Corpus
Modo: Corpus Pro

AGRAVIOS. DEBEN DE IMPUGNAR LA ILEGALIDAD DEL FALLO RECURRIDO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 129/91. · Registro digital (IUS): 900
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, AUXILIAR EN MATERIA DE AMPARO, ADSCRITO A LOS JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Septiembre de 1992, , Pág. 169.

AMPARO EN REVISION 129/91. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, AUXILIAR EN MATERIA DE AMPARO, ADSCRITO A LOS JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Los agravios que la autoridad recurrente aduce son insuficientes, en virtud de que mediante los mismos no combate las consideraciones en que el Juez Segundo de Distrito se apoyó para conceder a Cipriano Torres Román el amparo y protección de la Justicia Federal.

En efecto, el Juez de Distrito señaló sustancialmente en la sentencia motivo del presente recurso lo siguiente: Que la orden de aprehensión reclamada por el quejoso resulta violatoria de garantías en virtud de que los elementos de convicción en que se fundó dicha orden no son suficientes para hacer probable la responsabilidad del quejoso de referencia en la comisión del delito que se le atribuye; que lo anterior, porque la orden se fundó primordialmente en la declaración de Jesús Luciano Treviño Flores, quien si bien manifestó ante las autoridades investigadoras que la droga era propiedad de varias personas, entre ellas de Cipriano Torres Román, de las constancias de autos se advierte que las declaraciones de Jesús Luciano Treviño Flores ante los órganos investigadores fueron arrancadas con violencia física y moral, con lo cual perdieron el requisito de espontaneidad necesario para establecer la responsabilidad de Treviño Flores, motivo por el cual la Juez Cuarto de Distrito le dictó sentencia absolutoria, que siendo ello así, es innegable que la orden de aprehensión reclamada que se apoyó en las imputaciones de Treviño Flores, en el sentido de que el quejoso era uno de los propietarios de la droga, carecen de eficacia jurídica para hacer probable su responsabilidad, ya que no se reúnen los requisitos del artículo 16 constitucional, porque faltan los elementos consistentes en la denuncia, acusación o querella de un hecho que la ley castigue con pena privativa de la libertad, los cuales jurídicamente son conocidos como de procedibilidad y si previamente no se satisfacen dichos elementos, el mandato de captura contra el quejoso resulta violatorio de garantías; es aplicable al caso la tesis número 24, del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 658, del informe correspondiente al año de 1987, que dice: "ORDEN DE APREHENSION, REQUISITOS PREVIOS PARA SU EXPEDICION.-La pesquisa general hace tiempo fue abolida de nuestro derecho; la apertura oficiosa de un procedimiento judicial se suprimió después y, en su lugar se estableció la incoación precedida de denuncia, acusación o querella. Estos requisitos, conocidos jurídicamente como de procedibilidad deben satisfacerse previamente a la expedición de una orden de aprehensión o detención; y si en el caso ninguna denuncia, acusación o querella se formuló en contra del ahora recurrente, el mandato de captura que fue librado en su contra resulta violatorio del artículo 16 constitucional."; que con respecto a las demás declaraciones de Gustavo Alonso Mendoza y Leopoldo Barrera García, en que se apoyó la orden de aprehensión, cabe decir, que si bien dichos declarantes fueron uniformes al manifestar que por comentarios de diversas personas supieron que el hoy quejoso era uno de los propietarios de la droga afecta a la causa (lo que se equipara a una denuncia de hechos) son insuficientes para fundar la orden reclamada, pues no puede afirmarse que exista prueba procesal, entendiéndose por tal, aquella que es apta para producir convicción, si el dicho de los testigos tiene como fuente de información un tercero cuya comparecencia nunca se logró, que por tanto, se trata de testigos de oídas, lo cual quedó acreditado plenamente en la fase indagatoria pues la persona que supuestamente les manifestó a los declarantes que el peticionario era dueño de la droga incautada, nunca compareció para robustecer el dicho de los testigos en mención; que tales declaraciones tan genéricas, de modo alguno sirven para hacer fe como indicio cuando menos, de la conducta atribuida a Cipriano Torres Román; que al efecto es aplicable la ejecutoria de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bajo el rubro de: "TESTIGO DE OIDAS.", aparece publicada en la página 953, de los precedentes que no han integrado jurisprudencia, correspondiente a los años 1969-1985, que por otra parte, no es obstáculo a lo dicho con antelación, la declaración de Gustavo Alonso Mendoza quien señaló que cuando cargaba la camioneta con la mariguana se encontraba presente Cipriano Torres Román, quien según el declarante, le expresó ser el dueño de la droga, pues atender a ello conduciría a caer en el supuesto de declaraciones que proceden de una misma fuente resultaren válidas aunque las mismas fueren contradictorias y, en el supuesto de que una de las declaraciones pueda ser suficiente para tenerla como idónea, en el caso no se da tal circunstancia porque no existen elementos de convicción para apoyarla; que por ende ninguna de las declaraciones en que se apoya la orden de aprehensión es apta para establecer la probable responsabilidad del inculpado; que para que proceda una orden de aprehensión es necesario que el hecho denunciado realmente pueda constituir un delito; que el Juez de Distrito está facultado para realizar un estudio de las circunstancias en que el acto fue ejecutado y en atención a ello se llega a la conclusión como se señaló antes, que la orden de aprehensión constituye una violación de garantías.

