MULTA IMPUESTA A LA QUEJOSA Y A SU AUTORIZADO. DEBE QUEDAR INTOCADA LA DE ESTE ULTIMO SI NO LE HA SIDO NOTIFICADA.
AMPARO EN REVISION 579/92. GUILLERMO SERRANO VAZQUEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.- En la sentencia constitucional se impuso a Jesús Alejandro López Márquez y Adolfo Estrada Mora, como abogados del quejoso, aquí recurrente, una multa a cada uno de ellos, equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en virtud de que se estimó que el quejoso y dichos letrados están haciendo un ejercicio abusivo de la acción de amparo, a fin de entorpecer la legal actuación del Juez responsable.
Dicha multa debe quedar intocada ya que de los autos se advierte que los profesionistas prealudidos no han sido notificados de la misma en la forma establecida por la ley, y por ello este Tribunal no puede decidir sobre su procedencia sin antes dar a los afectados la oportunidad de impugnarla. Por ello los argumentos expuestos por el recurrente en favor de esos profesionistas son inatendibles por no provenir de parte interesada legítimamente. En este sentido se ha pronunciado este Tribunal Colegiado al fallar, entre otros, el amparo en revisión 133/88, con fecha veintiuno de junio de mil novecientos ochenta y ocho, cuya tesis es del tenor literal siguiente: "MULTA IMPUESTA A LA QUEJOSA Y A SU AUTORIZADO. DEBE QUEDAR INTOCADA LA DE ESTE ULTIMO SI NO LE HA SIDO NOTIFICADA.- Cuando se revise la sentencia del juez de Distrito en donde se impusieron sendas multas a la quejosa y a su autorizado, debe dejarse intocado la impuesta a éste cuando no ha sido notificado de la misma en la forma prescrita por la ley, ya que no se puede decidir sobre su procedencia sin haber dado al afectado la oportunidad de impugnarla".
CUARTO.- Los agravios son infundados e inatendibles.
En principio es infundado el argumento en el que el inconforme expresa que en la sentencia que se revisa, el Juez Federal violó los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; esto es así, porque esa autoridad actuando como órgano de control constitucional, encargado de velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales, no puede violarlas, sino únicamente ocasionar infracción de preceptos de leyes secundarias, que son ordenamientos reguladores del procedimiento que ante él se instaure. Esta consideración encuentra apoyo legal en la jurisprudencia de este Tribunal Colegiado, que con el número 16, aparece publicada en la página 804, de la Tercera Parte del Informe de Labores rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su Presidente, al culminar el año de mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. NO PUEDEN SER VIOLATORIAS DE GARANTIAS.- Las sentencias que pronuncian los jueces de Distrito al conocer de los juicios de amparo , no pueden ser consideradas violatorias de las garantías que en favor de todo individuo consagra la parte dogmática de la Constitución General de la República, sino únicamente transgresoras de leyes secundarias atento a que sólo se limitan a determinar si el acto reclamado conculca o no dichas garantías, o bien, a sobreseer en el juicio cuando se actualiza una causal para ello."
En otro orden de ideas, contrariamente a lo que aduce el recurrente, la sentencia del Juez de Distrito sí se encuentra fundada y motivada.
En efecto, en el considerando segundo de la sentencia que se revisa, aparece que el Juez de Distrito estimó que previamente al examen del fondo del asunto, procede analizar la procedencia del juicio de garantías y al efecto citó el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo; inmediatamente después se avocó al estudio de las constancias de autos, otorgando valor probatorio a las que remitió el juez responsable, como justificante de su informe, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles; a consecuencia de ese estudio, estimó que el juicio de amparo es improcedente pues advirtió que el quejoso promovió el diverso juicio de garantías 966/92, ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, contra las mismas autoridades que en el actual señala como responsables y por los mismos actos, y sin que conste si dicho juicio ya fue fallado por sentencia ejecutoria, y ante ello sobreseyó en el juicio, invocando como apoyo legal a dicha consideración, los artículos 73, fracción III, y 74 fracción III, de la Ley de Amparo; del considerando tercero se advierte, que el resolutor federal después de volver a enfatizar que el quejoso promovió un segundo juicio de garantías contra las mismas autoridades responsables y por los mismos actos, consideró que el amparista y sus abogados están haciendo un ejercicio abusivo de la acción de amparo, con el único fin de entorpecer la orden dada por el juez responsable para que el amparista entregue al depositario los bienes embargados en el juicio de origen, circunstancia por la que impuso, a cada uno de ellos, una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, citando para fundar esa consideración el artículo 81 relacionado con el 3o. bis, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales.
