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Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. DENUNCIA NO CONSTITUYE UNA ACTUACIÓN IDÓNEA PARA INTERRUMPIRLA. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. CUÁNDO ES PROCEDENTE PLANTEARLA EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 954/97. · Registro digital (IUS): 4906
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA AL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, , Pág. 539.

AMPARO EN REVISIÓN 954/97. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA AL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Los agravios son infundados.

Devienen infundados los agravios relativos a que el tema de la prescripción de la acción penal no debió de ser abordado por la Juez de Distrito al estudiar la orden de aprehensión, por no haber sido objeto de análisis por parte del Juez responsable.

En efecto, al margen de que las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados, que la autoridad recurrente invocó como apoyo a su inconformidad no son obligatorias para este Tribunal Colegiado en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, se advierte que contemplan supuestos distintos del problema planteado en este juicio de garantías, pues aluden, en síntesis, a aquellos casos en los que se reclama una orden de aprehensión y existe la imposibilidad jurídica para el Juez natural de hacer el cómputo de la prescripción de la acción persecutoria, en razón de que el cálculo de dicho plazo extintivo debe de hacerse con base en la sanción corporal del delito que aparece clasificado de manera definitiva en la formal prisión, y no provisionalmente como ocurre en la orden de aprehensión, como sucedería, por ejemplo, si se planteara en relación con el delito de abuso de confianza y al resolverse el término constitucional se decretara auto de formal prisión por el diverso ilícito de fraude que tiene una mayor penalidad que aquél, sin embargo, en el asunto que se revisa sí procede atender la prescripción de la acción penal reclamada en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso en la causa penal número 287/97, como probable responsable del delito de enriquecimiento ilícito, pues no existe incertidumbre legal para precisar el plazo extintivo de la acción penal, en virtud de que la Constitución Política del Estado de Veracruz en su artículo 127, párrafo segundo, fija un plazo específico de tres años para la operancia de la prescripción respecto de los delitos graves cometidos por el gobernador durante su encargo, entre los cuales se contempla el de enriquecimiento ilícito, o sea, que no debe atenderse a la legislación penal ordinaria basada en el transcurso de un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de libertad que corresponda al delito, sino exclusivamente el plazo de tres años cualesquiera que sea la penalidad.

Resulta infundado lo alegado en el sentido de que la acción persecutoria debió comenzar a contarse desde el momento en que el pasivo tuvo conocimiento del hecho delictuoso "... y obviamente esto sólo podría acontecer a la llegada de la nueva administración local, y después de haberse practicado auditorías o inventarios en los bienes recepcionados, así como esperar satisfacer el requisito de procedibilidad para que se actualizara el delito de enriquecimiento ilícito, siendo esto el día ocho de agosto del año en curso, fecha en la cual el contralor general del Estado, hace del conocimiento del procurador general de Justicia la vista a que se refiere el artículo 84 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que a su vez le rindiera el director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de esa Contraloría General, deducido del expediente administrativo número 057/96 iniciado en contra del aquí quejoso ...", en virtud de que ello no encuentra apoyo legal en la legislación veracruzana, pues en casos como el presente, el artículo 91 del Código Penal de la entidad es claro y preciso y no acoge el criterio de mérito.

Son infundados también los agravios relativos a que "... la Juez de amparo en forma incorrecta considera que la presentación de la denuncia ante el órgano investigador y la ratificación de la misma, no interrumpe la acción persecutoria, pues olvida que la ley se refiere a actuaciones o diligencias que se efectúen durante la investigación de los hechos y es natural que haya existido un auto de radicación del pliego consignatorio, y que se hayan ordenado las primeras diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos máxime que fuera ratificada con toda oportunidad, y que el hecho de que la directora de Averiguaciones Previas haya efectuado la primera diligencia el día 6 de junio de 1994, es lógico que se hizo dentro del mismo año en que fue ratificada la denuncia y en esa fecha no había transcurrido la tercera parte de la acción persecutoria que en forma indebida aplica la Juez Federal, apoyándose en el artículo 99 del Código Penal para el Estado de Veracruz ...".