Por otra parte, la autoridad recurrente en los agravios que hace valer en la presente revisión se concreta a argumentar que el Juez de Distrito evaluó de manera superficial las pruebas que obran agregadas en los autos, al considerar violatoria de garantías la orden de aprehensión reclamada por Cipriano Torres Román; que el juzgador de que se habla no hizo un análisis exhaustivo de los datos arrojados por la averiguación previa, los que dice la recurrente son bastantes para justificar la constitucionalidad de la orden reclamada; que el juzgador de amparo soslayó las declaraciones de Jesús Luciano Treviño Flores, Gustavo Alonso Mendoza y Leopoldo Barrera García, quienes en forma pormenorizada relatan su participación en los hechos ilícitos que se les imputan; que inclusive el primero de los nombrados manifestó que la droga era propiedad de Cipriano Torres Román; que Gustavo Alonso Mendoza ante los órganos investigadores manifestó que una de las personas que lo contrató es un sujeto de nombre Cipriano Torres Román, alias "El Pata"; que obra en autos la declaración de Leopoldo Barrera García ante el agente del Ministerio Público Federal donde ratificó sus deposiciones ante la Policía Judicial Federal, agregando que la droga que iba a transportar a los Estados Unidos era propiedad de Cipriano Torres Román; que además en autos se encuentra la fe ministerial de cuarenta y tres paquetes que arrojaron un peso de 1223 kilos de mariguana; que también existe en autos fe ministerial de las camionetas Chevrolet y Ford, con placas de circulación respectivamente WH2756 y WC5551, ambas del Estado de Tamaulipas; que el Juez Federal indebidamente consideró insuficiente para la orden de aprehensión el anterior acervo probatorio; que los coacusados de Cipriano Torres Román mencionan con precisión la participación de Torres Román en los hechos que se le imputan, los cuales se refieren a que el quejoso en cita es el propietario de la droga decomisada en el presente caso; que en virtud de lo anterior, no se trata de una imputación aislada o singular; que se encuentra plenamente comprobado el cuerpo del delito y la plena responsabilidad de Torres Román en el delito que se le atribuye; que ante lo expuesto es evidente que la orden de aprehensión se encuentra debidamente fundada; y, que al respecto resultan aplicables las jurisprudencias números 1348 y 1352, que se localizan respectivamente en las páginas 388 y 399, del Semanario Judicial de la Federación.

Ahora bien, haciendo un estudio comparativo entre la sentencia que se revisa y los anteriores agravios, se advierte que la autoridad recurrente omite combatir las consideraciones en que el Juez de Distrito se apoyó para determinar que la orden de aprehensión reclamada por el quejoso resulta violatoria de garantías, consideraciones que esencialmente se hacen consistir en primer lugar, como ya se vio, en el hecho de que las declaraciones de Jesús Luciano Treviño Flores carecen de eficacia, porque de autos se advierte que fueron obtenidas mediante violencia física y moral; en segundo lugar, porque las declaraciones de Gustavo Alonso Mendoza y Leopoldo Barrera García, al igual que la anterior declaración, carecen de eficacia probatoria, porque éstos aunque fueron coincidentes en señalar que Cipriano Torres Román era uno de los propietarios de la droga, lo anterior tuvo como fuente de información un tercero cuya comparecencia nunca se logró y, en tercer lugar, porque no obstante que Gustavo Alonso Mendoza manifestó que cuando cargaron la camioneta con la droga se encontraba presente Cipriano Torres Román y éste, según Alonso Mendoza, le expresó ser el dueño de la mariguana, lo cierto es que las declaraciones de Alonso Mendoza resultan contradictorias entre sí y que el supuesto de que una de las declaraciones del citado Alonso Mendoza resultare suficiente para tenerla como idónea, en el caso no se da tal circunstancia porque no existen suficientes elementos para apoyarla.

Efectivamente, se estima que la citada inconforme no combate las consideraciones en que se fundó la sentencia recurrida porque en sus agravios como se advierte, se concreta a señalar que con las declaraciones de Jesús Luciano Treviño Flores, Gustavo Alonso Mendoza y Leopoldo Barrera García en las cuales refieren que Cipriano Torres Román era uno de los dueños de la droga, son bastantes para justificar la orden de aprehensión, olvidándose de atacar las razones y motivos que el juzgador de Distrito estimó para negarles eficacia probatoria a tales declaraciones, permitiendo de esta manera que continúen rigiendo los razonamientos del fallo recurrido. De ahí que resulten, como ya se dijo, insuficientes los agravios en estudio.

Es pertinente aplicar en la especie la tesis de jurisprudencia número 40, visible en la página 65, de la Octava Parte, jurisprudencia común al Pleno y Salas, del Apéndice Semanario Judicial de la Federación, correspondientes a los años 1917-1985 que dice: "AGRAVIOS INSUFICIENTES.-Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios.".

En consecuencia, sin que se esté en el caso de suplir la deficiencia de la queja, lo procedente es confirmar la sentencia que se revisa en todos y cada uno de los términos.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 91, de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Queda firme por falta de impugnación el sobreseimiento decretado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, respecto de los actos que el quejoso Cipriano Torres Román reclamó de los Jueces Tercero y Quinto de Distrito en el Estado de Nuevo León.

SEGUNDO.-Se confirma la sentencia que se revisa.

TERCERO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Cipriano Torres Román contra la orden de aprehensión y detención que reclamó de la Juez Cuarto de Distrito en el Estado.

Notifíquese.

Así, por unanimidad lo resolvieron los Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, licenciados Juan Miguel García Salazar, José Antonio Hernández Martínez y Ramiro Barajas Plasencia, siendo relator el segundo de los nombrados, los que firman con el secretario de Acuerdos que actúa y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/900-ad4de288/agravios-deben-de-impugnar-la-ilegalidad-del-fallo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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