Artículo 105 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas

artículo 105 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en

la que establece que las leyes electorales federal y locales deberán

promulgarse y publicarse por lo menos noventa días an tes de que inicie el

proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá

haber modificaciones legales fundamentales; por lo que este Poder

Legislativo tiene el mes de septiembre del presente año, para legislar en

materia Electoral, quedando de la manera siguiente:

FECHA ACTIVIDAD ORGANO

RESPONSABLE

10 de enero a

20 de junio de

2023

Generar las bases

para la convocatoria

de las consultas a los

Pueblos y

Comunidades

Indígenas y

Afromexicanas.

7

3 de julio a 7

de julio 2023

Desarrollo de las

Consulta a los Pueblos

y Comunidades

Indígenas y

Afromexicanas.

13 de

septiembre al

30 de

septiembre de

2023

Lectura de la Iniciativa

de Decreto

14 de

septiembre al

30 de

septiembre de

2023

Aprobación del

Dictamen

Sesión Extraordinaria

del Pleno del

Honorable Congreso

del Estado de Chiapas

XIV.- Con fecha 07 de septiembre de 2023, las Diputadas y los Diputados que

integran las comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de

Pueblos y Comunidades Indígenas aprobaron el acuerdo mediante el cual la Junta

de Coordinación Política de este Poder Legislativo sea la que presente las Iniciativas

de , y la

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, tomando en consideración

que conforme al artículo 14 numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado,

establece que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad del

Congreso por tanto, es el Órgano Colegiado en el que se impulsan entendimientos y

convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de

alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones

que constitucional y legalmente le corresponden.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y

C O N S I D E R A N D O

El artículo 45 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Chiapas, faculta al Honorable Congreso del Estado a legislar en las materias que

no están reservadas al Congreso de la Unión, así como en aquellas en que existan

facultades concurrentes, de acuerdo con el pacto federal.

Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del país tienen derecho a

ser consultados de forma previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe

mediante sus representantes o autoridades tradicionale s, cuando las autoridades

legislativas vayan a emitir una disposición general o implementar una acción o

medida susceptible de afectar sus derechos e intereses, en términos de lo

establecido en los artículos 2º de la Constitución General y 6 del Convenio 1 69

Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización

Internacional del Trabajo.

8

Para concluir lo anterior, el Tribunal Pleno partió de una interpretación progresiva

del artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Un idos Mexicanos1, en el

cual es establecido el derecho de los pueblos indígenas —derecho que ahora

también tienen los pueblos y comunidades afromexicanas— a la libre determinación

y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social,

económica, política y cultural.

Al respecto es imprescindible traer a colación la exposición de motivos de la reforma

a dicho artículo constitucional del catorce de agosto de dos mil uno, presentada por

el Presidente de la República, en la cual se expuso entre los antecedentes históricos

que dieron lugar a la iniciativa de reformas a tal precepto lo siguiente.

A este respecto, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países

Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (N° 169, 1988-

1989), reconoce que los pueblos indígenas, en muchas partes del mundo,

no gozan de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que

el resto de la población de los países en que viven. Igualmente, sostiene que

las leyes valores, costumbres y perspectivas de dichos pueblos se erosionan

constantemente.

1 El texto constitucional reformado el 14 de agosto de 2001 disponía lo siguiente:

“Artículo 2°. La Nación Mexicana es única e indivisible.

(…)

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco

constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los

pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades

federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales

establecidos en los párrafos an teriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de

asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades

indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y

cultural.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las

autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno i nterno,

garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones,

en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.

(…)

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades

de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones

y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los

indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comuni dades, las cuales deberán ser

diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas,

dichas autoridades, tienen la obligación de:

(…)

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los

estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

(…)”.

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Nuestro país no es la excepción. A dos siglos de la fundación del Estado

nacional, la situación jurídica de los pueblos indígenas es aun profundamente

insatisfactoria y su condición social, motivo de honda preocupación nacional.

