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Modo: Corpus Pro

AGRAVIOS EN LA REVISION FISCAL. INSUFICIENCIA DE LOS.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 27/92. · Registro digital (IUS): 1221
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SANITARIA DE LORETO, S.A. DE C.V.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Enero de 1993, , Pág. 69.

REVISION FISCAL 27/92. SANITARIA DE LORETO, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

CUARTO.- Los agravios antes transcritos, son parcialmente fundados.

En efecto, como correctamente lo alega el recurrente, del artículo 38 fracción III del Código Fiscal de la Federación no se desprende que en la orden de visita deba señalarse específicamente lo que precisa la Sala a quo, para tener por satisfecho el requisito del objeto a que se refiere la fracción del precepto en comento, que establece: "38.- Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos: III.- Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate.".

De lo anterior se advierte que entre las formalidades que debe reunir un acto administrativo que como la orden de visita deba ser notificado, se encuentra el objeto del mismo; pero este requisito se considera satisfecho en casos como el de la especie con la sola mención de lo que se debe revisar, sin necesidad de referirse en forma específica a cada uno de los impuestos cuyo cumplimiento pretenden cerciorarse las autoridades fiscales; es decir, basta que se haya indicado que se verificarían los impuestos federales coordinados para estimar satisfecho el requisito de que se trata, porque en este concepto queda comprendido el impuesto al valor agregado, que fue precisamente el revisado en la auditoría practicada a la actora.

El documento de mérito en lo conducente consigna: "para tal efecto, se servirá(n) usted(es) proporcionar a los CC. ...visitadores adscritos a la Dirección de Fiscalización, dependiente de esta Secretaría de Finanzas del Estado, quienes podrán actuar conjunta o separadamente, todos los libros principales y auxiliares, registros, documentos, correspondencia y demás efectos contables que estimen necesarios para el eficaz cumplimiento de su función, permitiéndoles el acceso a sus oficinas, instalaciones, fábricas, bodegas, locales comerciales y cajas de valores, suministrarles todos los documentos que soliciten, con el objeto de que verifiquen el cumplimiento de sus obligaciones principales, formales y/o accesorias por los Impuestos Federales Coordinados señalados en las fracciones I, II, III, IV y V de la cláusula SEGUNDA del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, de los cuales deba(n) usted(es) responder en forma directa, solidaria u objetiva" (foja cincuenta y cuatro).

La orden de visita emitida por el Secretario de Finanzas demandado sí satisfizo el requisito constitucional y el legal, referente a que toda orden de visita domiciliaria debe señalar su objeto, tanto más que los elementos consignados en dicho documento fueron suficientes para que la contribuyente se enterara del motivo de la auditoría y no quedara en estado de indefensión.

Por ende, la Sala a quo en la sentencia recurrida hizo una interpretación indebida de lo dispuesto por el artículo 38 fracción III del Código Fiscal de la Federación, al considerar que en la orden de visita controvertida no se precisaron las obligaciones a cargo de la contribuyente y que revisarían los auditores que la practicaron y que las autoridades hacendarias debieron precisar de manera clara y por su nombre, los impuestos a revisar y no concretarse a expresar en forma genérica el objeto de la orden de visita.

Ciertamente, si bien las autoridades hacendarias en ejercicio de sus facultades de comprobación deben precisar el objeto del acto administrativo, como lo es una orden de visita, en el caso, la orden cuestionada sí señaló con precisión qué gravámenes serían objeto de revisión, al referirse a los impuestos federales coordinados señalados en las fracciones I, II, III, IV y V de la cláusula segunda del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, entre los que se encuentra precisamente el impuesto al valor agregado. Es decir, la orden no aludió a cualquier obligación fiscal, sino que se refirió a impuestos, y dentro de éstos a los federales coordinados.

Por último, cabe destacar que no existe disposición legal que obligue a las autoridades hacendarias a enumerar cada uno de los impuestos a revisar, ni mucho menos a precisar en forma indudable las obligaciones que a cargo del contribuyente visitado se van a revisar por las autoridades hacendarias; ya que las obligaciones a cargo del causante derivan de las normas tributarias, y las autoridades hacendarias únicamente se encuentran facultadas para revisar su cumplimiento.

