DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTUDIARSE EN SU INTEGRIDAD.
AMPARO EN REVISION 376/92. ISABEL CRISTINA ROJAS CASTRO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.- Son esencialmente fundados los agravios hechos valer.
En efecto, asiste razón a la inconforme en cuanto a que la sentencia recurrida es violatoria de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, ya que como se alega insistentemente, en dicho fallo el Juez de Distrito no apreció ni estudió el acto que aparece fue reclamado en la demanda de garantías.
Para así estimarlo, conviene destacar que de la parte considerativa de la sentencia que se revisa se aprecia que el Juez Federal a quo negó a la quejosa la protección constitucional sobre la base de que habiendo reclamado el embargo trabado respecto de una fracción que se segregó del Rancho San Diego y San Juan Cuautlancingo, ubicado en Cholula, Puebla, derivado del juicio ejecutivo mercantil tramitado en el expediente número 1255/91 del Juzgado Noveno de lo Civil de esta ciudad de Puebla, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de dicho distrito el dos de octubre de mil novecientos noventa y uno, la anotación del primer aviso preventivo de la Notaría Pública Número Dos del referido Distrito Judicial, relativo a la elaboración de la escritura del contrato de compraventa de veinte de febrero de mil novecientos noventa y dos, mediante la que la amparista adquirió el citado predio, al ser de tres de marzo de mil novecientos noventa y dos, es de fecha posterior a la inscripción de este gravamen; que además para la época en que adquirió el bien (20 de febrero de 1992), ya aparecía inscrito ese embargo, por lo que es causahabiente de Arturo Migoya Velázquez anterior propietario del inmueble y demandado en aquel juicio ejecutivo mercantil.
Sin embargo, como bien lo alega la recurrente de su demanda de garantías se deduce que el acto reclamado en la vía constitucional no fue el embargo inscrito el dos de octubre de mil novecientos noventa y uno en la referida oficina registral, sino el que se inscribió el nueve de marzo de mil novecientos noventa y dos, respecto del bien en cuestión, derivado del mismo juicio ejecutivo mercantil número 1255/91 del Juzgado Noveno de lo Civil de la ciudad de Puebla, para corroborarlo es pertinente destacar algunos datos que obran en aquella demanda; en efecto, en el capítulo relativo al acto reclamado, Isabel Cristina Rojas Castro señaló que reclama la orden de inscripción del embargo trabado sobre el inmueble antes señalado, deducida del expediente número 1255/91 del Juzgado Noveno de lo Civil de esta capital (sin precisar la fecha de inscripción), en el apartado de antecedentes refirió en esencia, que el veinte de febrero de mil novecientos noventa y dos, adquirió el inmueble de que se trata por compraventa que celebró con Arturo Migoya Velázquez, Ana María Verónica Mastreta Guzmán y Gonzalo Migoya Velázquez, a través de sus representantes legales Perfecto Migoya Valdez y Emérita Velázquez A. Larrús de Migoya, ante la fe del Notario Público Número Dos del Distrito Judicial de Cholula, de esta entidad federativa, que ese fedatario giró un oficio de aviso preventivo de elaboración de escritura pública que se presentó el tres de marzo de mil novecientos noventa y dos en el Registro Público de la Propiedad del referido Distrito Judicial; que de acuerdo con el certificado expedido por esa oficina registral el inmueble en cuestión reporta cuatro gravámenes, dos de ellos deducidos del juicio ejecutivo mercantil tramitado en el expediente número 1255/91 del Juzgado Noveno de lo Civil de la ciudad de Puebla, uno inscrito el dos de octubre de mil novecientos noventa y uno y el otro nueve de marzo de mil novecientos noventa y dos, el tercero derivado del juicio ejecutivo mercantil que se tramita con el número 339/92 del Juzgado Tercero de lo Civil de esta capital, de dieciséis de marzo de este año, y el cuarto, deducido del expediente 341/92 del Juzgado Tercero de lo Civil de la Ciudad de Puebla, también de dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y dos; aclarando en sus conceptos de violación textualmente lo siguiente: "Siendo preciso resaltar, que aunque lo ignoraba (porque la vendedora manifestó que no había gravamen alguno, cláusula segunda), únicamente existía anterior a la fecha, el gravamen a que se refiere el inciso I del certificado de gravámenes, que anexo; pero el cual, según oficio número 672, deducido del expediente 1255/91, del Juzgado Noveno de lo Civil, se encuentra cancelado.".
