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Modo: Corpus Pro

REPRESENTACION SUSTITUTA DE NUCLEO AGRARIO. REQUISITOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 338/92. · Registro digital (IUS): 1219
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARIA LUISA NAVA OSORIO.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Abril de 1993, , Pág. 172.

AMPARO EN REVISION 338/92. MARIA LUISA NAVA OSORIO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.- Son parcialmente fundados los agravios hechos valer, pero insuficientes para revocar el auto recurrido.

Por principio, conviene precisar que en la resolución que se revisa, el Juez de Distrito desechó la demanda de garantías de María Luisa Nava Osorio, por considerarla manifiesta e indudablemente improcedente, de conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, señalando al respecto que el acto reclamado que, en esencia, es el decreto expropiatorio de treinta de abril de mil novecientos noventa y dos, no afecta a la quejosa en su calidad de poseedora de uno de los inmuebles que afectó ese decreto, pues la expropiación sólo afecta a los titulares del derecho de propiedad y ésta no acreditó ser la propietaria invocando como aplicable al caso, la tesis cuyo rubro es: "EXPROPIACION, PRUEBA DE LA PROPIEDAD EN CASO DE".

Con relación a tales consideraciones, la recurrente afirma, en primer lugar, que no resulta aplicable al caso el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, porque es poseedora de una parcela del ejido afectado, según lo acredita con el documento que contiene la cesión de derechos que a su favor realizó el titular de la parcela, cesión que fue reconocida por el Comisariado Ejidal, por lo que tiene interés jurídico y la desposesión le afecta ese interés.

Sobre el particular, para una mayor claridad cabe señalar que María Luisa Nava Osorio reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el decreto expropiatorio de treinta de abril de mil novecientos noventa y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo del mismo año, por el que se expropia una superficie de 696-95-00.50 hectáreas de temporal de uso común de terrenos ejidales del poblado denominado San Andrés Cholula, del Estado de Puebla, a favor de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Del Congreso de la Unión, la aprobación de la Ley Agraria de veintitrés de febrero del año en curso, publicada en el referido Diario el veintiséis de esos mismos mes y año. Del Secretario de la Reforma Agraria la opinión emitida a través de la Dirección General de Procedimientos Agrarios para la integración del expediente de expropiación. Del Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, la orden de desposesión y su ejecución. Y del Director de la Policía Estatal y del Comandante de la Vigésima Quinta Zona Militar con residencia en esta ciudad, la ejecución de dicha orden.

Ahora bien, la quejosa se ostenta como poseedora (en calidad de avecindada) de una parcela perteneciente al ejido de San Andrés Cholula, Puebla, ubicada en el lote veinte manzana dos de la colonia Concepción La Cruz de tal ejido, en virtud de un reconocimiento de derechos de fecha quince de julio de mil novecientos noventa y uno.

De acuerdo con lo anterior, debe decirse que siendo el decreto reclamado aquel que expropió terrenos del ejido denominado San Andrés Cholula, afecta los derechos colectivos de ese núcleo de población, pues toda resolución presidencial dotatoria, restitutoria o ampliatoria de tierras, concede originalmente al poblado beneficiado la titularidad sobre las mismas, con las limitaciones y modalidades establecidas en la ley, así lo contempla el artículo 51 de la Ley Federal de Reforma Agraria, que cobra actualidad en lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Agraria en vigor a partir del veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, en el sentido de que "Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título". Ilustra lo anterior, la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala Precedentes que no han integrado Jurisprudencia 1969-1985, página 211, que dice: "EXPROPIACION DE BIENES EJIDALES. LA RESOLUCION PRESIDENCIAL DE, AFECTA DERECHOS COLECTIVOS.- Como de conformidad con el artículo 51 de la Ley Federal de Reforma Agraria el núcleo de población ejidal es el único propietario de las tierras y bienes que se señalen en la resolución presidencial dotatoria respectiva, resulta evidente que cualquiera expropiación que se relacione con aquéllos afecta los derechos agrarios colectivos de la comunidad y no los derechos de cualquiera de los ejidatarios, puesto que el perjuicio que les pudiera parar la expropiación es indirecto".