El criterio anterior lo ha sustentado este Tribunal Colegiado al resolver los amparos directos números 246/89, 427/89, 164/90, 173/90, 400/90, 203/91 y 222/91, de cuya última ejecutoria se extrajo la tesis que dice: "ORDEN DE VISITA. PARA SU VALIDEZ BASTA SEÑALAR QUE SE REVISARAN TODAS LAS OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE.- Una interpretación de los artículos 16 constitucional y 38 fracción III del Código Fiscal de la Federación, permite concluir que la orden de visita debe especificar el objeto de la misma, quedando satisfecho dicho requisito cuando la orden indicada, en forma genérica, establece las obligaciones fiscales cuyo cumplimiento se verificará durante la visita, es decir, que la visita tendrá por objeto revisar todas las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente, sin que dichos preceptos obliguen a la autoridad a enumerar cada uno de los impuestos sujetos a revisión".

También debe tomarse en cuenta que la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en la jurisprudencia número 282, ha sustentado el siguiente criterio: "ORDEN DE VISITA. PARA SU VALIDEZ BASTARA SEÑALAR QUE SE REVISARIAN TODAS LAS OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE. CODIGO FISCAL DE 1967.- Según lo previsto por el artículo 84, fracción I, inciso c), del Código Fiscal de 1967, en la orden de visita debían especificarse las obligaciones fiscales cuyo cumplimiento se verificaría durante la visita. Tal requisito quedaba satisfecho cuando la orden indicaba, en forma genérica, que la visita tendría por objeto revisar todas las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente, sin que el precepto legal mencionado obligara a enumerar cada uno de los impuestos sujetos a revisión" (Texto aprobado en sesión del día treinta de enero de mil novecientos ochenta y siete).

Debe señalarse que por las consideraciones antes vertidas este Cuerpo Colegiado no comparte el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito en la jurisprudencia invocada por la Sala a quo como fundamento de su determinación y que se encuentra publicada en las páginas 53 y 54, de la Gaceta número 36, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de diciembre de 1990, bajo el rubro: "ORDENES DE VISITA, DEBEN PRECISAR CLARAMENTE SU OBJETO".

Por otra parte, la sala a quo al analizar el cuarto de los conceptos de anulación vertidos por la actora, estimó que ni en el acta parcial de inicio ni en el acta final se precisaron los datos relativos a los documentos utilizados por los visitadores de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla que permitan tener por satisfechos los requisitos de la debida identificación de los visitadores a que se refiere la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 6/89, ya que en dichas actas levantadas el trece de junio de mil novecientos ochenta y ocho y el veintiséis de octubre de mil novecientos ochenta y nueve se omitió asentar entre otras circunstancias la fecha de expedición de los documentos exhibidos, para con ello precisar su vigencia y tener así la seguridad de que efectivamente esa persona presta sus servicios en la Secretaría demandada; y después de transcribir las mencionadas actas, concluyó que resulta insuficiente la circunstanciación llevada cabo en las actas levantadas con motivo de la visita domiciliaria practicada a la contribuyente, porque para ello es menester consignar: a).- El nombre de quien las expide; b).- El fundamento legal por el cual las emite con el propósito de precisar su vigencia; y, c).- Todos los datos relativos a la personalidad de los visitadores y su representación.

Ahora bien, de la lectura de los agravios expresados por el inconforme, los cuales se han dejado transcritos en el considerando segundo de esta ejecutoria, claramente se desprende que no impugna ni mucho menos desvirtúa una de las consideraciones fundamentales en que se sustentó la sentencia recurrida, consideración ésta suficiente para anular la resolución impugnada, relativa a que en las actas levantadas con motivo de la visita domiciliaria practicada a la actora no se consignan todos los datos relativos a la personalidad de los visitadores y su representación, pues los argumentos vertidos por el recurrente tienden a demostrar la ilegalidad de las consideraciones vertidas por la inferior, referentes a que sí se consignó el nombre de quien las expidió y la fecha de expedición de los documentos exhibidos y con los cuales se identificaron los auditores. De lo anterior claramente se desprende que no impugna ni mucho menos desvirtúa porque no hace valer argumento jurídico concreto para combatir la consideración antes precisada en que se sustentó la sentencia impugnada. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver las revisiones fiscales 114/88, 13/89, 21/90 y 16/92, que dice: "- Si la resolución del Tribunal Fiscal de la Federación se apoya en dos diversos fundamentos legales, siendo cualquiera de los dos apto para anular la resolución impugnada y solamente se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de uno de ellos, se impone confirmar la resolución recurrida por insuficiencia de los agravios".