Abundando en lo anterior, es menester precisar que en la sentencia recurrida existe la adecuación entre la motivación con los preceptos legales invocados. De ahí, que se haya satisfecho el requisito de fundamentación y motivación que debe contener todo acto autoritario y por consiguiente el argumento expuesto, alegando lo contrario, deviene infundado.
Por otra parte, el argumento en que el inconforme aduce que la multa que le fue impuesta es indebida y cita diversas tesis, debe decirse que resulta inatendible y para estimarlo así se considera necesario hacer remisión a la jurisprudencia número 31, consultable a fojas 55 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917-1985, que es del tenor literal siguiente: "AGRAVIOS EN LA REVISION.- Se entiende por agravio la lesión de un derecho cometida en una resolución judicial por haberse aplicado indebidamente la ley, o por haberse dejado de aplicar la que rige el caso; por consiguiente, al expresarse cada agravio, debe el recurrente precisar cuál es la parte de la sentencia que lo causa, citar el precepto legal violado y explicar el concepto por el cual fue infringido, no siendo apto para ser tomado en consideración, en consecuencia, el agravio que carezca de éstos requisitos."
Como puede observarse, en esa jurisprudencia se establece el significado de lo que es un agravio, y los requisitos que debe contar al ser expresado, como es, la parte de la sentencia que lo causa, la citación del precepto legal violado y la explicación del concepto por el cual se estima infringido.
Ahora bien, en el argumento que se analiza no se reúnen los requisitos apuntados para considerarlo como un agravio, y en la especie no se da ninguna de las hipótesis que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para suplir la deficiencia de la queja, en su expresión, por lo que debe declararse inatendible y por consiguiente, las consideraciones y fundamentos que rigen el fallo recurrido, deben continuar subsistentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de este Tribunal que aparece publicada en la página 61, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 50, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y dos, que dice: "AGRAVIOS INATENDIBLES. SON AQUELLOS QUE NO IMPUGNAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO RECURRIDO.- Cuando no estén dadas las condiciones que la ley establece para suplir la queja deficiente, deben desestimarse por inatendibles los agravios expresados en el recurso de revisión, si no contienen razonamiento jurídico alguno, tendiente a desvirtuar los fundamentos y consideraciones en que se sustenta el fallo recurrido."
Conviene precisar, a mayor abundamiento que, en tanto el juez de Distrito señaló que el acto reclamado ya había sido objeto de impugnación a través de diverso juicio de garantías; y como nuevamente se cuestiona la ilegalidad de ese acto, al quejoso realiza un ejercicio abusivo de la acción constitucional porque entorpece la legal actuación de la autoridad responsable al no lograr que el amparista entregue los bienes embargados al depositario designado, y por esas circunstancias determinó imponer al solicitante del amparo una multa por el equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Tales consideraciones no pueden estimarse controvertidas a través de la sola cita de criterios jurisprudenciales de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, porque la sanción impuesta por el Juez Federal no fue en forma analógica; el arbitrio judicial para su determinación se encuentra debidamente razonado, además se atendió a las peculiaridades de la especie y se indicó la manera como influyeron en su ánimo para determinar su cuantificación; de ahí que esa parte del fallo recurrido se encuentre debidamente fundado y motivado, y no haya sido controvertido a través del agravio examinado.
En las condiciones anteriores, al resultar infundados e inatendibles los agravios analizados, procede confirmar la sentencia en la parte que fue sujeta a revisión.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV, 85 fracción II, 86, 90 y 91 de la Ley de Amparo y 14 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.- Se confirma la sentencia en tanto fue sujeta a revisión.
SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de garantías promovido por GUILLERMO SERRANO VAZQUEZ, contra los actos y por las autoridades que han quedado precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
TERCERO.- Se impone a GUILLERMO SERRANO VAZQUEZ una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de presentar la demanda que dio origen al juicio de amparo número 1441/92, de los del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, la que deberá hacer efectiva el juez de Distrito a través de la Administración Fiscal correspondiente.
CUARTO.- Queda intocado el segundo punto resolutivo de la sentencia sujeta a revisión, en la parte en que se impone a los abogados Jesús Alejandro López Márquez y Adolfo Estrada Mora, autorizados por el quejoso, una multa a cada uno por el equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a la fecha en que se presentó la demanda de garantías.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el toca.
Así por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Enrique Dueñas Sarabia, Eric Roberto Santos Partido y Norma Fiallega Sánchez, siendo ponente el segundo de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1029-f0490161/multa-impuesta-a-la-quejosa-y-a-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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