AUDIENCIA DE AMPARO. APLAZAMIENTO DE LA.
Amparo en revisión 155/92. José Manuel Caso Menéndez.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La sentencia recurrida es del tenor literal siguiente: "TERCERO. Son infundados los anteriores conceptos de violación. El quejoso hace consistir el acto reclamado en el auto de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y dos, dictado en el expediente número 11/90 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por JAVIER NAJERA SANTILLANA en su contra y que se encuentra radicado en el Juzgado Quinto de lo Civil de esta capital, por el cual a decir del demandante se desechó el recurso de apelación que hizo valer contra una medida de apremio. El artículo 149 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Las autoridades responsables deberán rendir sus informes con justificación exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo la prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". En el caso que nos ocupa el acuerdo impugnado no es un acto inconstitucional en sí mismo ya que un Juez en Materia Civil tiene facultades para dictar acuerdos de tal naturaleza y conocer de los juicios ejecutivos mercantiles de conformidad con el artículo 45, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, por lo que aun cuando el juez responsable rindió su informe justificado acompañando incluso diversas constancias, la que contiene el acuerdo impugnado se encuentra ilegible, lo que equivale a la omisión a que se refiere el precepto legal invocado, y en tal virtud la carga de la prueba correspondía al quejoso, por tanto este Tribunal Federal se encuentra imposibilitado para examinar los conceptos de violación que argumenta el quejoso para decir si el auto impugnado es legal o ilegal, por lo que debe negarse la Protección Federal solicitada. No es obstáculo a lo anterior, las pruebas que ofreció el quejoso consistentes en un instructivo del auto de fecha diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y uno, que no tiene relación con el asunto porque el auto controvertido en este juicio es el de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y dos; y por lo que hace a la copia del proveído finalmente mencionado, tampoco debe tomarse en consideración por tratarse de una copia fotostática simple sin ningún valor probatorio, y aun cuando al reverso de dicha copia aparece una razón asentada por el diligenciario adscrito al juzgado de origen, esto no constituye una certificación que pudiera darle validez a ese documento, y además la firma del diligenciario difiere notablemente de las que obran en las copias certificadas del expediente generador de los actos reclamados, y que pertenecen a dicho funcionario como son las que obran a fojas 61 vuelta, 62 vuelta y 64 frente y vuelta; además de que no se advierte sello del juzgado responsable, por lo que como se dijo con anterioridad debe negarse la Protección Federal solicitada, pues en tratándose de asuntos en materia civil su estudio es de estricto derecho."
SEGUNDO. El recurrente expresa como agravios los siguientes: "a). La sentencia o resolución dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, causa agravio al hoy recurrente en virtud de que la misma, no fue dictada conforme a derecho, pues se aparta de los principios establecidos por los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, pues no se dicta conforme a las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, pues en las disposiciones en las que dice apoyarse las aplica e interpreta en forma equívoca, lo que refleja a su vez que dicha resolución no se encuentre debidamente fundada y motivada, trayendo como consecuencia un agravio irreparable a mis derechos, puesto que no obstante de haber comparecido en forma previa a la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, mediante escrito presentado a las nueve horas con treinta y ocho minutos del día veinte de febrero del año en curso, solicitándole el diferimiento de la celebración de la referida audiencia, en virtud de que a la fecha no se me habían expedido por el juez responsable la copia certificada del auto de fecha diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y uno, del escrito de fecha dos de enero del año en curso, por el cual interpuse recurso de apelación en contra del auto antes mencionado; así como del auto de fecha seis de enero del presente año, por el cual se señala que es improcedente el recurso de apelación que hice valer, porque según la responsable contra el auto que aperciba de una medida de apremio, procede el recurso de revocación. A tal petición anexé copia simple debidamente sellada por el Juzgado Quinto de lo Civil de esta capital, para acreditar la petición de copias ante dicha responsable, situación esta que el juez recurrido totalmente pasó inapercibida, tan es así que en sus puntos considerandos, ni siquiera hace referencia a tal cuestión, dejándome en completo estado de indefensión y pasando a su vez inapercibido lo previsto por el artículo 152 de la Ley de Amparo que en una de sus partes señala que a fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad a aquéllas las copias o documentos que soliciten; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieren con esta obligación, la parte interesada solicitará del juez que requiera a los omisos. "...El juez, a petición de parte si lo estima indispensable, podrá transferir la audiencia hasta en tanto se expidan, y hará uso de los medios de apremio...' A pesar de ello el juez celebra la audiencia y pasa inapercibida la petición de diferimiento. b) La resolución que se recurre causa agravio en su considerando tercero, al decir que son infundados los anteriores conceptos de violación, precisamente en que se hace consistir en el