Expuesto lo anterior, conviene transcribir lo asentado por los visitadores en las actas parcial de inicio y el acta final, de trece de junio de mil novecientos ochenta y ocho y veintiséis de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, que obran a fojas de la sesenta y dos a la ciento diez, en las que se hace constar lo siguiente: "Ante el C. LAE. CARLOS ORTIZ ROSAS, Asesor de la empresa visitada, los visitadores en el orden indicado anteriormente se identificaron el primero y el segundo con credenciales oficiales y el tercero con oficio No. 2766; las credenciales expedidas por el C. Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Puebla y el oficio por el C. Subsecretario de Ingresos C.P. JOSE LUIS ORDUÑA MORA, documentos en los cuales aparecen sin lugar a dudas la fotografía, el nombre y la firma de cada uno de los actuantes mismos que fueron exhibidos a dicha persona, quien los examinó cerciorándose de sus datos los cuales coinciden con los de la orden y el perfil físico de cada uno de los visitadores expresando su conformidad sin producir objeción alguna, devolviéndolos a sus portadores...". "Se hace constar que los CC. RUBEN GARCIA BAUTISTA, ERNESTO ALEMAN PEREZ, MEDINA RODRIGUEZ (SIC), DAVID LEGASPE CERVANTES, CELIA ROCIO FLORES MEZA (NO LEGIBLE), YOLANDA BELLO PEREZ Y CARLA MARIA FABIOLA STRAFFON DIAZ, visitadores que actuaron al inicio de la visita, se identificaron el primero, el segundo, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo con credencial oficial expedida por el C. Oficial Mayor del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Puebla, con vigencia para el mismo año, y el tercero se identificó con oficio de identificación No. 2766 expedido por el C. Secretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, el día 20 de mayo de 1988, con vigencia para el año de 1988...". Lo anterior, lo consideró así la Sala a quo en la sentencia recurrida e incluso el recurrente lo acepta en su escrito de expresión de agravios, por lo que en este aspecto no existe controversia de los hechos asentados en las actas de visita de referencia.

Sobre el particular, conviene señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 6/89, entre las sustentadas por el Tercero y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, consideró que debía prevalecer el criterio del primero de ellos, por lo que dicha resolución de contradicción de tesis constituye jurisprudencia obligatoria, atento lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1064, visible en la página 1699, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, publicada bajo el rubro: "JURISPRUDENCIA. LA CONSTITUYE UNA RESOLUCION DICTADA EN DENUNCIA DE CONTRADICCION DE TESIS".

El criterio a que se ha hecho referencia aparece publicado como tesis número 2a. 6/90, en la página 72, de la Gaceta número 35, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de noviembre de 1990, que dice: "VISITAS DOMICILIARIAS. REQUISITOS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS INSPECTORES QUE LAS PRACTICAN.- Para satisfacer con plenitud el requisito legal de identificación en las visitas domiciliarias, es necesario que en las actas de auditoría se asienten todos los datos necesarios que permitan una plena seguridad de que el visitado se encuentra ante personas que efectivamente representan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que por tal motivo pueden introducirse a su domicilio, por lo que es menester se asiente la fecha de las credenciales y el nombre de quien las expide para precisar su vigencia y tener la seguridad de que esas personas efectivamente prestan sus servicios en la Secretaría, además de todos los datos relativos a la personalidad de los visitadores y su representación, tomando también en cuenta que mediante la identificación mencionada, se deben dar a conocer al visitado cuestiones relacionadas con esa personalidad, para protegerlo en sus garantías individuales, ya que de esas prácticas de inspección o visita, pueden derivar posibles afectaciones a sus intereses jurídicos".

Como el sumario antes transcrito no comprende en su integridad lo medular del criterio que se estimó por el máximo Tribunal de la Nación es el que debe prevalecer, conviene hacer una transcripción en lo conducente de la ejecutoria sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "CUARTO.- Debe prevalecer el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ...Por lo que es menester se asiente la fecha de las credenciales, para precisar su vigencia y tener la seguridad de que esas personas efectivamente prestan sus servicios en la Secretaría y QUIEN EXPIDE LAS MISMAS E INDICAR NO SOLO EL ORGANO, SINO SU TITULAR Y LA NORMA QUE LE DA COMPETENCIA PARA EMITIR DICHAS IDENTIFICACIONES, así como todos los datos relativos a la personalidad de los visitadores y su representación...".

