccional o área de adscripción;

II.       Eficiencia procesal: evalúa el cumplimiento oportuno de los plazos procesales y la adecuada gestión de los asuntos;

III.      Calidad de la función jurisdiccional: consiste en valorar la solidez técnica, jurídica y argumentativa de las actuaciones, resoluciones o proyectos en los que participe la persona evaluada con base en evidencia verificable que permita identificar su aportación individual;

IV.      Trabajo colaborativo y clima organizacional: examina la contribución de la persona evaluada al adecuado funcionamiento del órgano jurisdiccional o área de adscripción, mediante la coordinación, comunicación y colaboración con el personal;

V.       Resolución de problemas: valora la capacidad de identificar, analizar y resolver problemáticas operativas o jurisdiccionales de manera oportuna y eficaz;

VI.      Ética y confianza institucional: evalúa la observancia de los principios éticos, de legalidad y de responsabilidad en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales;

VII.     Servicio a la ciudadanía: analiza la calidad en la atención brindada a las personas usuarias del sistema de justicia;

VIII.    Medidas disciplinarias, resoluciones sancionadoras en materia de responsabilidad, conflictos laborales, e informes de revisiones técnicas: considera la existencia de resoluciones firmes, emitidas dentro del periodo evaluado, que impongan una sanción o determinen la responsabilidad de la persona evaluada en materia disciplinaria, administrativa o laboral, e informes de revisiones técnicas con resultado desfavorable individualizado en la persona revisada respecto de los cuales haya podido formular observaciones, únicamente como elemento contextual y no sancionatorio, sin que su incorporación implique duplicidad de efectos jurídicos ni sustituya los procedimientos establecidos en la normativa aplicable.

         Evalúa el comportamiento de la persona servidora pública en el ejercicio de sus funciones, en relación con el respeto y observancia de los principios que rigen la carrera judicial, así como de las disposiciones de carácter disciplinario y su posible incidencia en la actualización de responsabilidades o conflictos laborales.

IX.      Evaluación práctica de competencias: valora la capacidad de aplicar conocimientos, habilidades y destrezas en situaciones concretas relacionadas con el ejercicio de la función jurisdiccional;

La aplicación de los criterios anteriores deberá realizarse conforme a parámetros objetivos y estandarizados, evitando valoraciones discrecionales o no sustentadas en evidencia verificable.