Los pueblos originarios de estas tierras han sido histórica y frecuentemente

obligados a abandonar sus tierras y a remontarse a las más inhóspitas

regiones del país; han vivido muchas veces sometidos al domi nio caciquil,

así como a humillaciones racistas y discriminatorias, y les ha sido negada la

posibilidad de expresión y participación políticas.

En el transcurso de las últimas décadas, se han realizado esfuerzos para

superar la falta de reconocimiento de la situación legal de los indígenas. En

esos intentos, se reformó el artículo 4° de la Carta Magna y, con ello, se dio

relevancia constitucional a la composición pluricultural de la Nación

mexicana, que se sustenta originalmente en sus pueblos indígenas.

Sin embargo, la reforma no resultó jurídicamente suficiente para aliviar las

graves condiciones de los pueblos y comunidades indígenas del país.

Esa situación, que se ha mantenido desde hace mucho tiempo, propició,

entre otras cosas, el levantamiento de u n grupo armado, el EZLN, que

reivindicaba mejores condiciones para los indígenas chiapanecos en

particular, y para totalidad de los indígenas del país en lo general.

Después del cese de fuego en Chiapas y de una larga etapa de

negociaciones entre el gobierno federal y el EZLN, pudieron adoptarse una

serie de medidas legislativas y consensuales importantes, entre las cuales

destaca la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. A

partir de ella, las partes en conflicto convinieron en conjunto de documentos

que sirvieron de base para los Acuerdos de San Andrés Larraínzar.

Dichos Acuerdos de San Andrés en materia de derechos cultura indígenas,

surgieron de un esfuerzo por conciliar los problemas de raíz que dieron

origen al levantamiento y , además, recogieron las demandas que han

planteado los pueblos y comunidades indígenas del país.

Una vez suscritos los Acuerdos, el Poder Legislativo contribuyó con su parte

a la solución del conflicto. La Comisión de Concordia y Pacificación

(COCOPA), como coadyuvante en el proceso de paz, se dio a la tarea de

elaborar un texto que reflejara lo pactado en San Andrés Larraínzar, mismo

que fue aceptado por el EZLN.

La iniciativa de la COCOPA es una manifestación del propósito común de

lograr la paz y la reconciliación, así como el reconocimiento de la autonomía

de los pueblos indígenas.

Como Presidente de la República, estoy seguro que, hoy, la manera acertada

de reiniciar el proceso de paz en Chiapas, es retomarla y convertirla en una

propuesta de reforma constitucional.

El gobierno federal está obligado a dar cumplimiento cabal a los

compromisos asumidos, así como a convocar, desde luego, a un diálogo

plural, incluyente y constructivo en el que participen los pueblos y

comunidades indígenas, cuyo propósito central sea el establecimiento de las

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soluciones jurídicas que habrán de prevalecer ahora sí, con la jerarquía de

normas constitucionales.

He empeñado mi palabra para que los pueblos indígenas se inserten

plenamente en el Estado Mexicano, para garanti zar que sean sujetos de su

propio desarrollo y tengan plena participación en las decisiones del país.

Convencido de ello de la necesidad de lograr la paz en Chiapas, envío como

iniciativa de reforma constitucional la propuesta formulada por la COCOPA.

Al hacerlo, confirmo que el nuevo diálogo habla con la sinceridad del

cumplimiento a la palabra dada. Habrá que señalar que ese documento fue

producto del consenso de los representantes, en esa Comisión, de todos los

grupos parlamentarios que integraron la LVI legislatura.

El principal objetivo de las reformas propuestas es desarrollar el contenido

constitucional respecto de los pueblos indígenas. Ella se inscribe en el marco

nuevo derecho internacional en la materia -de la cual el Convenio 169 de la

OIT ya mencionado es ejemplo destacado.

De entre las propuestas conjuntas contenidas en los Acuerdos de San Andrés

Larraínzar destaca para los efectos que al caso interesan, la aprobada el dieciocho

de enero de mil novecientos noventa y seis en los siguientes términos:

Propuestas conjuntas que el gobierno federal y el EZLN se comprometen a

enviar a las instancias de debate y de cisión nacional, correspondientes al

punto 1.4. de las Reglas de Procedimiento.