Asimismo, como en el referido sumario no se precisa en su integridad lo medular del criterio de la ejecutoria respectiva, emitida por el mencionado Tribunal Colegiado, que según la Segunda Sala debe prevalecer, conviene también transcribir en lo conducente, la tesis jurisprudencial 9/89, formada por dicho Tribunal Colegiado, que textualmente establece: "IDENTIFICACION DE LOS AUDITORES FISCALES EN LA PRACTICA DE VISITAS DOMICILIARIAS. REQUISITOS... y que por tal motivo, pueden introducirse a su domicilio, por lo que es menester se asiente la fecha de las credenciales para precisar su vigencia y tener la seguridad de que esas personas efectivamente prestan sus servicios en la Secretaría y quién expide las mismas e indicar no sólo el órgano, sino su titular y la norma que le da competencia para emitir dichas identificaciones, así como...".

También debe tomarse en cuenta que la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, por acuerdo número 26, de fecha dos de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, modificó su jurisprudencia número 91, publicada en la Revista del Tribunal Fiscal de la Federación número 36, correspondiente al mes de diciembre de 1990, que dice: "ACTAS DE VISITA. IDENTIFICACION DE LOS VISITADORES.- El artículo 84, fracción II del Código Fiscal de la Federación de 1967, ordena que al iniciarse una visita se deben identificar los visitadores y la fracción V del precepto en comento establece que los visitadores harán constar en el acta en forma circunstanciada los hechos u omisiones observados, de donde se incluye la obligación de los visitadores de asentar en el acta que levanten, los pormenores del documento con el cual se identificaron, toda vez que la circunstanciación del acta debe cumplirse desde el inicio de la diligencia".

De los criterios antes transcritos, debe concluirse que el requisito legal de identificación en las visitas domiciliarias, sólo queda satisfecho si, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 44 fracción III en relación con el 46 fracción I del Código Fiscal de la Federación, se detalla pormenorizadamente en el acta circunstanciada que al efecto se levante, esto es, que en las actas de auditoría se asienten todos los datos necesarios para que exista plena seguridad de que el visitado, en casos como el presente, se encuentra ante personas que efectivamente representan a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, siendo necesario que se asiente la fecha de las credenciales, para con ello precisar su vigencia y tener así la seguridad de que esa persona que se identificó como auditor efectivamente prestaba sus servicios en dicha Secretaría de Estado precisamente en la fecha de desahogo del acta correspondiente; así como quién las expide, indicando no sólo el órgano en donde el funcionario correspondiente desempeña sus servicios, sino el nombre del titular e inclusive la norma que le da competencia para emitir dichas identificaciones, para que así el particular tenga la seguridad de que quien pretende introducirse a su domicilio a practicar la visita efectivamente presta sus servicios en dicha Secretaría de Estado, además de hacerse constar todos los datos relativos a la personalidad de los visitadores y su representación, tomando también en cuenta que el visitado debe conocer todos los pormenores relacionados con esa personalidad, para que de esta forma quede protegido en sus garantías individuales.

En contra de lo que alega el inconforme, de las transcripciones antes realizadas, tanto de las tesis como de las ejecutorias en que se sustentaron, claramente se desprende que para tener por legalmente efectuada la identificación de los visitadores que practicaron una auditoría, es preciso que en las actas circunstanciadas que levanten, asienten la fecha de las credenciales que para tal efecto emplearon, así como para poder precisar su vigencia y tener la seguridad de que las personas que las muestran, portadoras de las mismas, que se identifican ante el contribuyente y que pretenden introducirse a su domicilio, en la fecha de verificación de la diligencia correspondiente prestan sus servicios en la dependencia que los comisione para tal efecto; por ende, en contra de lo que alega el recurrente, debe decirse que conforme a los criterios de referencia en tales actas habrán de asentarse aquellos datos relacionados con la personalidad y representación de los auditores, tal como lo consideró la Sala responsable.

