AGRAVIOS EN LA REVISION. INOPERANCIA DE LOS.
AMPARO EN REVISION 212/94. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Resultan inoperantes los argumentos que a manera de agravios, hace valer el agente del Ministerio Público Federal.
En efecto, los razonamientos que esgrime la recurrente, no constituyen verdaderos agravios, dado que no combaten eficazmente los motivos y fundamentos en que se sustentó el Juez de amparo, para conceder al quejoso Antonio Sosa Coronel, la protección constitucional que éste demandó.
Ciertamente, el a quo básicamente estimó que de las constancias de la causa penal de la que deriva el acto reclamado, se concluía que el quejoso Antonio Sosa Coronel, el diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, desempeñaba el cargo de subjefe de Policía Preventiva en el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, mas sin embargo, consideraba que no existía evidencia alguna de que hubiera intervenido en la detención de Eduardo Gastélum Barraza, Alberto Soto Iribe e Isabel Torres Acosta; tampoco que éstos hubieran estado detenidos a su disposición, así como que tampoco existe indicio alguno de que haya tenido conocimiento de los delitos que hubiesen cometido los detenidos de comento, mucho menos de que haya procurado la impunidad del delito que en su caso pudiera haberse producido, circunstancia por la cual no podía estar en la aptitud de hacer la denuncia de los hechos que ignoraba; máxime como lo manifestó ante el representante social, el agente de la Policía Preventiva, Antonio Velazco Torres, quien participó directamente en la detención de los referidos Gastélum Barraza, Soto Iribe y Torres Acosta, en el sentido de que estos detenidos y armas quedaron a disposición del jefe de la policía municipal Abelardo Machuca Floriano; que de las declaraciones ministeriales de José Antonio Pineda Rodríguez, Jorge Luis Meza Armenta y Jesús Báez Garibaldi, las cuales tomó como base la autoridad responsable para decretar el auto de formal prisión que se reclama, se desprende que el día de los hechos se encontraban en la oficina del comandante Abelardo Machuca, el jefe de tránsito municipal Manuel Ochoa Trujillo, el jefe de policía Antonio Coronel Sosa, el agente segundo del Ministerio Público licenciado Manuel Montenegro Corral, uno de los detenidos y el propio comandante y si es cierto, se encontraba presente el quejoso, no menos cierto es que también se encontraban sus superiores jerárquicos, como eran el director de Seguridad Pública Municipal, ante quien estaban a disposición los detenidos y el representante social y, el hecho de que hubiera estado presente Sosa Coronel, no necesariamente implica que tuviera conocimiento de que se haya perpetrado delito alguno.
Pero por otra parte, es de señalarse que la autoridad recurrente, sólo se limita a transcribir parte de la resolución impugnada y a sostener que el auto de formal prisión, sí cumple con lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 19, constitucionales, y que los medios de convicción que obran en el historial, se desprende que sí se reúnen los extremos del artículo 19, constitucional, para emitir el auto de formal prisión; además que de dichas probanzas se desprenden datos suficientes que acreditan los elementos del tipo penal del delito de referencia y asimismo hacen probable la responsabilidad del hoy quejoso y que el a quo no valoró las pruebas aportadas, principalmente las testimoniales de José Antonio Pineda Rodríguez, Jorge Luis Meza Armenta y Jesús Báez Garibaldi; pero la recurrente no precisa cuáles medios de prueba son los que demuestran el ilícito de mérito; además que, en cuanto a la valoración que el Juez Federal hace de las declaraciones ministeriales de Pineda Rodríguez, Meza Armenta y Báez Garibaldi, no precisa por qué fueron erróneamente valoradas y cuál es el valor que deben tener, es decir, no expresa razonamiento jurídico alguno en contra de las consideraciones vertidas por el a quo en la sentencia que se revisa; de ahí que, los argumentos analizados no pueden estimarse como verdaderos agravios y por lo mismo devienen inoperantes.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción VIII, in fine, de la Constitución Federal; 76, 83, 85, 90, 91, de la Ley de Amparo y 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se
RESUELVE:
PRIMERO. -Se confirma la sentencia sometida a revisión.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a ANTONIO CORONEL SOSA, contra el acto que reclamó de la autoridad señalada como responsable, y que quedaron precisados en el considerando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y dése de baja en el libro de gobierno; con testimonio autorizado de esta resolución, vuelvan los autos al Juzgado de Distrito de donde proceden y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto totalmente concluido.
ASI, lo resolvió este Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Adán Gilberto Villarreal Castro, Carlos Humberto Trujillo Altamirano y Sergio Javier Coss Ramos, siendo ponente el primero de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2230-29df5ded/agravios-en-la-revision-inoperancia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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