Las partes se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión

nacional las siguientes propuestas conjuntas acordadas: En el marco de la

nueva relación del Estado con los pueblos indígenas se requiere reconocer,

asegurar y garantizar sus derechos, en un esquema federalista renovado.

Dicho objetivo implica la promoción de reformas y adiciones a la Constitución

federal y a las leyes que de ella emanan, así como a las co nstituciones

estatales y disposiciones jurídicas de carácter local para conciliar, por una

parte, el establecimiento de bases generales que aseguren la unidad y los

objetivos nacionales y, al mismo tiempo, permitir que las entidades

federativas cuenten con la posibilidad real de legislar y actuar en atención a

las particularidades que en materia indígena se presentan en cada una.

(…)

d) Autodesarrollo. Son las propias comunidades y pueblos indígenas quienes

deben determinar sus proyectos y programas de de sarrollo. Por eso, se

estima pertinente incorporar en las legislaciones local y federal los

mecanismos idóneos que propicien la participación de los pueblos indígenas

en la planeación del desarrollo en todos los niveles; en forma tal que ésta se

diseñe tom ando en consideración sus aspiraciones, necesidades y

prioridades.

(…)

IV. La adopción de los siguientes principios, que deben normar la nueva

relación entre los pueblos indígenas y el Estado y el resto de la sociedad.

(…)

11

4. Consulta y acuerdo. Las po líticas, leyes, programas y acciones públicas

que tengan relación con los pueblos indígenas serán consultadas con ellos.

El Estado deberá impulsar la integridad y concurrencia de todas las

instituciones y niveles de gobierno que inciden en la vida de los pueblos

indígenas, evitando las prácticas parciales que fraccionen las políticas

públicas. Para asegurar que su acción corresponda a las características

diferenciadas de los diversos pueblos indígenas, y evitar la imposición de

políticas y programas uniform adores, deberá garantizarse su participación

en todas las fases de la acción pública, incluyendo su concepción,

planeación y evaluación.

Asimismo, deberá llevarse a cabo la transferencia paulatina y ordenada de

facultades, funciones y recursos a los munic ipios y comunidades para que,

con la participación de estas últimas, se distribuyan los fondos públicos que

se les asignen. En cuanto a los recursos, y para el caso que existan, se

podrán transferir a las formas de organización y asociación previstas en el

punto 5.2 del documento de Pronunciamientos Conjuntos.

Puesto que las políticas en las áreas indígenas no sólo deben ser concebidas

por los propios pueblos, sino implementadas con ellos, las actuales

instituciones indigenistas y de desarrollo social que operan en ellas deben

ser transformadas en otras que conciban y operen conjunta y

concertadamente con el Estado los propios pueblos indígenas.

Asimismo, en los precedentes fue considerado necesario analizar el Convenio 169

de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en

Países Independientes, adoptado el veintisiete de junio de mil novecientos ochenta

y nueve, en Ginebra Suiza, y aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso

de la Unión, el once de julio de mil novecientos noventa2, el cual prevé lo siguiente:

Artículo 105.

1. El Tribunal Electoral funciona en forma permanente en Tribunal Pleno, integrado

por la totalidad de los Magistrados Electorales. Para que pueda sesionar

válidamente, se requiere la presencia de la mayoría de sus integrantes.

2. El Pleno adopta sus determinaciones por mayoría de votos de los Magistrados

Electorales presentes en la sesión que corresponda.

3. Es atribución del Tribunal Electoral sustanciar y resolver en forma definitiva e

inatacable, las controversias sometidas a su competencia, a través de los medios

de impugnación y juicios siguientes:

I. Los juicios relativos a las elecciones de Gobernador, Diputados al Congreso del

Estado e Integrantes de Ayuntamientos.

II. Los juicios por actos y resoluciones de las autoridades electorales en los

procedimientos de participación ciudadana que expresamente establezcan esta

Ley.