En efecto, este Tribunal Colegiado al resolver el juicio de amparo en revisión número 594/97, en el que figuró como agraviado el aquí quejoso, estableció que la denuncia no constituye una actuación de autoridad competente que interrumpa la prescripción de la acción persecutoria, a que se refiere el artículo 98 del Código Penal del Estado, sino sólo consiste en exposición de acontecimientos que el supuesto agraviado o el interesado considera configurativos de un delito, a efecto de que el representante social efectúe las investigaciones necesarias para obtener la comprobación del delito y determine la probable responsabilidad del inculpado para que en su caso ejercite la acción penal. En el mismo orden de ideas, la Carta Magna y la legislación penal veracruzana contemplan dos casos, exclusivamente, de autoridades con capacidad investigatoria en materia de delitos: el Ministerio Público en la averiguación previa (artículos 21 constitucional, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 y 134 del Código de Procedimientos Penales del Estado) y la autoridad judicial dentro del plazo constitucional (artículos 19 constitucional y 157, 158 y 159 del Código de Procedimientos Penales del Estado), por lo que es claro que la titularidad de quien puede realizar los actos interruptores corresponde únicamente a estas autoridades, con independencia de que el denunciante tenga el carácter de autoridad administrativa y de que haya practicado la investigación relativa a la conducta de quien fungió como titular del Poder Ejecutivo Estatal, toda vez, que como antes quedó precisado, las actuaciones idóneas para interrumpir la prescripción deben ser practicadas por las autoridades competentes a las que se ha hecho mención. Sirven de apoyo las tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los rubros siguientes: "PRESCRIPCIÓN, INTERRUPCIÓN DE LA.", aparece publicada en la página cuarenta y cinco del Tomo LVI, Segunda Parte, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis reza: "Las actuaciones del Ministerio Público practicadas en la averiguación previa, para la determinación del delito y obtención de datos a fin de demostrar en su oportunidad ante los tribunales la responsabilidad del delincuente, indudablemente interrumpieron la prescripción. El Código Federal de Procedimientos Penales señala entre las partes en que se divide el procedimiento penal, la averiguación previa; por otra parte, el artículo 110 del Código Penal establece que la prescripción de las acciones se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen en averiguación del delito y delincuentes, aunque por ignorarse quiénes sean éstos, no se practiquen las diligencias contra persona determinada. Del precepto mencionado debe concluirse que la ley, en forma expresa habla de las actuaciones practicadas por el Ministerio Público, único autorizado, de acuerdo con la Constitución Federal para averiguar los delitos. En todo caso, la prescripción que comenzó a correr desde el momento de comisión de los delitos, se interrumpió, como se ha expresado, por las actuaciones del Ministerio Público, en la fase de averiguación previa.", "PRESCRIPCIÓN, INTERRUPCIÓN DE LA (LEGISLACIÓN PENAL FEDERAL)." es visible en la página veintisiete del Tomo CXXX, de la obra arriba citada, cuyo tenor literal es el siguiente: "Si bien es cierto que se ha sostenido que las actuaciones interruptoras de la prescripción penal sólo son aquellas que se llevan a cabo ante y por la autoridad judicial, también lo es que de acuerdo a la interpretación rigurosa del artículo 110 del código sustantivo federal, las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, son interruptoras de los términos de la prescripción de la acción penal, ya que claramente dispone dicho artículo que la prescripción de las acciones se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen en averiguación del delito y delincuentes, siendo precisamente el Ministerio Público el órgano constitucionalmente facultado para cumplir la fase averiguatoria del procedimiento." y "PRESCRIPCIÓN, INTERRUPCIÓN DE LA (LEGISLACIÓN FEDERAL).", aparece publicada en la página veintiocho del Tomo 73, Segunda Parte, Séptima Época, del aludido Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis reza: "Una interpretación sistemática de los artículos 110 y 111, en relación con el 118, del Código Penal Federal, lleva a conclusión de que mientras no transcurra la mitad del lapso para que opere la prescripción, las actuaciones practicadas ‘en averiguación del delito y del delincuente’, impiden que empiece a correr el término. Del régimen de la ley se desprende que si un delito hipotético prescribe en diez años, y se practican diligencias durante cinco, es a partir del día siguiente de los cinco años del último acto de ejecución-consumación que principia a correr el término de diez en que operará la prescripción, o dicho en otras palabras, cuando se practican averiguaciones, el lapso de la prescripción puede ser superior en un cincuenta por ciento a aquellos casos en los que no se practica averiguación alguna. Sostener una tesis contraria, llevaría a negar el efecto interruptor de las actuaciones.". En tales condiciones, poco importa en el caso la fecha de la presentación de la denuncia, pues como antes ha quedado precisado, no tiene la naturaleza de actuación de autoridad competente que pueda interrumpir la prescripción; luego, desde este enfoque, si el último acto de ejecución de los delitos contra la función pública que se le atribuyen, se realizó el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y dos, en que culminó su encargo como gobernador del Estado, por lo que el plazo de tres años para que opere la prescripción de la acción penal que contempla el artículo 127 de la Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave, debe de computarse a partir del primero de diciembre de mil novecientos noventa y dos, sin que dicho plazo hubiera sido interrumpido por alguna actuación practicada durante el transcurso