acto reclamado respecto al auto de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y dos, dictado en el expediente 11/90 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por JAVIER NAJERA SANTILLANA el cual se encuentra radicado en el Juzgado Quinto de lo Civil de esta capital por el cual se desechó el recurso de apelación que se hizo valer contra una medida de apremio. El juez recurrido al declarar que son infundados los conceptos de violación y según él apoyado en lo previsto por los artículos 149 de la Ley de Amparo y la fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se dice de la Ley Orgánica al Poder Judicial del Estado, interpreta y aplica en forma incompleta dichos preceptos legales, pues en el propio considerando tercero que al mencionar que el juez responsable rindió su informe justificado acompañando diversas constancias, las cuales contienen el acuerdo impugnado, y que el propio juzgador reconoce que el acuerdo impugnado se encuentra ilegible, tomando en cuenta dicha cuestión y la petición de diferimiento que la parte quejosa había solicitado, por equidad y con el fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa quien acreditó haber solicitado oportunamente a la responsable copia certificada de diversas actuaciones entre las cuales se incluía el auto que constituía el acto reclamado debió haber diferido la celebración de la audiencia, pues el simple hecho de que la responsable haya exhibido o acompañado a su informe diversas constancias, aplica incorrectamente el artículo 149 de la Ley de la Materia, pues para actuar con un verdadero principio de justicia el propio juez debió haber requerido a la responsable la exhibición de constancias legibles y no constituirse en una conducta absurda a todo principio de justicia de observar con documentos no claros. La conclusión que realiza el juez a quo en el propio considerando tercero, es en igual forma incorrecta al decir: "...y por lo que hace a la copia del proveído finalmente mencionado (auto controvertido de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y dos), que según tampoco debe tomarse en consideración por tratarse de una copia fotostática simple sin ningún valor probatorio, y aun cuando al reverso de dicha copia aparece una razón asentada por el diligenciario adscrito al juzgado de origen, esto no constituye una certificación que pudiera darle validez a este documento, y según él porque la firma del diligenciario difiere notablemente de las que obran en las copias certificadas del expediente generador de los actos reclamados". Tales apreciaciones son infundadas e inmotivadas, puesto que el juez recurrido no las apoya en disposición legal alguna, pues si el hoy recurrente exhibió como prueba de su parte el instructivo de notificación que le fue entregado respecto al auto de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y dos, es porque fue el que precisamente le fue entregado en el acto de la notificación y en cuanto a las cuestiones apreciativas que formula de que si es la firma o no del diligenciario ante tal duda debió el juez recurrido investigar si realmente la persona que entregó o practicó la notificación era personal actuante de la propia responsable, su apreciación del juez es absurda, pues es bien sabido que no las mismas personas que actúan dentro de un juicio como son juez, secretario y diligenciario elementalmente sean las mismas personas que actúan desde el principio hasta el final de un juicio, cuestión ésta que puede apreciarse como un exceso de carácter ilógico proveniente del juez recurrido, pues en cuanto a que dice que dicho documento tampoco contiene el sello del juzgado responsable, tal apreciación también es incorrecta, pues tal exigencia no la contempla tampoco el artículo 49 fracción VIII en sus diversos incisos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado aplicado supletoriamente en términos del artículo 1054 del Código de Comercio, disposiciones éstas que por falta de observación y aplicación, resultan violadas en mi perjuicio, no debe pasarse inapercibido que las pruebas documentales que presenté ad cautelam con el escrito mediante el cual comparecí en forma previa, no fueron objetadas por alguna de las partes, por lo que las mismas tienen efecto de pleno valor probatorio. Atendiendo al principio de limitación de prueba que consiste en que el Tribunal de Amparo sólo podrá apreciar las pruebas como hayan sido acreditadas ante la autoridad responsable es incuestionable que la confesión que produjo el juez demandado de ser cierto el acto reclamado equivale a decir que este juzgado de garantías automáticamente se ubicó en la hipótesis de tener que analizar la constitucionalidad del acto reclamado y para ello tuvo que haberse apoyado en la copia certificada de las constancias conducentes que haya admitido la propia responsable anexo a su informe con justificación y por la cual pretende sostener la constitucional ilegibilidad de tal copia certificada, lo que amerita una reposición del procedimiento a fin de que el juez a quo requiera a la responsable para que remita una copia certificada legible a fin de que esté en aptitud de ejercer la función jurisdiccional con plenitud. En apoyo de este razonamiento, invoco la ejecutoria pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito emitida en el amparo en revisión 158/88 (Comunidad Guadalupe Victoria. 21 de junio de 1988. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera). Vista a fojas 341, Tomo I, Enero- Junio 1988, Segunda Parte-1, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, que se lee bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES AMERITA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I, 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes".