En efecto, entre otros de los datos que se deben asentar en las referidas actas son precisamente: 1.- Quién expide las identificaciones, indicando no sólo el órgano sino el nombre de su titular; y, 2.- La norma que le da competencia a dicho funcionario para emitir dichas identificaciones; igualmente debe darse a conocer al visitado todos los datos relativos a la personalidad de los visitadores y su representación, especificando la dependencia, departamento o unidad a que pertenezcan, de quién dependen y a quién representan, incluso si sobre la fotografía del visitador que conste en la credencial o medio identificatorio correspondiente, ostenta el sello de la dependencia, para que no exista duda de que es precisamente la persona, que por su media filiación y características, comisionada para el desahogo de la visita domiciliaria y que el particular le va a permitir el acceso a su domicilio fiscal.

Tampoco tiene razón el recurrente cuando alega que la Sala del Tribunal Fiscal de la Federación, va más allá de lo que establece la jurisprudencia del máximo Tribunal de la Nación al aludir a mayores requisitos de los contemplados, pues como se ha dejado precisado, lo estimado en este aspecto se reduce a los datos relativos a la personalidad y representación a que aluden los criterios antes transcritos. Inclusive, este Tribunal Colegiado al resolver las revisiones fiscales número 36/91, 37/91 y 14/92, se pronunció en similares términos a los de esta ejecutoria.

El recurrente sustancialmente alega que la Sala a quo exige mayores requisitos a los que se contrae la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y específicamente señala que no es necesario que se asiente en el acta respectiva que la persona que expidió las identificaciones estaba o no facultada para ello, ya que este requisito no lo establece dicho criterio. Carece de razón, pues en la especie no se están estableciendo mayores requisitos que los exigidos en la mencionada jurisprudencia del máximo Tribunal de la Nación, pues como se ha precisado con anterioridad, la Sala a quo procedió correctamente al señalar que ni en el acta parcial de inicio de trece de junio de mil novecientos ochenta y ocho, ni tampoco en el acta final de veintiséis de octubre de mil novecientos ochenta y nueve los auditores se identificaron conforme a derecho, ya que habrán de asentarse entre otros, aquellos datos relacionados con la personalidad y representación de los auditores, que son precisamente: 1.- Quién expidió las identificaciones; indicando no sólo el órgano, sino el nombre de su titular; y, 2.- La norma que le dé competencia a dicho funcionario para emitir las referidas identificaciones; sin que sea punto controvertido el hecho de que si la contribuyente permitió el acceso a su domicilio fiscal, ello implique que se identificaron legalmente.

El recurrente sostiene que no está sujeto a discusión el hecho de que los auditores se identificaron ante la contribuyente al practicar la visita domiciliaria, ya que la actora nunca negó que los auditores no se hubieran identificado y tampoco que las personas que se constituyeron en su domicilio no hayan sido las mismas que fueron comisionadas en la orden de auditoría respectiva o bien que se tratara de personas diferentes, ya que lo argumentado por la enjuiciante fue la falta de circunstanciación de la identificación de los auditores. Carece de razón, pues como se ha dejado debidamente precisado, para la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a los criterios antes transcritos, la falta de circunstanciación de la identificación de los auditores implica la no identificación de los mismos; es decir, para dicha Sala del máximo Tribunal de la Nación implica lo mismo la falta de circunstanciación de la identificación en el acta correspondiente, que los auditores no se hubiesen identificado.

Es cierto que la auditoría es una sola actuación jurídica llevada a cabo por las autoridades hacendarias y que es menester para ello el levantamiento de distintas actas durante el desarrollo de la misma, pues para llevar a cabo sus facultades de comprobación las actuaciones de la autoridad se prolongan en el tiempo; empero, como quiera que sea, en las actas de visitas no se precisa quién expidió las identificaciones, indicando no sólo el órgano, sino el nombre de su titular, ni mucho menos la norma que le da competencia a dicho funcionario para emitir las identificaciones, y en este aspecto la Sala a quo no careció de fundamento jurídico.