Lo anterior pone de manifiesto que, efectivamente, el acto reclamado en el juicio de amparo no fue el embargo inscrito el dos de octubre de mil novecientos noventa y uno respecto del referido inmueble, sino el que sobre el mismo inmueble se inscribió el nueve de marzo de mil novecientos noventa y dos, pues tocante al primero, la quejosa claramente señaló que ya se encontraba cancelado, y los dos restantes derivan de expedientes distintos al número 1255/91 del Juzgado Noveno de lo Civil de esta ciudad de Puebla; además, la lectura de sus argumentos permite inferir que impugnan el embargo inscrito en el Registro Público de la Propiedad después de presentado el aviso preventivo de tres de marzo de mil novecientos noventa y dos, que indudablemente es el que se inscribió el nueve de marzo de mil novecientos noventa y dos. Esto conduce a concluir que, como se alega, el Juez de Distrito no apreció el acto que fue reclamado en la demanda de garantías, al no analizar ésta en su integridad, lo que debió hacer pues constituye un todo, por lo que estaba obligado a atender a todos aquellos actos que en la misma se señalaran, pudiendo para ello apoyarse en el estudio de sus capítulos relativos a los actos reclamados, antecedentes y conceptos de violación, ya que la demanda de amparo es indivisible y debe ser considerada en su totalidad, de ahí que al no actuar de tal forma dejó de observar lo dispuesto por el artículo 77, fracción I de la ley de la materia, en tanto de conformidad con esta disposición la sentencia que se pronuncie en el amparo debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al fallar los juicios de amparo en revisión números 334/88, 373/88, 376/88 y 381/89, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTUDIARSE EN SU INTEGRIDAD.- Tomando en consideración que la demanda de garantías constituye un todo, es incuestionable que el a quo está obligado a analizarla en su integridad y atender a todos aquellos actos que en la misma se señalen como reclamados, ya que de no hacerlo así resulta claro que con tal omisión el Juez de Distrito deja de observar lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, pues la sentencia que pronuncie en forma alguna contiene la fijación clara y precisa de los actos reclamados.".
También resulta aplicable la tesis que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, página 163, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, ENTENDIMIENTO DE LA, POR EL JUEZ.- El Juez constitucional no incurre en suplencia de la queja resolviendo sobre actos no reclamados en la demanda, en caso de que de la lectura de sus partes esenciales, actos reclamados, antecedentes y conceptos de violación, permita la determinación del acto reclamado; ya que ni la circunstancia de que el amparo sea de estricto derecho impide al juzgador apreciar íntegramente la demanda de garantías, que es indivisible y debe ser considerada en su totalidad.".
Ahora bien, precisado que el acto reclamado en la demanda de garantías es el embargo trabado respecto de una fracción que se agregó del Rancho San Diego y San Juan Cuautlancingo, ubicado en Cholula, Puebla, derivado del juicio ejecutivo mercantil número 1255/91 del Juzgado Noveno de lo Civil de esta ciudad de Puebla, inscrito el nueve de marzo de mil novecientos noventa y dos en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, ante la omisión injustificada de estudiarlo por parte del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 fracción I, de la Ley de Amparo, corresponde a este cuerpo colegiado ocuparse de analizar su constitucionalidad o inconstitucionalidad.
Al respecto, este Tribunal Colegiado estima que el acto reclamado antes precisado, resulta violatorio de las garantías individuales de la quejosa, toda vez que de acuerdo con la copia fotostática certificada de la escritura pública del contrato de compraventa que ésta acompañó a su demanda de amparo, el veinte de febrero de mil novecientos noventa y dos, adquirió el predio en cuestión de Arturo Migoya Velázquez, Ana María Verónica Mastreta Guzmán y Gonzalo Migoya Velázquez, a través de sus representantes legales Perfecto Migoya Valdez y Emérita Velázquez A. Larrús de Migoya; asimismo, de conformidad con la copia fotostática certificada del primer aviso preventivo suscrito por el Notario Público Número Dos del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, que la amparista ofreció como prueba y que obra a foja doscientos cuarenta y seis del expediente de garantías, ese aviso fue presentado en el Registro Público de la Propiedad del referido Distrito Judicial el tres de marzo de mil novecientos noventa y dos (según razón que obra en el mismo), mediante el que se comunicó a esa oficina registral que se encontraba en trámite la elaboración de la escritura pública de compraventa antes señalada; mientras que de la copia certificada de las actuaciones del expediente número 1255/91, que el Juez Noveno de lo Civil de esta Capital acompañó a su informe justificado, se advierte que por diligencia celebrada el seis de marzo de mil novecientos noventa y dos, en cumplimiento al exhorto librado por el referido Juez Noveno de lo Civil, el diligenciario del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla requirió de pago a Arturo Migoya Velázquez, quien se negó a cumplir con las prestaciones que le fueron reclamadas, por lo que se procedió a embargar entre otros bienes el inmueble en cuestión, embargo que según el certificado de gravámenes que también exhibió la quejosa, fue inscrito el nueve de marzo de mil novecientos noventa y dos, en el Registro Público de la Propiedad del citado Distrito Judicial. En las condiciones relatadas es evidente que para el seis de marzo de mil novecientos noventa y dos, fecha en que se realizó el embargo del inmueble en cuestión, el bien ya no pertenecía al demandado en aquel juicio ejecutivo mercantil número 1255/91 del Juzgado Noveno de lo Civil de esta ciudad, Arturo Migoya Velázquez, sino a Isabel Cristina Rojas Castro, la que lo había adquirido desde el veinte de febrero de mil novecientos noventa y dos, por tanto tal embargo resulta ilegítimo, pues sólo es legítimo cuando recae en bienes que pertenezcan al deudor, y en el caso no está demostrado que la quejosa tenga el carácter de demandada o deudora de la parte actora en aquel juicio ejecutivo mercantil, por lo que debe considerársele con el carácter de tercer extraño a aquel procedimiento y por ello no le deben afectar en su derecho de propiedad las actuaciones o resultas de aquel juicio.