En ese orden de ideas, la expropiación de tierras de un núcleo de población ejidal, como la de que se trata, afecta, en todo caso, los derechos colectivos de éste y no los derechos individuales de los beneficiados con la resolución respectiva; de ahí que, lógica y jurídicamente el núcleo de población es el único legitimado para impugnarla en la vía de amparo por conducto de sus representantes.

Además, aun cuando es cierto que los actos de autoridad que afectan directamente a un núcleo de población, como la expropiación de bienes ejidales, por razón natural, producen una afectación indirecta a alguno de la totalidad de sus integrantes, esa afectación indirecta no confiere legitimación procesal activa a los campesinos en particular para impugnar dichos actos por su propio derecho. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, página 1053, que dice: "DERECHOS COLECTIVOS, ACTOS QUE LESIONAN LOS. NO SE CONFIERE LEGITIMACION ACTIVA EN AMPARO A LOS EJIDATARIOS EN PARTICULAR.- Si bien es cierto que los actos de autoridad que afectan directamente a un núcleo de población, por razón natural, producen una afectación indirecta a alguno o a la totalidad de sus integrantes, esa afectación indirecta no confiere legitimación procesal activa a los campesinos en particular para impugnar sólo se encuentran legitimadas para hacer valer la revisión en dichos actos por su propio derecho. En efecto, quien directamente sufre las consecuencias de esos actos es el núcleo de población como tal, y lógica y jurídicamente es el único legalmente capacitado para impugnarlos en amparo por conducto de sus representantes. De otra forma, se llegaría al absurdo de que los campesinos que recibieron un perjuicio indirecto por un acto de autoridad que afectara al núcleo de que forman parte, en sus derechos colectivos, lograran, en lo particular, mediante una sentencia de amparo (cuyos efectos limita el artículo 76 de la ley de la materia), modificar o destruir la situación jurídica en que se encuentra el núcleo de población no obstante que, al no haberla impugnado el propio núcleo, debe subsistir en beneficio o perjuicio de éste, y en consecuencia, de sus integrantes".

Las consideraciones precedentes permiten concluir que el único legitimado para reclamar en la vía de amparo el decreto expropiatorio y sus consecuencias, entre ellas la privación de la posesión de los bienes comprendidos en la resolución presidencial, es el núcleo de población ejidal, a través de sus representantes, en términos del artículo 213 de la Ley de Amparo, pues es el afectado directamente; por tanto, aun cuando la quejosa tuviere algún derecho sobre la parcela que señala y que, por ello, el decreto expropiatorio y su ejecución le causen una afectación a su interés jurídico y, por consiguiente, deba estimarse que tiene razón en cuanto a que no resulta aplicable al caso la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo; sin embargo, la acción constitucional que ejercita de cualquier manera resulta manifiesta e indudablemente improcedente en términos de la fracción XVIII del citado artículo 73, en relación con los diversos 4o., y 213, fracción I, de la Legislación de Amparo, dado que la peticionaria de garantías resentiría una afectación que no sería directa, sino por el contrario, indirecta, la cual no le confiere legitimación; consecuentemente, el único legitimado para reclamar en la vía de amparo el decreto expropiatorio y sus consecuencias, entre ellas la privación de la posesión de los bienes comprendidos en la resolución presidencial, es quien sufre la afectación en forma directa, o sea, el núcleo de población ejidal, a través de sus representantes, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 213 del ordenamiento legal invocado, como ya ha quedado demostrado con antelación. Apoya lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece en la tesis y Jurisprudencia publicadas en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, respectivamente en las páginas 1054 y 1058 que dicen: La primera "BIENES COMUNALES. ACTOS QUE LESIONAN LOS DERECHOS COMUNALES. NO CONFIEREN LEGITIMACION ACTIVA EN AMPARO A LOS COMUNEROS EN PARTICULAR.- Aun cuando es cierto que los actos de autoridad que afectan directamente a un núcleo de población ejidal o comunal, por razones obvias, producen una afectación indirecta a alguno o a la totalidad de sus integrantes, esa afectación indirecta no confiere legitimación procesal activa a los ejidatarios o comuneros en lo particular para impugnar dichos actos por su propio derecho, ya que quien directamente sufre las consecuencias de estos actos es el núcleo de población como tal, y lógica y jurídicamente es el único capacitado para impugnarlos en la vía de amparo, por conducto de su órgano de representación legal. Luego, en el supuesto de que el ejercicio de la acción constitucional para impugnar tales actos sólo compete a los representantes comunales, que constituyen el órgano de representación legal del núcleo, en los términos de los artículos 307 del código agrario y 358 de la Ley Federal de Reforma Agraria; de interponer la demanda de amparo comuneros en particular, con apoyo en los artículos 4o., 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento del juicio de amparo". La segunda "DERECHOS COLECTIVOS DE LOS NUCLEOS DE POBLACION, AFECTACION DE. AMPARO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS POR SU PROPIO DERECHO. FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA.- Si unos ejidatarios promueven por su propio derecho el juicio de garantías y los actos reclamados son de aquellos que afectan derechos agrarios colectivos del núcleo de población con fundamento en los artículos 4o. y 73 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 74, fracción III, del mismo ordenamiento, debe sobreseerse el juicio porque los quejosos carecen de legitimación procesal activa para ejercitar la acción que intentan. En efecto, el artículo 43, fracción I, del Código Agrario, atribuye a los comisariados ejidales la representación de los núcleos de población ante las autoridades administrativas y judiciales, con las facultades de un mandatario general, y aun cuando el artículo 8o. bis, fracción II, de la Ley de Amparo reconoce la representación substituta para promover el juicio de garantías a nombre de un núcleo, a los miembros del comisariado o del consejo de vigilancia, o a cualquier ejidatario perteneciente al núcleo de población perjudicado, tal representación únicamente opera si, después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no ha promovido juicio de amparo, y siempre que los que lo interpongan lo hagan ostentando la representación substituta prevista legalmente".

