Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo
Artículo 15 de la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo
Vigencia verificada: 19 de octubre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial
Artículo 15. - Son facultades y obligaciones del Coordinador General de Zona del
Instituto, las siguientes:
I.- Brindar orientación y asesoría jurídica al público;
II.- Verificar que se brinde una defensa adecuada a los usuarios;
III.- Dirigir y evaluar los servicios que brinde el personal adscrito a su zona, en sus
diversas áreas de competencia, emitiendo las recomendaciones necesarias para
consolidar las bases internas de integración y funcionamiento, acordes al Reglamento
Interno y Manual de Operación.
IV.- Proponer ante la Dirección, la asignación de adscripción que corresponda a cada
uno de los Defensores Públicos y Asistentes Jurídicos de las áreas competenciales y
demás personal de apoyo, así como realizar los cambios por rotación y suplencias, con
anuencia y visto bueno del Director;
V.- Ejecutar las disposiciones y acuerdos emitidos por la Dirección, respecto de los
lineamientos que deban ser observados por el personal adscrito;
VI.- Supervisar el desempeño de los Defensores Públicos y Asistentes Jurídicos en el
ejercicio de su función, cualquiera que sea el área de su asignación, disponiendo lo
conducente a fin de que el servicio sea brindado en forma oportuna, diligente y eficaz;
vigilando en especial:
a).- Que los defensores públicos vigilen que en el procedimiento penal se respeten los
derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados
internacionales y las leyes secundarias establecen a favor de los imputados.
b).- Que los defensores públicos recurran a la negociación, mediación y conciliación
como mecanismos alternativos de solución de controversias;
c).- Que a los imputados se les asesore para que los acuerdos restaurativos que
suscriban sean equitativos;
VII.- Supervisar, vigilar y evaluar el desempeño de los Coord inadores de las diversas
áreas, dando cuenta al Director de las actividades que aquellos desarrollen y, en su
caso, de las faltas en que incurran;
VIII.- Concentrar la información total de los asuntos iniciados en los distritos que
abarque su coordinación, con datos de identificación precisos a través de los cuáles se
dé seguimiento a los asuntos en las distintas materias que abarque el servicio, a fin de
mantener actualizada dicha información en relación con la situación jurídica de cada
caso;
IX.- Efectuar visitas periódicas a las áreas de adscripción establecidas en el Programa
Operativo Anual Institucional, para evaluar las acciones realizadas por los Defensores
Públicos y Asistentes Jurídicos, levantando actas de visita, informando a la Dirección
las observaciones y resultados de las mismas;
X.- Establecer enlace con el Director, acordando con éste los asuntos que
correspondan, cuando su importancia lo requiera;
XI.- Recibir y diligenciar las acusaciones y quejas interpuestas en contra de los
Defensores Públicos, Asistentes Jurídicos y demás personal adscrito, con motivo de
sus funciones, realizando las gestiones pertinentes para substanciarlas, informando a la
Dirección, quien procederá en términos del artículo 11 fracción IX de la Ley;
XII.- Orientar a los Defensores Públicos y Asistentes Jurídicos adscritos a las áreas de
competencia, en los asuntos que por razón de urgencia o importancia lo requieran, a fin
de dirigir las recomendaciones propias que el caso amerite;
XIII.- Vigilar el corre cto uso de los recursos materiales y de oficina proporcionados a
todo el personal adscrito a las distintas áreas de servicio, para el desempeño de sus
actividades;
XIV.- Convocar a reuniones periódicas para la revisión de aspectos de índole formal y
técnico, de los lineamientos emitidos por el Instituto;
XV.- Rendir ante la Dirección, un informe concentrado de actividades integrales de todo
el personal adscrito en la zona de su competencia, dentro de los primeros cinco días de
cada trimestre, que plasme la realidad actual del Instituto en el Estado;
XVI.- Informar oportunamente a la Dirección, cualquier eventualidad relacionada con el
desempeño de los Defensores Públicos y Asistentes Jurídicos, que se obtenga por
información directa, a fin de establecer criterios de efectividad del servicio;
XVII.- Ejercer la defensa en los asuntos encomendados por el Director; y
XVIII. - Las demás que con motivo del cargo, le sean encomendadas.
Fuente oficial: consultar publicación
Jurisprudencia y tesis sobre este artículo
- INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA. EL ACUERDO DE SU DIRECTOR GENERAL QUE DETERMINA EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UN ASESOR JURÍDICO, ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (I.4o.A.680 A)
- COMPETENCIA EN AMPARO, TRATANDOSE DE ORDEN DE APREHENSION. PARA FIJARLA NO CABE ATENDER A LA UNIDAD DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. (XII.2o.10 P)
- DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA. ESTÁ FACULTADO PARA CONOCER DE LAS QUEJAS INTERPUESTAS CONTRA LOS OFICIALES JUDICIALES (ACTUALMENTE OFICIALES ADMINIST (III.4o.A.36 A)
- RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES JUDICIALES, LAS NORMAS QUE COMPONEN EL RÉGIMEN DE, NO RECONOCEN NI TUTELAN INTERESES PARTICULARES Y SUS TITULARES CARECEN DE INTERÉ (449)
- RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES JUDICIALES, LAS NORMAS QUE COMPONEN EL RÉGIMEN DE, NO RECONOCEN NI TUTELAN INTERESES PARTICULARES. Y SUS TITULARES CARECEN DE INTER (861)
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