de la tercera parte del plazo extintivo, esto es, en el término de un año, contado a partir del primero de diciembre del citado año de mil novecientos noventa y dos al primero de diciembre de mil novecientos noventa y tres, atento a que la primera actuación tendente a suspender la prescripción se efectuó hasta el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y tres, consistente en el acuerdo que tuvo por recibida la denuncia formulada por el contralor general del Estado, y que dio inicio a la averiguación número 72E/993; de lo que se sigue, que fue esa la primera actuación tendente a la investigación y persecución de los hechos presuntivamente delictuosos a que se contrajo la denuncia, y entre los cuales quedaron comprendidos los relativos a los constitutivos del delito de enriquecimiento ilícito, y no así, como lo consideró la Juez de Distrito, el posterior acuerdo de seis de junio de mil novecientos noventa y cuatro, referente al oficio dirigido al director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial dependiente de la Contraloría General del Estado, para que enviara la documentación relativa a las declaraciones patrimoniales de los sujetos denunciados. Ahora bien, la circunstancia de que dentro del lapso antes precisado el Ministerio Público no hubiese efectuado las gestiones pertinentes para que la Contraloría General del Estado hiciera del conocimiento del servidor público la investigación de su situación patrimonial en términos del artículo 84 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, de ninguna manera constituyó un obstáculo para el transcurso de la prescripción de la acción penal, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 90, 98 y 99 del Código Penal, la acción penal como derecho de persecución del Estado, que en este caso tiene el doble carácter de denunciante y perseguidor, nace cuando se han cometido hechos presuntivamente constitutivos de un delito, y prescribe por el simple transcurso del tiempo si no se ejercita por el Ministerio Público, y sólo se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen en averiguación del delito comprendidas dentro de la tercera parte del plazo de la prescripción, que lo es en la especie el término de un año, contado, como antes se apuntó, a partir del primero de diciembre de mil novecientos noventa y dos al primero de diciembre de mil novecientos noventa y tres, y como quiera, que las actuaciones con las que se pretendió interrumpir el plazo prescriptivo se efectuaron con posterioridad a esa última fecha, como lo fueron las de ocho de diciembre de mil novecientos noventa y tres, seis de junio de mil novecientos noventa y cuatro, once de diciembre de mil novecientos noventa y seis (fecha en que se reservó la indagatoria por no estar satisfecho el requisito previsto por el artículo 84 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos), y el acuerdo de diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete, en el que se tuvo por cumplido el requisito anterior y la determinación de quince de septiembre del año citado anteriormente, por la que se ejercitó la acción penal que dio origen a la causa penal 287/997, es claro que no interrumpieron la prescripción de la acción penal. En conclusión, no sólo había transcurrido el término de un año, computado como la tercera parte del plazo de tres años que contempla el artículo 127, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, en la fecha en que se reservó la averiguación previa, por lo que poco importa lo aducido tocante a que "... Por cuanto hace al hecho de que la causa penal deriva de la misma averiguación previa deriva que en su momento fue consignada por los delitos de peculado y abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, esto se debió a que dicha averiguación previa fue reservada conforme a lo dispuesto por el artículo 132 del Código de Procedimientos Penales del Estado, en tanto no se contara con el requisito de procedibilidad para que se actualizara el delito de enriquecimiento ilícito, mismo que exige la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, y que con posterioridad satisficiera el contralor general del Estado, siendo esto el 8 de agosto del año en curso, juicio administrativo número 057/96, procediendo a consignar la averiguación previa 73E/96, ahora por el delito de enriquecimiento ilícito ...".

En consecuencia, al resultar infundados los agravios y ante la operancia de la prescripción de la acción penal del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso Dante Alfonso Delgado Rannauro en la causa penal 287/97, no es dable estudiar los temas relativos a la acreditación de los elementos del tipo penal y a la probable responsabilidad del acusado en su comisión, y atento a que dicho acto reclamado deviene violatorio del artículo 16 constitucional en su perjuicio, procede confirmar la sentencia que se revisa y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en el artículo 90 de la ley de la materia, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia que se revisa.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Dante Alfonso Delgado Rannauro contra la orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez Primero de Primera Instancia de Jalapa, Veracruz, en la causa penal número 287/97, como probable responsable del delito de enriquecimiento ilícito y en su ejecución por el director del Centro de Readaptación Social en Pacho Viejo, Veracruz.

Notifíquese; envíese testimonio de la presente resolución a la Juez de Distrito y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados José Pérez Troncoso, Vicente Salazar Vera y Gilberto González Bozziere, lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, y lo firma el primero de los nombrados como ponente y presidente.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4906-419335e8/prescripcion-de-la-accion-penal-denuncia-no-constituye · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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