Cabe agregar con fines puramente ilustrativos que, tampoco puede estimarse que la quejosa tenga la representación sustituta del núcleo agrario, pues independientemente de que esto ni siquiera lo afirmó (ni acredita su carácter de ejidataria), no satisface los requisitos que para tener por existente esa representación se requieren, en términos de la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al fallar el juicio de amparo en revisión número 318/89, que dice: "REPRESENTACION SUSTITUTA DEL NUCLEO AGRARIO. REQUISITOS.- Los requisitos para que opere la representación substituta de núcleos agrarios por quienes no integran sus órganos directivos, son los siguientes: Que el representante substituto haga valer en el juicio los derechos colectivos del núcleo de población correspondiente; que en la demanda aparezca claramente que la intervención del substituto obedece a la actitud omisa del comisariado y que su intención es, precisamente, suplir esa actitud y asumir la representación del núcleo en defensa de los intereses colectivos de éste; `y que los promoventes acrediten con cualquier constancia fehaciente, ser ejidatarios del núcleo respectivo'".

Es importante señalar que en el caso, no es pertinente que este Cuerpo Colegiado se ocupe de estudiar lo relativo a los derechos que la quejosa ostenta tener sobre la unidad de dotación, es decir, determinar con qué calidad dice poseer la parcela, ejidataria, avecindada u otro carácter, dada la insuficiencia de pruebas sobre el particular y la naturaleza de la cuestión, que involucra la organización interna del ejido; luego, aunque los actos reclamados en cierta forma afecten su interés jurídico, la misma por ser indirecta no la legitima para impugnarlos en la vía constitucional, siendo el único legitimado para ello, el núcleo de población ejidal por conducto de sus representantes legales, de acuerdo con las razones ampliamente explicadas.

En las condiciones relatadas, debe decirse que no resultan aplicables las jurisprudencias que la inconforme invoca y transcribe, cuyos rubros son: "AGRARIO. POSESION PARCELARIA. SU PROTECCION MEDIANTE EL JUICIO CONSTITUCIONAL EN MATERIA AGRARIA" y "AGRARIO. POSESION EN CUALQUIER CASO DEBE BRINDARSE OPORTUNIDAD DE DEFENSA PREVIAMENTE A LA ORDEN PARA PRIVAR DE LA". Toda vez que aunque se refieren a que en la privación de la posesión agraria debe respetarse la garantía de audiencia, en el caso, dado que la expropiación y su inminente ejecución traducida en la privación de la posesión de los inmuebles comprendidos, afecta directamente al núcleo de población, sólo éste a través de sus representantes es el único capacitado para reclamar, en la especie, el respeto a esa garantía individual.

