ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL REFORMADO.
AMPARO EN REVISION 298/93. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO AL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO.
CONSIDERANDO:
IV. Son inatendibles los agravios que en la especie se hacen valer, cuenta habida de que: a). El criterio jurisprudencial al que alude el disconforme inherente a que para dictar una orden de aprehensión no es preciso que esté comprobado el cuerpo del delito, que incluso este tribunal compartió dado que la legislación veracruzana no exige ese requisito para dictar dicho mandamiento, dejó de tener vigencia a virtud de la reforma del artículo 16 constitucional por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de septiembre del año en curso, que entró en vigor al día siguiente, que en lo conducente establece: "... No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito sancionado cuando menos con pena privativa de la libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado", lo que implica que en casos como el presente ya se exige la comprobación del cuerpo del delito como requisito necesario para dictar una orden de aprehensión, pues esto es lo que implica el que "existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal", de manera que los argumentos que en contrario aduce el disconforme devienen inconducentes por no ajustarse al precepto constitucional en cita que ahora rige para el dictado de una orden de aprehensión, criterio sustentado por este tribunal al resolver los amparos en revisión números 206/93, 339/93, 245/93 y 246/93, interpuestos por el Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Jorge Monge Cuevas, Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en la entidad y Juez Segundo de Distrito en el Estado, respectivamente, en la inteligencia de que tal criterio se sostuvo tomando en cuenta que las leyes constitucionales pueden ser aplicadas retroactivamente en términos de la diversa tesis de jurisprudencia del más Alto Tribunal del país, número 1654 y rubro "RETROACTIVIDAD DE LA LEY, PRECEPTOS CONSTITUCIONALES NO SON IMPUGNABLES POR" consultable en la página dos mil seiscientos ochenta y dos de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos ochenta y nueve, y b). Los restantes agravios tampoco resultan operantes para revocar, como se pretende, la sentencia en análisis, toda vez que el disconforme no controvierte en su integridad las consideraciones fundamentales que sustentan el sentido de la sentencia impugnada, consistentes en que "no se acreditó en autos la existencia de los elementos materiales que integran la conducta delictiva de robo, así como tampoco la presunta responsabilidad de los quejosos en su comisión; ello debido a las siguientes consideraciones: 1). Si el elemento apoderamiento de un bien se traduce como tomar posesión de una cosa que no se entrega voluntariamente sino que el autor va hacia ella y la arranca de la tenencia del detentador, legítimo, y siendo el apoderamiento ilícito y no consentido por el ofendido, la constitutiva típica del robo que permite diferenciarlo de los otros delitos patrimoniales de enriquecimiento indebido, en el caso a comento no existió dicho apoderamiento, toda vez que los quejosos no arrancaron de la tenencia de la empresa agraviada sin su consentimiento el material y las herramientas que aduce fueron dispuestas por los amparistas; sino que únicamente dispusieron del material para la continuación de la obra del mercado Poza Rica; 2). En relación al elemento cosa ajena, tampoco se da, toda vez que el mismo apoderado legal de la empresa agraviada reconoce, que si bien el material fue comprado con dinero de los comerciantes, éste fue adquirido por conducto de la empresa, como intermediaria, dicho que se corrobora además por las declaraciones del arquitecto ARTURO HAM FERNANDEZ, el licenciado ANTONIO CERVANTES HERRERA y los propios quejosos, donde manifiestan que el material fue adquirido con dinero de los comerciantes, y siendo el elemento cosa ajena un elemento del delito de robo indispensable de demostrar en todo proceso, éste, en el caso a comento no se da, pues nadie puede robarse a sí mismo ni cometer robo en bienes propios; y en relación a la herramienta de la empresa, no se advierte que los quejosos hubiesen dispuesto de ella, pues si bien en la declaración de ARTURO HAM FERNANDEZ se advierte que éste utilizó la herramienta para la continuación de la obra, no se acredita que los amparistas directamente hayan dispuesto de la misma, ni aún que dieran su consentimiento para que la utilizara HAM FERNANDEZ; y c). Por último, por cuanto hace al elemento apoderamiento sin derecho y sin consentimiento de quien pueda disponer de la cosa conforme a la ley, esto es, en ausencia de la voluntad del ofendido, sin conocimiento ni intervención