TERCERO. Por razón de método, deben analizarse primero los argumentos de inconformidad que se refieren a violaciones a las reglas que rigen el procedimiento del juicio de amparo, pues de resultar fundados éstos, sería innecesario decidir sobre los demás que ven en cuanto al fondo del fallo recurrido.
El inconforme alega que se violaron las reglas que rigen al procedimiento del juicio de amparo, porque no obstante que por escrito solicitó se difiriera la audiencia constitucional, en virtud de que la responsable Juez Quinto de lo Civil de esta ciudad no le había expedido copia certificada de diversas constancias del juicio natural, que pretendía allegar como prueba en esta instancia constitucional, y que además demostró tal circunstancia con la copia de su promoción relativa, el juez de Distrito ninguna determinación realizó respecto a tal petición y celebró la audiencia precisada.
Sobre el particular, cabe decir que es inexacto que el juez de Distrito transgrediera las reglas que rigen al juicio de garantías. Esto es así, porque de las constancias que integran el expediente del amparo, se advierte que el quejoso mediante escrito de fecha veinte de enero de mil novecientos noventa y dos (foja 97), con apoyo en lo previsto por el artículo 152 de la Ley de Amparo, solicitó el diferimiento de la audiencia constitucional, para cuyo verificativo se señalaron las nueve horas con cincuenta minutos de la referida fecha, aduciendo que la Juez Quinto de lo Civil de esta ciudad, no le había expedido copia certificada de diversas constancias que integran el expediente relativo a la controversia natural, que pretendía allegar como prueba de su parte, y que para demostrar su afirmación acompañó copia al carbón del escrito de fecha once de febrero de mil novecientos noventa y dos (foja 93), dirigido a la mencionada autoridad, a través del cual gestionó la expedición de la copia certificada; que el veinte de febrero de mil novecientos noventa y dos, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo, y en relación a la petición de diferimiento elevada por José Manuel Caso Menéndez, al respecto proveyó: "...Por lo que hace a la petición del quejoso para diferir la presente audiencia constitucional, no ha lugar a acordarse de conformidad, ya que de acuerdo con el artículo 152 de la Ley de Amparo, sólo se autoriza el aplazamiento de la audiencia constitucional, cuando las autoridades o funcionarios obligados a expedir documentos para ser presentados como pruebas en el juicio de garantías, se negaran a hacerlo, o no cumplieran con esta obligación, y siempre que los interesados soliciten del juez de Distrito que requiera a los omisos, lo cual no se cumple en la especie, por lo que como ya se dijo no es dable diferir la audiencia constitucional..." (foja 104 vuelta).
Ahora bien, se afirma que el juez de Distrito en forma alguna transgredió las reglas que rigen al juicio de garantías, pues como se desprende del párrafo que antecede, el a quo, sí proveyó en relación a la solicitud de diferimiento de la audiencia constitucional que elevó el ahora inconforme. Por otra parte, la determinación del juez Federal de negar el diferimiento de la audiencia constitucional, resulta apegada a lo previsto por el artículo 152 de la Ley de Amparo, toda vez que dicho dispositivo legal, a la letra dice: "A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia de juicio, los funcionarios o autoridades tienen la obligación de expedir con toda oportunidad a aquéllas las copias o documentos que soliciten; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieren con esa obligación, la parte interesada solicitará del juez que requiera a los omisos. El juez hará el requerimiento y aplazará la audiencia por un término que no exceda de diez días; pero si no obstante dicho requerimiento durante el término de la expresada prórroga no se expidieren las copias o documentos, el juez, a petición de parte, si lo estima indispensable, podrá transferir la audiencia hasta en tanto se expidan, y hará uso de los medios de apremio, consignando en su caso a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato. Al interesado que informe al juez que se le ha denegado una copia o documento que no hubiese solicitado, o que ya le hubiese sido expedido, se le impondrá una multa, de diez a ciento ochenta días de salario. Cuando se trate de actuaciones concluidas podrán pedirse originales, a instancias de cualquiera de las partes"; y, de la recta interpretación de dicho precepto, se concluye que, sólo es procedente aplazar la audiencia constitucional, cuando las autoridades o funcionarios obligados a expedir copias o documentos, para ser presentados como pruebas en el juicio de garantías, se negaran a hacerlo, o no cumplieran con esta obligación, y siempre y cuando el interesado, solicite al juez de Distrito que requiera a los omisos; consecuentemente, si en la especie el quejoso, hoy recurrente, únicamente solicitó se difiriera la audiencia constitucional, porque no se le habían expedido copias certificadas, empero omitió pedir que se requiriera a la responsable para que cumpliera con su obligación de expedirlas, es inconcuso que su petición de aplazamiento, en forma alguna podía ser obsequiada favorablemente, habida cuenta de que no se reunían las exigencias que prevé el artículo 152 de la Ley de Amparo, y por tanto, fue correcta la determinación del a quo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por este Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisión 283/91, 555/91, 28/92 y 82/92, que es del tenor literal siguiente: "El artículo 152 de la Ley de Amparo, sólo autoriza el aplazamiento en la audiencia constitucional, cuando las autoridades o funcionarios obligados a expedir copias o documentos, para ser presentados como pruebas en el juicio de garantías, se negaren a hacerlo, o no cumplieran con esta obligación, y siempre que los interesados soliciten del juez de Distrito que requiera a los omisos".