III. Los juicios para salvaguardar los derechos político -electorales de los

ciudadanos, en contra de las determinaciones de las autoridades electorales

locales, así como de las Asociaciones Políticas.

IV. Los conflictos laborales para dirimir y resolver los conflictos y diferencia laborales

entre el Instituto y sus servidores, así como entre el propio tribunal y sus servidores.

V. Los demás juicios por actos y resoluciones de las autoridades electorales del

Estado de Chiapas, incluyendo aquéllos por los que se determinen la imposición de

sanciones.

4. Son atribuciones del Pleno:

I. Elegir, de entre los Magistrados Electorales, a quien fungirá en la Presidencia, así

como a quien suplirá sus ausencias.

II. Calificar y resolver sobre las excusas e impedimentos que presenten los

Magistrados Electorales.

III. Determinar la fecha y hora de sus sesiones públicas y reuniones privadas.

IV. Emitir el acuerdo relativo a las reglas para la elaboración y publicación de las

tesis de jurisprudencia y relevantes.

V. Definir los criterios de jurisprudencia y relevantes conforme a lo establecido en

esta Ley y en su Reglamento Interior.

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VI. Ordenar, en casos extraordinarios, que el Magistrado instructor realice alguna

diligencia o perfeccione alguna prueba, aún después de haber cerrado la

instrucción.

VII. Decretar la realización de recuentos totales o parciales de votación, en términos

de lo establecido en esta Ley.

VIII. Aprobar el Programa Anual de Auditoría que presente el Contralor General.

IX. En caso de ausencia temporal o definitiva de dos o más Magistradas o

Magistrados por causa de fuerza mayor o caso fortuito, las ausencias serán

suplidas, la primera por la persona titular de la

el Se cretario de Estudio y Cuenta que proponga quien se desempeñe en la

Presidencia del Tribunal, en cuyo caso se dará vista de manera inmediata a la

Cámara de Senadores y al Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación.

X. Presentar al Congreso, propuestas de reforma en materia electoral.

XI. Garantizar que el Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales cuente

con un programa de trabajo que fomente la profesionalización de personas ligadas

a la materia electora l a través de acciones académicas con valor curricular y

profesional.

XII. Instaurar un sistema de firma electrónica, a efecto de garantizar la presentación

remota de medios de impugnación.

5. En lo que se refiere a la administración del Tribunal, el Pleno tendrá las siguientes

atribuciones:

I. Aprobar y, en su caso, modificar el Reglamento Interior, los procedimientos,

manuales, lineamientos y demás normatividad necesaria para el buen

funcionamiento del Tribunal Electoral. Las propuestas que en esta materia

presenten las y los Magistrados Electorales, lo harán por conducto del Magistrado

Presidente.

II. Aprobar el Programa Operativo Anual y proyecto de Presupuesto Anual de

Egresos del Tribunal Electoral del Estado y remitirlos a través d e la Magistrada o

Magistrado Presidente, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su inclusión

en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas del año

correspondiente.

III. Designar o remover, a propuesta de la Magistrada o Magistrado Presidente, a

los titulares de la

Administrativa.

IV. Aprobar la estructura de los órganos y áreas del Tribunal Electoral, conforme a

las necesidades del servicio y los recursos presupuestales autorizados.

173

V. Tramitar las renuncias y otorgar las licencias de las y los Magistrados Electorales.

VI. Imponer los descuentos correspondientes a las y los Magistrados Electorales,

en caso de ausencias injustificadas a sus labores.

VII. Autorizar a la Pres identa o Presidente la suscripción de convenios de

colaboración con otros Tribunales, organismos y autoridades, sean nacionales o

internacionales.

VIII. Otorgar, cuando proceda, las licencias de titulares de la

de la Secretaría Administrativa.

IX. Acordar, cuando proceda, el inicio del procedimiento por responsabilidad

administrativa de los titulares de la

X. Conocer los informes trimestrales que rindan los órganos del Tribunal Electoral.

XI. Fijar los lineamientos para la selección, capacitación, designación y retiro del

personal del Tribunal Electoral.

