FACTURA MEMBRETADA CARENTE DE FIRMA Y NO OBJETADA, EFICACIA DE LA.
AMPARO EN REVISION 424/97. JOSÉ TEODORO GUERRERO HUERTA.
CONSIDERANDO:
TERCERO.— Los agravios son jurídicamente ineficaces. Por razón de método se examinarán en orden distinto al en que se plantean.
En la segunda parte de ellos, el recurrente sostiene que la acción constitucional ejercitada por Ernesto Herrera Navarro es improcedente, en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, porque la factura con la que el Juez a quo tuvo por acreditada la propiedad del quejoso respecto del vehículo que defiende, no es apta para demostrar ese extremo "puesto que carece de la firma del representante legal de la empresa que la emite", circunstancia que, dice el inconforme, el Juez de Distrito debió advertir y considerar pese a que dicha documental no se objetó, ya que esa prueba está relacionada con la causal de improcedencia indicada. La ineficacia jurídica de esta parte de los agravios radica en que si bien es cierto que a fin de establecer si se configura algún motivo de improcedencia, el juzgador de amparo debe analizar el alcance y valor probatorio de los medios de convicción allegados por las partes, con independencia de que los mismos hayan sido objetados o no, pues se trata de una cuestión que debe estudiarse de oficio; sin embargo, basta la observación de la factura aludida para advertir que, contra lo que pretende José Teodoro Guerrero Huerta, la misma está membretada y contiene el sello de la persona moral que la expidió y una firma ilegible (foja 11 del expediente principal) que, lógicamente, debe atribuirse a quien tiene facultades legales para disponer de bienes de la sociedad anónima vendedora, salvo prueba en contrario, sin que en el juicio de amparo se haya rendido prueba alguna encaminada a desvirtuar el contenido del documento en cita, pues, como el propio recurrente acepta, ni siquiera se objetó tal probanza. Cabe añadir que al resolver el amparo en revisión 525/86, así como el amparo directo 454/89 y el amparo en revisión 131/91, en sesiones del seis de junio de mil novecientos ochenta y ocho, trece de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve y catorce de junio de mil novecientos noventa y uno, respectivamente, este Tribunal Colegiado sostuvo la siguiente tesis: "FACTURA MEMBRETADA CARENTE DE FIRMA. EFICACIA DE LA.— Una factura membretada conserva su valor probatorio, aunque carezca de firma, si no es objetada ni siquiera por tal circunstancia, toda vez que, por una parte, esa ausencia de impugnación, revela la admisión de los hechos y la falta de controversia en cuanto al contenido del documento, situación que el juzgador no puede desconocer de oficio en la valoración de la prueba, sino que, por el contrario, debe tomarla en cuenta y tener por admitido fictamente el contenido del documento, salvo prueba en contrario; y, por otra parte, el membrete permite identificar a la persona que la expide."; que aparece publicada con el número III.1o.C. 4 C en la página 183 del Tomo VIII, correspondiente al mes de agosto de 1991, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación.
Entonces, es indudable que de acuerdo con la jurisprudencia por contradicción de tesis invocada por el a quo, publicada en la página 217 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo texto íntegro es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL CONTRA EL EMBARGO AHÍ PRACTICADO SOBRE BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD. BASTAN PARA ACREDITARLO LAS FACTURAS NO OBJETADAS QUE IDENTIFIQUEN LOS BIENES.— El artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la sustanciación y decisión de los juicios de garantías por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley de Amparo, establece que el documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta, y que en caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse con otras pruebas. En consecuencia, siendo las facturas documentos privados, aun cuando provengan de terceros, hacen prueba en favor del quejoso y contra el tercero perjudicado que no las objeta, debiendo tenerse, en este supuesto, como tácitamente reconocidas en cuanto a su autenticidad y contenido y, por ende, constituyen documentales suficientes para acreditar la propiedad de los bienes muebles embargados si están expedidas a nombre del agraviado e identifican dichos bienes de forma que permitan fijar su identidad. La propiedad así acreditada basta para estimar demostrado el interés jurídico en el amparo promovido por el tercero extraño al juicio natural contra el embargo ahí practicado sobre bienes muebles que alega son de su propiedad y posesión, sin que se requiera de ningún otro elemento probatorio, concretamente de la testimonial, para probar, por un lado, la vigencia del derecho de propiedad y la identidad de los bienes pues estos elementos están ya acreditados con las facturas de referencia, y por el otro, la posesión de dichos bienes pues su embargo afecta el derecho de propiedad sobre los mismos.", está plenamente demostrado el interés jurídico del quejoso para impugnar el embargo del automotor que defiende, por lo que no es exacto que se actualice la hipótesis de improcedencia que invoca el inconforme.
En la primera parte de los agravios se aduce que la tarjeta de circulación número 597022 del veintiocho de julio de mil novecientos noventa y cinco (foja 10), la solicitud de modificación al registro de vehículos de la misma fecha (foja 12) y la ya precisada factura, no son aptas para acreditar la posesión; las dos primeras porque, se afirma, sólo prueban que el quejoso cuenta con permiso para que el vehículo transite como transporte privado, que realizó el trámite administrativo correspondiente e hizo el pago del impuesto relativo; en tanto que de la última se aprecia que el domicilio de la sociedad vendedora del automotor es el mismo que como del quejoso aparece en aquellos documentos públicos, lo que hace "presumir que la posible posesión siempre ha estado ejercida por el dueño del vehículo que es la empresa Contratos y Construcciones Electromecánicas, S.A. de C.V.", por lo que, dice el recurrente, debieron corroborarse con una prueba testimonial. Este aspecto de los agravios es infundado, pues además de que acorde con lo antes expuesto, en términos de la jurisprudencia invocada, la propiedad del quejoso respecto del vehículo que interesa, derecho que se ve afectado por el embargo combatido, está plenamente acreditado con la factura antedicha, y es suficiente para acreditar la afectación al interés jurídico del peticionario del amparo; la posesión también se prueba, además de la presunción generada por la citada factura, con la adminiculación a ésta de las otras documentales que el inconforme señala y con la tarjeta de circulación del año de mil novecientos noventa y seis (foja 14), por lo que no era necesario el desahogo de diverso material probatorio, inclusive la testimonial; y en cuanto al domicilio que aparece en los documentos públicos, aunque sea cierto que es el de la sociedad vendedora, tal evento es claramente insuficiente para desvirtuar la propiedad y el hecho posesorio referidos, porque la circunstancia de que el vendedor y el comprador de un bien declaren ante alguna autoridad que tienen el mismo domicilio, ello no significa que uno ejerza posesión sobre los bienes del otro; ni menos aún, este hecho puede generar, válidamente, dudas sobre la propiedad de los bienes que a cada uno de ellos corresponde, ya que existen formas definidas por la ley y la jurisprudencia para acreditar uno y otro extremo, como en el caso ocurrió.
En consecuencia, no demostrada ni advertida la ilegalidad de la sentencia impugnada, debe confirmarse.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.— Se confirma la sentencia recurrida, cuyo punto resolutivo único dice: "La Justicia de la Unión ampara y protege a Ernesto Herrera Navarro, contra los actos que reclamó del Juez y secretarios ejecutores del Juzgado Octavo de lo Civil de esta ciudad, mismos que se transcribieron en el resultando primero de esta sentencia y para el efecto precisado en el último considerando de esta resolución.".
Notifíquese; anótese en el registro; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Carlos Arturo González Zárate, en funciones de presidente, Francisco José Domínguez Ramírez y ponente Héctor Soto Gallardo.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4389-cae35e75/factura-membretada-carente-de-firma-y-no-objetada · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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