En consecuencia, siendo correcta la determinación del juez Federal de negar el aplazamiento de la audiencia constitucional, es inconcuso, que no existe violación alguna a las reglas que rigen al juicio de garantías, y ante ese evento lo procedente es pasar al examen de los argumentos que en vía de agravios se esgrimen en cuanto al fondo del fallo recurrido.
CUARTO. Son infundados los agravios que formula el recurrente, que ven en cuanto al fondo de la sentencia impugnada, sin que se esté en el caso de suplir la deficiencia de la queja en términos de lo previsto por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, según se advierte del estudio integral del asunto.
Contrariamente a lo alegado, la sentencia recurrida no es violatoria de garantías. Se afirma lo anterior, porque el fallo que se revisa fue pronunciado por un órgano que tiene a su cargo el control constitucional, como indudablemente lo es el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, y dentro de un juicio de amparo, por lo que sus determinaciones en forma alguna pueden conculcar las garantías individuales del quejoso, sino en todo caso, los preceptos que pudieran haberse dejado de observar al emitir el fallo, serían los relativos a la propia Ley de Amparo, y del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamientos legales éstos a los que debe sujetar su actuación. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 17, sustentada por este Cuerpo Colegiado, que es del tenor literal siguiente: "JUECES DE DISTRITO. NO VIOLAN GARANTIAS CON SUS FALLOS. El juez de Distrito es un órgano que tiene a su cargo el control constitucional y jurídicamente no puede conculcar garantías individuales; en todo caso los preceptos que dejare de observar al emitir su fallo, serían los relativos a la Ley de Amparo, ordenamiento legal al cual debe sujetar su actuación."
Por otro lado, tampoco tiene razón en cuanto a lo alegado de que el juez de Distrito analizó y valoró incorrectamente "el instructivo de notificación", relativo al auto de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y dos; pues contrariamente a lo alegado, es correcta la determinación del a quo en el sentido de que dicho documento carece de validez, por tratarse de una copia fotostática simple que no se encuentra certificada.
No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que la copia de que se trata no hubiera sido objetada por las diversas partes dentro del juicio de garantías, pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 133 y 136, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su diverso 2o., las copias fotostáticas simples no pueden considerarse documentos privados, sino que en todo caso quedan comprendidas dentro de los medios de prueba a que se refiere la fracción VII, del artículo 93 del aludido Código Adjetivo Civil Federal, en consecuencia para determinar su alcance y valor probatorio debe aplicarse el artículo 217 de la misma Codificación Legal, y no los artículos 205 a 210 referentes a la apreciación de los documentos privados; por ende de acuerdo con el primero de dichos dispositivos, las copias fotostáticas carecen de valor probatorio pleno, si no se encuentran debidamente certificadas, y en consecuencia su alcance probatorio queda al prudente arbitrio judicial con independencia de que no hayan sido objetadas. Tiene aplicación al caso en lo conducente, la tesis sustentada por este Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 119/91, misma que es del tenor literal siguiente: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALORACION DE LAS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 133 y 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las copias fotostáticas simples no pueden considerarse documentos privados, quedando en cambio comprendidas dentro de los medios de pruebas a que se refiere la fracción VII del artículo 93 del aludido Ordenamiento Adjetivo. En consecuencia para determinar su valor probatorio debe aplicarse el diverso 217 de la misma Codificación Legal y ni los artículos 205 a 210 que se refieren a la apreciación de los documentos privados; y así, de acuerdo con el primero de dichos dispositivos, las copias fotostáticas carecen de valor probatorio pleno si no se encuentran debidamente certificadas, por lo que su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial, con independencia de que no hayan sido objetadas".