XII. Aprobar la realización de tareas de capacitación, investigación y difusión en

materia electoral o disciplinas afines.

XIII. Aprobar los proyectos de procedimientos, manuales e instructivos que sean

necesarios para el desempeño de las funciones de la Contraloría General, así como

de la estructura administrativa de su área.

XIV. Las demás que prevea esta Ley y demás normatividad aplicable.

6. El Pleno llevará a cabo sesiones públicas para la resolución de los asuntos, salvo

cuando determine que la sesión sea privada, en términos de lo establecido en esta

Ley y el Reglamento Interior del Tribunal Electoral.

7. Serán públicas las sesiones en que se conozcan los asuntos siguientes:

I. Elección de la o el Magistrado Presidente.

II. Resolución de los medios de impugnación interpuestos en términos de esta Ley.

III. Resolución de los conflictos o diferencias entre el Ins tituto de Elecciones y sus

servidores o entre el propio Tribunal Electoral y sus servidores salvo cuando, a juicio

del Pleno, el tema amerite que la sesión sea privada o se cumpla con una sentencia

de amparo.

IV. Presentación del informe que el Magistrado Presidente rinda anualmente al

Pleno sobre el estado general que guarda el Tribunal de Elecciones.

V. En los demás casos en que, por la naturaleza del asunto, el Pleno así lo considere

pertinente.

174

8. El Pleno celebrará reuniones privadas para la atenció n de los asuntos de su

competencia, las cuales deberán verificarse por lo menos una vez al mes, cuando

no tenga lugar un proceso electoral o procedimiento de participación ciudadana.

9. Las reuniones privadas se sujetarán a la regulación que se establezca en el

Reglamento Interior del Tribunal Electoral.

10. El Presidente del Tribunal podrá convocar a sesiones públicas o reuniones

privadas en el momento y con la anticipación que considere pertinente para tratar

asuntos urgentes, relevantes o que, por cual quier circunstancia, a su juicio, sea

necesario tratar o resolver.

11. Para la elección de la Magistrada o Magistrado Presidente, se seguirá el

procedimiento que establezca esta Ley y el Reglamento Interior del Tribunal

Electoral.

12. La o el Magistrado Presidente, además de las atribuciones que le corresponden

como Magistrado Electoral, tiene las siguientes:

I. Representar legalmente al Tribunal Electoral, suscribir convenios informando de

ello al Pleno, otorgar todo tipo de poderes y realizar los acto s jurídicos y

administrativos que se requieran para el buen funcionamiento de la institución.

II. Convocar a los Magistrados Electorales a sesiones públicas y reuniones privadas.

III. Presidir las sesiones y reuniones del Pleno, así como dirigir los debates y

conservar el orden durante las mismas. En las sesiones públicas, cuando los

asistentes no guarden la compostura debida, podrá ordenar el desalojo de los

presentes y, de ser necesario, la continuación de la sesión en privado.

IV. Proponer al Pleno el nombramiento y remoción de los titulares de la género.

V. Coordinar los trabajos de los órganos y áre as del Tribunal Electoral, aplicando

los programas, políticas y procedimientos institucionales, informando de ello al

Pleno, cada seis meses.

VI. Vigilar, con el apoyo del Secretario General, que se cumplan, según

corresponda, las determinaciones del Pleno y de los Magistrados Electorales.

VII. Proponer al Pleno el Programa Operativo Anual y el anteproyecto de

Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral.

VIII. Turnar a los Magistrados Electorales, de conformidad con lo dispuesto en el

Reglamento Interi or del Tribunal Electoral, los juicios para que los sustancien y

formulen los proyectos de resolución.

175

IX. Informar al Pleno sobre el cumplimiento de las sentencias del Tribunal, a fin de

que se determine lo procedente.

X. Rendir anualmente ante el Pleno , un informe de actividades donde se exponga

el estado general del Tribunal.