Conviene precisar que, la quejosa también reclama la inconstitucionalidad de la Ley Agraria de veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y dos, pero no debe pasarse por alto que esta reclamación la hace depender de que tal legislación se aplicó en el referido decreto expropiatorio, el cual ya se dijo, sólo puede ser impugnado en la vía constitucional por el núcleo de población ejidal afectado, por conducto de sus representantes; de ahí que, la amparista tampoco pueda reclamar la inconstitucionalidad de la ley que dice se aplicó en el decreto por falta de legitimación procesal al respecto.

No está por demás destacar que tiene razón la recurrente en cuanto a que el juicio de amparo de que se trata es de materia agraria, pues en el caso se reclaman actos que afectan directamente a un núcleo de población ejidal, y jurídicamente, tienen el carácter de "materia agraria" los asuntos en que se reclamen actos que de alguna manera afecten directa o indirectamente el régimen jurídico agrario que la legislación de la materia, es decir, el artículo 27 de la Constitución General de la República, la Ley Agraria y sus Reglamentos, establecen en favor de los núcleos de población ejidal o comunal, ejidatarios o comuneros. Sin embargo, esa circunstancia no autoriza a suplir en favor de la amparista la deficiencia de la queja, como lo pretende, toda vez que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 76 bis, en relación con los artículos 227 y 212 de la Ley de Amparo, dicha suplencia sólo es procedente en favor de los núcleos de población ejidal o comunal, ejidatarios o comuneros, y en el caso, no está acreditado en forma fehaciente que la queja se encuentre ubicada en alguna de esas hipótesis; de cualquier manera, como se ha visto, no existe queja deficiente que suplir en beneficio de la peticionaria de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación invocado, Segunda Parte, página 1834, que dice: "MATERIA AGRARIA. SU CONNOTACION.- Del análisis de la adición a la fracción II del artículo 107 constitucional y de las reformas correlativas a la Ley de Amparo en decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 4 de febrero de 1963, así como de sus respectivas exposiciones de motivos y de su proceso legislativo, se concluye que por amparo en materia agraria se entiende el régimen peculiar que tiene por objeto la tutela jurídica especial de los ejidatarios, comuneros y núcleos de población ejidal o comunal, en sus derechos agrarios, que, modificando algunos principios reguladores del tradicional juicio de garantías, se instituye en el contenido normativo de la citada adición a la fracción II del artículo 107 constitucional. Ahora bien, si ese instituto tiene por objeto proteger a los ejidatarios, comuneros, núcleos de población ejidal o comunal en sus `derechos y régimen jurídico', en su `propiedad, posesión o disfrute de sus bienes agrarios', en sus `derechos agrarios', en su `régimen jurídico ejidal', cabe concluir que tiene carácter de `materia agraria' cualquier asunto en el que se reclamen actos que de alguna manera afecten directa o indirectamente el régimen jurídico agrario que la legislación de la materia, es decir, el artículo 27 de la Constitución, el Código Agrario y sus Reglamentos, establecen en favor de los sujetos individuales y colectivos antes especificados; ya sea que tales actos se emitan o realicen dentro de algún procedimiento agrario en que, por su propia naturaleza, necesariamente están vinculados con las cuestiones relativas al régimen jurídico agrario mencionado, o bien cuando, aun provenientes de cualesquiera otras autoridades, pudieran afectar algún derecho comprendido dentro del aludido régimen jurídico agrario".

Las consideraciones que anteceden conducen a confirmar, aunque por diverso motivo, el auto sujeto a revisión.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción I, 85 fracción I, 86, 88, 90 y 91 de la Ley de Amparo, 43 y 44 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.- Se confirma el auto recurrido.

SEGUNDO.- Se desecha por improcedente la demanda de garantías promovida por María Luisa Nava Osorio, contra los actos que reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Congreso de la Unión, Secretario de la Reforma Agraria, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, Director de la Policía Estatal y Comandante de la Vigésima Quinta Zona Militar, estas dos últimas autoridades con residencia en esta ciudad, actos que fueron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el expediente.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Gustavo Calvillo Rangel, José Galván Rojas y Tarcicio Obregón Lemus, en la inteligencia de que el Magistrado Calvillo Rangel, fundó voto. Fue ponente el señor Magistrado Tarcicio Obregón Lemus y firman los señores Magistrados con el secretario de Acuerdos que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1219-00a8d87a/representacion-sustituta-de-nucleo-agrario-requisitos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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