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Modo: Corpus Pro

PRUEBAS. CORRESPONDE AL QUEJOSO OFRECERLAS AL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EL ACTO NO ES INCONSTITUCIONAL EN SI MISMO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 447/92. · Registro digital (IUS): 1094
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JESUS JOSE GONGORA SIFUENTES Y OTRO.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Abril de 1993, , Pág. 161.

AMPARO EN REVISION 447/92. JESUS JOSE GONGORA SIFUENTES Y OTRO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.- Son infundados los agravios que se expresan.

En efecto, el acto reclamado lo hicieron consistir los quejosos JESUS GONGORA SIFUENTES y JOSE PRADO SIFUENTES, en la resolución dictada el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y dos, dentro del toca penal número 33PU/992, por el Magistrado de la Tercera Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Durango, mediante la cual confirmó la resolución emitida por el Juez de Primera Instancia con jurisdicción mixta del Distrito Judicial de San Juan del Río, Durango, de fecha once de noviembre de mil novecientos noventa y uno, en los autos del proceso penal número 18/991, en la que decretó a los quejosos la formal prisión por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de despojo y daños perpetrados en agravio de Luis y Juan, ambos de apellidos Pulido Martínez, decretándoles la libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley respecto al delito de homicidio en grado de tentativa.

Mediante resolución autorizada y firmada el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Durango, negó a los quejosos el amparo y la protección de la Justicia Federal impetrados porque omitieron aportar pruebas para demostrar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado.

Con relación al sentido del fallo impugnado, alegan básicamente los recurrentes que el indicado Juez Federal inobservó lo establecido por el artículo 149 de la Ley de Amparo, ya que la responsable debió acompañar a su informe justificado las actuaciones en que fundó su resolución, máxime que se trata de actos de naturaleza penal que afectan la privación de la libertad.

Lo anterior es infundado, porque si bien es verdad que el artículo 149 de la Ley de Amparo establece que las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, también lo es que el tercer párrafo del numeral en cita, impone al quejoso la obligación de probar los hechos que determinen la inconstitucionalidad del acto cuando, como en el caso, no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.

Así, como correctamente consideró el a quo, cuando el acto reclamado consiste en la resolución de segunda instancia que confirmó el auto de formal prisión, era obligación de los quejosos perfeccionar el material probatorio existente en autos, pues únicamente obra la copia certificada de la resolución de segunda instancia que acompañó a su informe justificado el magistrado de la Tercera Sala Penal Unitaria señalada como responsable sin que los recurrentes hayan aportado al juicio las constancias o actuaciones que tuvo a la vista tal autoridad para resolver en la forma en que lo hizo.

Tiene aplicación en la especie el criterio sustentado por este propio Tribunal Colegiado al resolver los amparos en revisión números 522/91 y 569/91, de donde emanó la tesis visible en la página 500 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo IX, mayo de 1992, Pleno, Salas, y Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "PRUEBAS, CORRESPONDE AL QUEJOSO OFRECERLAS AL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EL ACTO NO ES INCONSTITUCIONAL EN SI MISMO.- No es violación al procedimiento en el juicio de amparo el que el Juez de Distrito no recabe de oficio las pruebas rendidas ante la responsable, porque la facultad que concede al juzgador federal, el artículo 78, de la Ley de Amparo, no debe entenderse como un derecho procesal de las partes, sino una facultad discrecional del Juez, cuando la inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se fundaron los actos reclamados. Por tanto, de conformidad con el artículo 149, de la citada ley de la materia, corresponde al quejoso la carga de la prueba en el juicio de la garantías, salvo las excepciones que en la ley expresamente se contengan".

También cabe citar la tesis visible en la página 2992 del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Epoca, 1969-1987, Tomo IX, epígrafe: "INFORME JUSTIFICADO. CASO EN QUE SE RINDE SIN LAS CONSTANCIAS SUFICIENTES.- No causa agravio al quejoso la aplicación que el a quo hizo de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para negarle la protección constitucional solicitada, pues ese precepto, en la parte en que dispone que "La falta de informe de la autoridad responsable establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto", es a no dudar aplicable al caso en que el informe justificado es rendido sin las constancias suficientes para juzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, pues existe la misma razón por la que el referido dispositivo deja a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen la inconstitucionalidad de tales actos, o sea, la falta de aportación de los elementos de juicio necesarios, por parte de las autoridades responsables y la necesidad, en tal situación de que el amparista pruebe los hechos en que basa su acción para que la misma pueda prosperarle".

Sin que releve de tal responsabilidad a los quejosos que los actos reclamados revistan de naturaleza penal por tener expedito sus derechos para solicitar la remisión de tales constancias al Juez de primera instancia ante el cual se sigue el proceso penal, pues solamente así sería factible estar en posibilidad de examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de las constancias procesales que tuvo a la vista la autoridad responsable.

En mérito de lo anterior, lo precedente es confirmar la resolución recurrida y negar a los quejosos el amparo y la protección de la Justicia Federal impetrados.

Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto por los artículos 83, 85, 89, 90 y 91, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se resuelve:

PRIMERO.- Se confirma la resolución recurrida.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a JESUS JOSE GONGORA SIFUENTES y JOSE PRADO SIFUENTES contra los actos que reclamaron de la autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución.

Notifíquese; con testimonio autorizado de esta resolución vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, ENRIQUE RODRIGUEZ OLMEDO, PABLO CAMACHO REYES y JULIO IBARROLA GONZALEZ, siendo ponente el primero de los mencionados. DOY FE.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1094-1eb8fe19/pruebas-corresponde-al-quejoso-ofrecerlas-al-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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