También es cierto que en el acta parcial de inicio de trece de junio de mil novecientos ochenta y ocho, se asentó que el primero y segundo de los visitadores se identificaron ante la persona con quien entendieron la diligencia con sus credenciales oficiales y el tercero con el oficio número 2766, las credenciales referidas expedidas por el Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Puebla y el oficio por el Subsecretario de Ingresos, contador público José Luis Orduña Mora; empero, de los dos primeros visitadores no se señala el nombre del titular de la dependencia que expidió las identificaciones y del tercero no se indica con precisión la dependencia u órgano que expidió dichas credenciales, pues tan sólo se menciona que fueron expedidas por el "Subsecretario de Ingresos C.P. José Luis Orduña Mora", pero no se indica a qué dependencia, órgano, secretaría o unidad corresponde esa Subsecretaría de Ingresos, ni tampoco se puede inferir a base de presunciones.

Sin embargo, tiene razón el inconforme cuando alega, en la segunda parte del segundo agravio, que si la Sala a quo consideró que la autoridad hacendaria demandada no satisfizo los lineamientos que deben observarse durante la práctica de la visita domiciliaria efectuada a la actora, porque la identificación de los auditores que la desahogaron fue deficiente, que es un requisito contemplado en el artículo 44 fracción III del Código Fiscal de la Federación, se debió decretar la nulidad conforme al artículo 238 fracción II del ordenamiento legal en cita, lo que implica que la nulidad decretada debió ser para efectos y no lisa y llana como lo hizo la Sala a quo.

En efecto, la Sala del Tribunal Fiscal de la Federación, estimando también fundado el cuarto de los conceptos de anulación formulados por la actora, concluyó que los auditores que desahogaron la visita domiciliaria, al momento de identificarse, no asentaron detalladamente los requisitos a que se contrae la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del máximo Tribunal de la Nación, es decir, que no se cumplió con lo dispuesto por el invocado artículo 44 fracción III, que textualmente establece: "En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados, responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente: III.- Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal, los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia...". De dicho precepto claramente se desprenden los requisitos que deben observarse durante la práctica de una visita domiciliaria, los cuales incuestionablemente otorgan derechos y obligaciones a favor o a cargo tanto de las autoridades hacendarias como de los contribuyentes.

Por ende, la omisión de alguno de tales requisitos formales exigidos por dicho precepto, como en la especie resulta ser la identificación defectuosa de los auditores que practicaron la visita domiciliaria por falta de circunstanciación de la misma, encuadra en la causal de nulidad contemplada en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, que dispone: "Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: II.- Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso". Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver la revisión fiscal 14/92, que dice: "SENTENCIA FISCAL. NULIDAD PARA EFECTOS Y NO LISA Y LLANA, TRATANDOSE DE LA IDENTIFICACION DE AUDITORES.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado los requisitos que se deben asentar en el acta circunstanciada que se levante con motivo de una visita domiciliaria, referente a la identificación de los auditores; por ende, la omisión de este requisito formal contemplado en la fracción III del artículo 44 en relación con la fracción I del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, relativo a la circunstanciación de la identificación de los auditores, implica que se surta la causal de nulidad contemplada en la fracción II del artículo 238 del ordenamiento tributario en cita".

Esto es así, tomando en consideración que la resolución impugnada en el juicio contencioso-administrativo del que deriva la presente revisión, es la contenida en el oficio sin número de once de junio de mil novecientos noventa y uno, emitida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla (foja veinticinco y siguientes), por virtud de la cual se determinó un crédito fiscal a cargo de la contribuyente. Sentado lo anterior, debe decirse que en la especie no se surte ninguno de los supuestos contemplados en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, que invocó la Sala a quo en la sentencia recurrida, para decretar la nulidad de la resolución impugnada, pues dicho precepto establece: "Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestra alguna de las siguientes causales: IV.- Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas". En el caso concreto, independientemente de que la Sala a quo no precisa cuál de los supuestos se surtió en la especie, debe decirse que este Tribunal Colegiado no advierte que se haya surtido alguna de las hipótesis contempladas en la fracción antes transcrita. Esto es así, tomando en consideración que los hechos que la motivaron (a la resolución que determinó el crédito fiscal combatida en el juicio de nulidad) sí se realizaron, no fueron distintos de los consignados en la misma, ni mucho menos los hechos se apreciaron en forma equivocada; ya que en la especie tan sólo se omitió un requisito formal, establecido en el artículo 44 fracción III del Código Tributario, al desahogarse la visita domiciliaria.

Tampoco la resolución impugnada en el juicio de nulidad se dictó en contravención de las dispo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1221-fd8067db/agravios-en-la-revision-fiscal-insuficiencia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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