PRUEBA PERICIAL, OFRECIMIENTO OPORTUNO DE LA, MIENTRAS SE DIFIERA DE OFICIO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.
AMPARO EN REVISION 4/93. ENRIQUE GARCIA ROMERO.
CONSIDERANDO
TERCERO.- Son fundados pero inoperantes los anteriores agravios en los que el inconforme plantea una violación procesal consistente en que en forma ilegal se le desechó la prueba testimonial que según afirma había anunciado oportunamente.
En efecto, de las constancias existentes en el expediente relativo a la primera instancia del presente juicio de garantías, se desprende que la demanda de amparo fue admitida por auto de fecha veintiséis de octubre del año próximo pasado, en el que también se señaló el día nueve de noviembre del mismo año para la celebración de la audiencia constitucional.
Asimismo, cabe apuntar que el auto admisorio fue notificado por lista el veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y dos, por lo que el término para anunciar la prueba testimonial comenzó a correr el día veintinueve de los citados mes y año.
Ahora bien, de esta última fecha al día que se señaló para la audiencia constitucional, transcurrieron seis días hábiles que fueron jueves veintinueve y viernes treinta de octubre, martes tres, miércoles cuatro, jueves cinco y viernes seis de noviembre; por tanto, es evidente que el quejoso sí estuvo en posibilidad de ofrecer oportunamente para la primera audiencia constitucional la prueba testimonial.
No obstante lo anterior, cabe apuntar que este Tribunal Colegiado al resolver entre otros asuntos las quejas número 28/89, 15/91 y 50/91, sostuvo el siguiente criterio que resulta aplicable por analogía, pues de acuerdo al artículo 151 de la Ley de Amparo las pruebas testimonial, pericial y de inspección deben anunciarse con la misma anticipación: "PRUEBA PERICIAL, OFRECIMIENTO OPORTUNO DE LA, MIENTRAS SE DIFIERA DE OFICIO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- No es adecuada la determinación del Juez federal de no admitir la prueba pericial, por no haber sido ofrecida oportunamente para la primera audiencia, pues mientras la misma se difiera de oficio, las partes mantienen su derecho de ofrecer probanzas, ya que el juicio de amparo por su naturaleza es de buena fe en su tramitación, por ende el artículo 151 de la Ley de Amparo no admite una interpretación rigorista que implique desechar la prueba pericial por la sola circunstancia de que no fue ofrecida para la primera audiencia, ya que para las partes no hay pérdida absoluta ni relativa del aludido derecho procesal, cuando la misma sea diferida inicialmente de oficio y las pruebas se ofrezcan en el término a que se refiere el citado artículo 151".
Sobre este punto debe decirse que en el caso, por auto de nueve de noviembre de mil novecientos noventa y dos, el Juez Federal difirió de oficio la audiencia constitucional para dar a conocer el informe justificado del Juez responsable, y señaló como nueva fecha para la celebración de dicha audiencia las diez horas con treinta minutos, del día dieciocho de los mismos mes y año; asimismo, en dicho auto acordó reservar el escrito presentado por el quejoso el día cuatro de noviembre, mediante el cual anunció la prueba testimonial. Al celebrarse la audiencia constitucional el día dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos, el citado juzgador desechó la prueba testimonial ofrecida por el quejoso, al considerar que no fue anunciada oportunamente para la primera audiencia.
Tal determinación del Juez a quo de desechar la prueba testimonial es contraria al criterio de este tribunal colegiado; ya que si de la tesis transcrita se desprende que el Juez Federal debe admitir la prueba testimonial que anuncie el quejoso con posterioridad a la primera audiencia, cuando ésta es diferida de oficio; con mayor razón debe admitirse tal prueba si fue ofrecida sin la anticipación de cinco días para la primera audiencia, si ésta es diferida de oficio.
No obstante lo anterior, a nada práctico conduciría revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se admita y desahogue la prueba testimonial ofrecida por el quejoso, ya que dicha prueba sería insuficiente para demostrar la inconstitucionalidad del emplazamiento combatido, según se pasa a demostrar.
Efectivamente, el quejoso afirma que en la fecha en que le fue practicado tal emplazamiento, se encontraba en la ciudad de Acapulco, Guerrero.
Ahora bien, para poder determinar si el emplazamiento se realizó el día veintisiete de julio de mil novecientos noventa y dos, y se entendió personalmente con el quejoso como lo afirma en su demanda de amparo, era necesario que dicho quejoso exhibiera al menos, copia certificada del acta respectiva que afirma levantó en la citada fecha el diligenciario responsable. Lo anterior se afirma porque no siendo dicho emplazamiento un acto violatorio de garantías en sí mismo, era al quejoso a quien correspondía la carga de la prueba para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, sobre todo porque las copias de las constancias existentes en el juicio de origen que remitió como justificante de sus actos el Juez responsable, entre las cuales se encuentra la referida acta de emplazamiento, carecen de valor al no estar autorizadas por el Secretario del Juzgado Segundo de lo Familiar.
Por tanto, como el quejoso no ofreció como prueba copia certificada de la diligencia de emplazamiento, es evidente que la prueba testimonial no sería apta para demostrar la inconstitucionalidad de tal emplazamiento, pues en todo caso, lo que con tal prueba testimonial se acreditaría, es que el día veintisiete de julio de mil novecientos noventa y dos, el quejoso se encontraba en la ciudad de Acapulco, Guerrero; pero de ninguna manera demostraría que en esta misma fecha se practicó el emplazamiento en el juicio de origen, y que en el acta respectiva aparece que la diligencia se entendió personalmente con el quejoso; ya que estos hechos sólo es posible acreditarlos precisamente con el acta de emplazamiento respectiva.
En tales condiciones, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida que negó al quejoso el amparo y protección que solicitó.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV, 85 fracción II, 86, 88, 89, 90, 91 de la Ley de Amparo, 43 y 44 fracción, III capítulo IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.- Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ENRIQUE GARCIA ROMERO, contra los actos que reclamó del Juez Segundo de lo Familiar y Diligenciario adscrito al mismo, ambos con residencia en esta ciudad de Puebla, actos que han quedado debidamente precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el presente toca como asunto concluido.
Así por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Olivia Heiras de Mancisidor, Jaime Manuel Marroquín Zaleta y María Soledad Hernández de Mosqueda, siendo relator el segundo de los nombrados y firman con la secretaria de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1010-1f3cfd9d/prueba-pericial-ofrecimiento-oportuno-de-la-mientras-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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