Artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial que establece el procedimiento de responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación con funciones administrativas y de personas particulares vinculadas con faltas administrativas grav

Artículo 36. La investigación podrá iniciar por:

I.            Denuncias o quejas presentadas por cualquier persona física o moral, personas servidoras públicas o autoridades; por hechos que pudieran ser constitutivos de responsabilidad administrativa, cometidos por personas servidoras públicas que desempeñen funciones administrativas o personas particulares vinculadas.

              En estos casos, compete a la Contraloría coordinar la recepción y trámite de las quejas o denuncias que se formulen;

II.            Auditorías, revisiones, e inspecciones practicadas por las autoridades competentes, así como por los procedimientos de seguimiento de evolución patrimonial;

III.           Instrucción del Pleno, por la Comisión de Disciplina o bien por vista del Tribunal de Disciplina, en el ámbito de sus respectivas competencias; y

IV.          De oficio por la Contraloría, a través de la instrucción que emita su titular bajo su más estricta responsabilidad, debiendo fundar y motivar su actuar.

              Para estos efectos, la Contraloría, a través de la Dirección General de Investigación, podrá realizar las investigaciones y diligencias que estime procedentes y, una vez concluidas, emitirá la determinación correspondiente o, en su caso, dará vista al Tribunal de Disciplina Judicial cuando se adviertan hechos que pudieran constituir faltas administrativas en el ámbito de su competencia.