XI. Suscribir convenios de colaboración con otros Tribunales, organismos y

autoridades, sean nacionales o internacionales, informando de ello al Pleno.

XII. Proveer lo necesario a fin de cubrir las ausencias temporales de los titulares de

la

XIII. Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos y

áreas del Tribunal.

XIV. Ordenar la publicación de las tesis relevantes y de jurisprudencia que apruebe

el Pleno, dentro de los seis meses posteriores a la conclusión de los procesos

electorales o procedimiento de participación ciudadana.

XV. Acordar con los titulares de las áreas del Tribunal Electoral, lo s asuntos de su

competencia.

XVI. Llevar la correspondencia del Tribunal.

XVII. Dictar y ejecutar las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito

de los asuntos propios del Tribunal.

XVIII. Comunicar a la Cámara de Senadores la ausencia definitiva de algún

Magistrado Electoral.

XIX. Comunicar al Pleno la ausencia definitiva del Contralor General.

XX. Habilitar como actuarios a los secretarios auxiliares y demás personal jurídico

que cumpla con los requisitos, en los casos que e xista necesidad del despacho

pronto y expedito de los asuntos.

XXI. Promover a través del Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales, la

realización de acciones académicas, a fin de elevar el nivel profesional de los

servidores públicos electorales de las ramas administrativa y jurisdiccional, así como

de las personas interesadas en la materia electoral.

XXII. Las demás que establezca esta Ley, el Reglamento Interior del Tribunal, así

como las demás disposiciones que resulten necesarias para el adecuado

funcionamiento del Tribunal.

13. Son atribuciones de las y los Magistrados, las siguientes:

I. Concurrir, participar y votar, cuando corresponda, en las sesiones públicas y

reuniones privadas a las que sean convocados por el Presidente del Tribunal.

176

II. Integrar el Pleno para resolver colegiadamente los asuntos de su competencia.

III. Llevar a cabo todos los actos y diligencias que sean necesarias para la

substanciación de los medios de impugnación, juicios especiales laborales y de

inconformidad administrativa que les sean turnados, hasta la resolución definitiva y,

en su caso, las tendentes al cumplimiento de las mismas.

IV. Formular los proyectos de resolución de los juicios que les sean turnados para

tal efecto.

V. Exponer en sesión públi ca, personalmente o por conducto de un Secretario de

Estudio y Cuenta, sus proyectos de resolución, señalando las consideraciones

jurídicas y los preceptos en que se funden.

VI. Discutir y votar los proyectos de resolución que sean sometidos a su

consideración en las sesiones públicas.

VII. Formular voto particular razonado en sus distintas modalidades, en caso de

disentir de un proyecto de resolución aprobado por la mayoría y solicitar que se

agregue a la sentencia.

VIII. Realizar los engroses de los fallos aprobados por el Pleno, cuando sean

designados para tales efectos.

IX. Proponer el texto y rubro de los criterios jurisprudenciales y relevantes definidos

por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley.

X. Realizar tareas de docencia e investigación en el Tribunal Electoral.

XI. Proveer sobre las pruebas que se ofrezcan por las partes en los juicios que le

sean turnados e, inclusive, presidir las audiencias que sean necesarias para su

desahogo.

XII. Requerir cualquier informe o documento que pueda ser tomado en cuenta para

la substanciación o resolución de los juicios, siempre que obren en poder del

Instituto de Elecciones, de las autoridades federales, estatales o municipales, y ello

no sea obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos por esta Ley.

XIII. Ordenar que se notifiquen los autos que dicten durante la substanciación de un

juicio, en forma y términos previstos por esta Ley.

XIV. Solicitar a las áreas del Tribunal, el apoyo necesario para el correcto ejercicio

de sus funciones jurisdiccionales.

XV. Nombrar y remover al personal jurídico y administrativo de su ponencia,

procurando la equidad de género.

177

XVI. Las demás que prevea esta Ley, el Reglamento Interior del Tribunal Electoral

y demás ordenamientos legales en la materia.

Capítulo II

De las Secretarías General y Administrativa, así como de la Contraloría

General