de éste cuando se comete furtiva o subrepticiamente, este elemento en el presente asunto, no se da, toda vez que la actitud de posesión del material que desplegaron los quejosos no fue en forma furtiva o subrepticiamente, en virtud de que como ya quedó asentado en líneas precedentes, éstos podían disponer de la cosa por haberla adquirido la empresa agraviada pero con dinero de los representados de los quejosos, y en todo caso, si con la actitud de los peticionarios de garantías, se le causó algún perjuicio a la empresa agraviada debido a la rescisión del contrato celebrado el primero de diciembre de mil novecientos noventa, la vía penal no es la vía idónea para resolver ese asunto, pues ello debería ventilarse en la vía civil correspondiente para que así quede estipulado claramente la ajenidad del material del apoderamiento sin derecho ni consentimiento que denuncia la agraviada y se configuren así en todo caso los elementos típicos del robo. Es aplicable al caso concreto, la tercera tesis relacionada a la número 1707, visible a foja 2758, de la Segunda Parte, Salas y Tesis, del Apéndice de Jurisprudencia 1917-1988, que dice: 'ROBO, PROPIEDAD DEL BIEN MATERIAL DEL.-Para la configuración de los elementos típicos del robo, no es necesario que se acredite la propiedad del bien robado, sino la ajenidad de la cosa materia del apoderamiento sin derecho ni consentimiento de su legítimo titular'", y es así que la recurrente se limita a afirmar que "sí hubo tal apoderamiento, dado que los quejosos sin consentimiento del propietario de los materiales y de las herramientas que se utilizaban en la construcción del mercado de Poza Rica, se apoderaron de los mismos", y que "no está justificado que esos materiales no se hayan adquirido con recursos de la empresa; o que, los representantes legítimos de la misma hayan dispuesto que los quejosos dispusieran de tales herramientas y materiales", con lo cual pasa por alto la eficacia concedida a la declaración del apoderado de la empresa que se dice ofendida en la cual reconoció que el aludido material fue comprado con dinero de los comerciantes a los que los quejosos representaban, y que aquélla sólo fue intermediaria en dicha compra, ni la validez de los demás testimonios con los que se estimó corroborado el de dicho apoderado de la empresa, y menos pone de relieve el recurrente que existan datos que acrediten que los promoventes del amparo dispusieron de la herramienta de que se habla o dieran su consentimiento para que la utilizaran, en contrario a lo que estimó el Juez federal, puesto que sólo agrega que "no es verdad que en el caso se trató de un asunto que deba ventilarse en vía ordinaria civil", con base en que "el apoderamiento que hicieron los quejosos del material adquirido por el contratista sin permitir a éste que los recuperara cuando ya no quisieran sus servicios sí es un acto que debe ser considerado como delito y que se castiga con pena corporal", pero en forma alguna controvierte la tercera de las consideraciones ni la aplicación de la tesis invocada por el Juez federal para estimar lo contrario, quedando fuera de lugar el argumento inherente a que "existiendo la denuncia al respecto estando apoyada por testimonios de personas en las que se presume la buena fe, en documentos y en otras pruebas", que ni siquiera se mencionan, "se justifican los extremos de los artículos 16 constitucional y 188 del Código de Procedimientos Penales para la procedencia de la orden de aprehensión reclamada", pues es obvio que con tales afirmaciones dogmáticas igualmente deja subsistentes aquellas consideraciones que sustentan el sentido de la sentencia impugnada.
En las condiciones apuntadas, debe confirmarse la sentencia en análisis.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 90 de la ley de la materia, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia definitiva autorizada el dieciséis de junio del año en curso por el Juez Sexto de Distrito en el Estado en el juicio de garantías número 297/993-VIII, promovido por César Luis Carrillo Cruz, Armando González Hernández y Pedro Márquez Márquez contra los actos y las autoridades que se puntualizan en el resultando primero de esta ejecutoria, mediante la que concedió el amparo pedido.
SEGUNDO.-Notifíquese; con testimonio de la presente resolución vuelvan los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese este expediente.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Gilberto González Bozziere, quien fue el ponente, Luis Alfonso Pérez y Pérez y Rosa María Temblador Vidrio, lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. Doy fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1081-7b0a20f0/articulo-16-constitucional-reformado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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