Asimismo, la inscripción del embargo en comento resulta contraria a lo dispuesto por el artículo 3004, fracción XIII del Código Civil del Estado de Puebla, que la quejosa invocó como infringido en su demanda de garantías, pues de conformidad con esta disposición mientras no se cancelen las anotaciones preventivas no podrá hacerse ninguna inscripción, que perjudique el registro de la escritura protegida por aquellas anotaciones, y en el caso, aquel aviso preventivo de fecha de tres de marzo de mil novecientos noventa y dos en el que se comunicó que la amparista era la nueva propietaria del inmueble es de fecha anterior a la inscripción del embargo reclamado que se realizó el nueve de marzo de ese año, por lo que no existía razón para que el registrador público de la propiedad del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, procediera a inscribir el gravamen en comento.
Sirve de sustento a lo anterior la tesis sustentada por este tribunal al fallar los juicios de amparo en revisión números 322/89, 365/90, 91/91 y 532/91, que dice: "EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR. ILEGALIDAD DEL.- El embargo sólo puede ser eficaz cuando recae en bienes que corresponden al demandado, y no es jurídico que por no haberse inscrito oportunamente la compraventa, el acreedor del vendedor tenga derecho a secuestrar lo que ha salido del patrimonio de éste.".
Como corolario de lo anterior, debe decirse que en tanto la quejosa es tercera extraña a la controversia de origen y en ésta se embargó un bien que es de su propiedad, dable es concluir que dicho embargo y la orden de inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad es violatoria de sus garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues como ajena al juicio natural, se le restringe el pleno disfrute de su derecho de propiedad injustificadamente y sin ser oída ni vencida, por lo que lo procedente es revocar la sentencia sujeta a revisión y conceder a la amparista la protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama de la autoridad ordenadora.
Debe concederse también el amparo contra los actos de ejecución que se reclaman toda vez que en contra de ellos no se hicieron valer vicios propios, sino su inconstitucionalidad se hizo depender de la que en concepto de la quejosa adolece el acto de la autoridad ordenadora y si respecto de ésta ya se dijo que es violatorio de garantías, debe decirse lo propio en relación con aquéllos. Tiene aplicación la jurisprudencia número 62 de este cuerpo colegiado que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTO DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.- Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución.".
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV, 85 fracción II, 86, 88, 90 y 91 de la Ley de Amparo, 43 y 44 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.- Se revoca la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a ISABEL CRISTINA ROJAS CASTRO contra los que reclamó del Juez Noveno de lo Civil de esta ciudad, registrador público de la propiedad y Juez de lo Civil, estas dos últimas del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, consistentes, respecto de la primera autoridad en el embargo trabado respecto de una fracción que se segregó del Rancho San Diego y San Juan Cuautlancingo, ubicado en dicho distrito, derivado del juicio ejecutivo mercantil número 1255/91 del Juzgado Noveno de lo Civil de esta ciudad de Puebla, inscrito el nueve de marzo de mil novecientos noventa y dos en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Cholula, de esta entidad federativa, y respecto de las otras dos autoridades en la ejecución de dicho auto.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvase el expediente de amparo al Juez a quo; envíese copia simple autorizada de la misma para la autoridad responsable ordenadora y en su oportunidad archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Gustavo Calvillo Rangel, José Galván Rojas y Tarcicio Obregón Lemus, siendo ponente el segundo de los mencionados, quienes firman, con el secretario de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1240-62e139a6/demanda-de-amparo-debe-estudiarse-en-su-integridad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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