Tampoco es obstáculo a todo lo anterior, lo alegado en el sentido de que "el instructivo de notificación", tiene validez, ya que ningún dispositivo legal prevé la inserción del aludido sello, y no es imputable a éste, la discrepancia de la firma que lo calza, toda vez que "es bien sabido", que no actúan siempre dentro de un juicio las mismas personas como juez, secretario y diligenciario. Esto es así, porque de conformidad con lo previsto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que un documento adquiera el carácter de público, debe ser expedido por un funcionario en el ejercicio de sus funciones, y tal calidad se demuestra por la existencia regular sobre los documentos, de sellos, firmas y otros signos exteriores que en su caso hagan evidente que proceden del funcionario que lo expidió, requisitos que no reúne la copia fotostática que exhibió en el juicio de garantías el ahora recurrente, por lo que nada evidencia, demuestra o justifica que la misma provenga del diligenciario adscrito a la responsable; consecuentemente, si la razón manuscrita al reverso de la repetida copia y la firma inserta en el mismo, no contiene algún otro dato exterior que pudiera robustecer que la misma fue puesta precisamente por el funcionario a la que se le atribuye, dable es concluir que la respectiva anotación no puede dar validez a la documental de que se trata, máxime cuando existe la presunción que este signo no coincide con otros que obran en la copia certificada remitida por la responsable como apoyo de su informe, que es la que usa el diligenciario de la adscripción como firma en todos sus actos públicos.
Por último también es correcta la determinación del juez de Distrito en el sentido de que se encontraba impedido materialmente para decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, al ser ilegible la copia certificada que remitió la responsable respecto de la resolución impugnada en esta vía constitucional, pues en efecto, para decidir sobre la legalidad de la misma, se requería de tener a la vista copia legible del auto de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y dos, para decidir si sus fundamentos legales coincidían o eran aplicables con los razonamientos que empleó la responsable, y si la copia que fue remitida no permite constatar tales requisitos, es inconcuso que el a quo se encontraba impedido de hacer algún pronunciamiento en relación a tales extremos.
No es obstáculo a lo anterior, lo alegado en el sentido de que el juez Federal, debió recabar copia legible del acto reclamado y de diversas constancias del juicio natural que lo generaron, ya que tal obligación recayó en el quejoso, hoy recurrente. En efecto, si bien es cierto que, en términos de lo previsto por el artículo 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, las autoridades deben anexar a sus informes copias certificadas de las constancias que estimen necesarias para apoyarlos, lo que presupone que las mismas deben ser legibles; sin embargo, también lo es, que cuando las que remitan no reúnen tal característica, como ocurrió en la especie, debe considerarse que no acompañaron copias que apoyaran sus informes y que se actualiza la hipótesis que establece el párrafo cuarto, del precepto legal antes citado, ya que con ello se impide al órgano de control constitucional analizar la resolución impugnada en el juicio de garantías, y ante ese evento, como la carga de la prueba sobre la inconstitucionalidad de los actos reclamados corresponde a los quejosos, pues a éstos toca la demostración de los hechos invocados, conforme con lo previsto por el artículo 31 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su diverso 2o., es inconcuso que es a los referidos quejosos y no al juez Federal, a los que incumbía allegar a la controversia constitucional, copia certificada legible de la resolución impugnada a fin de que se pudiera examinar su legalidad.
Consecuentemente, si en el caso concreto, los ahora inconformes no cumplieron con su carga procesal, ya que no aportaron copias certificadas del acto reclamado, no obstante que pudieron y debieron recabarlas, es claro que es imputable a éstos, que resultara imposible estudiarse la legalidad del repetido acto reclamado.
Sobre la base anterior, no es aplicable al caso, la tesis que invocan los recurrentes, ya que el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, se sostuvo en una controversia constitucional en materia agraria en la que la suplencia de la queja es tan amplia que los jueces Federales pueden incluso recabar pruebas oficiosamente, cuando los quejosos o terceros perjudicados omitan rendirlas o lo hagan en forma defectuosa.
En las condiciones apuntadas, lo que procede es confirmar la sentencia que se revisa.
Por lo expuesto y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 1o., fracción I, 83, fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de Amparo, 43 y 44, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se resuelve:
PRIMERO. Se confirma la sentencia que se revisa.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Manuel Caso Menéndez, en contra de los actos que reclama de la Juez Quinto de lo Civil de esta ciudad, mismos que han quedado precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese este toca como asunto concluido.
Así por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Gustavo Calvillo Rangel, José Galván Rojas y Arnoldo Nájera Virgen, siendo ponente el último de los nombrados, quienes firman ante el Secretario de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1247-de45932d/audiencia-de-amparo-aplazamiento-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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