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Modo: Corpus Pro

DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. DRENAJE, DESCARGA DE AGUA A LA RED. EL ARTÍCULO 264 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE CONSIDERA A LA CANTIDAD DE AGUA EXTRAÍDA COMO PARÁMETRO PARA DETERMINAR LA BASE DE LOS DERECHOS POR EL USO DE AQUÉLLA, RESPETA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DRENAJE, DESCARGA DE AGUA A LA RED. EL ARTÍCULO 264 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE LOS DERECHOS POR EL USO DE AQUÉLLA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA AL GRAVAR ÚNICAMENTE A LOS QUE OBTIENEN AGUA POTABLE DE FUENTES DIVERSAS A LA RED DE SUMINISTRO. DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1386/95. · Registro digital (IUS): 16882
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: BRIDGESTONE FIRESTONE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, , Pág. 42.

AMPARO EN REVISIÓN 1386/95. BRIDGESTONE FIRESTONE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Son esencialmente fundados los agravios antes transcritos.

En efecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV; 122, fracción IV, incisos b), c), último párrafo y g), y fracción V, de la Constitución General de la República; quinto y octavo transitorio del decreto de veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veinticinco del mismo mes y año, se concluye que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal está facultada expresamente para emitir la Ley de Ingresos para el Distrito Federal y que como consecuencia de dicha facultad, puede legalmente establecer contribuciones que tengan como ámbito espacial de validez el Distrito Federal, pues dicha facultad expresa, particularmente sustentada en el invocado artículo 122, fracción IV, inciso b), constitucional, se deposita en la Asamblea de Representantes que puede así válidamente examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, lo que conjuntamente con la expedición de la Ley de Ingresos constituye una sola facultad.

Así lo ha sostenido este Tribunal Pleno en las jurisprudencias publicadas con los números 38/1995, 39/1995 y 40/1995, Novena Época, que, respectivamente, dicen:

"ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL. ESTÁ FACULTADA EXPRESAMENTE POR LA CONSTITUCIÓN PARA EMITIR LA LEY DE INGRESOS LOCAL. De lo dispuesto por los artículos 122 constitucional y octavo transitorio del decreto de fecha veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco del mismo mes, se advierte la facultad expresa de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para emitir la Ley de Ingresos local. En efecto, la fracción IV del primero de esos preceptos, faculta a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, entre otras cosas: en el inciso b), para analizar las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrir el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal; en el inciso c), último párrafo, para ampliar el plazo de presentación, ante ella, de la iniciativa correspondiente a la Ley de Ingresos para el Distrito Federal; y en el inciso g), para legislar sobre 'presupuesto, contabilidad y gasto público'. En la fracción V, primer párrafo, del mismo precepto se señala que el jefe del Distrito Federal debe presentar la iniciativa de Ley de Ingresos ante la asamblea y, en el octavo transitorio, se establecen los ejercicios respecto de los cuales corresponde al presidente de la República enviar las iniciativas de Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Distrito Federal a la Asamblea de Representantes. Pues bien, la obligación que tiene el jefe del Distrito (y en algunos ejercicios específicos el presidente de la República), de presentar ante dicha asamblea la iniciativa de Ley de Ingresos es claramente indicativa de las facultades que tiene ésta para discutirla y aprobarla; tanto más que entre otras de sus atribuciones se encuentran las de legislar sobre 'presupuesto contabilidad y gasto público', y la de analizar 'las contribuciones que a su juicio deban decretarse' para cubrir el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal."

"ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL. TIENE FACULTADES PARA IMPONER CONTRIBUCIONES LOCALES. El carácter dual de la facultad de la asamblea para aprobar, por una parte, los gastos del Distrito Federal contenidos en el documento denominado Presupuesto de Egresos; y determinar, por otra, los tributos para satisfacerlos, tiene como antecedente remoto '... la famosa Carta Magna, que los nobles ingleses hicieron firmar y promulgar al rey Juan sin Tierra en 1215 (que luego confirmó su hijo Enrique III en 1264), en la cual entre otras disposiciones, se estableció la obligación del soberano de recabar la previa autorización de sus súbditos para imponer gabelas con qué hacer frente a las necesidades de la Corona. Si bien originalmente el pedido de autorización se refirió solamente a un aspecto parcial de lo que hoy comprende un presupuesto (los recursos), posteriormente se agregó el capítulo de gastos, porque pronto se arribó a la conclusión de que el problema no se limitaba sólo a las exacciones del soberano, sino más bien a los despilfarros en que incurría la Corte. Conforme a ese nuevo régimen, las autorizaciones presupuestarias comprendieron los capítulos de gastos y recursos, con lo que se sentaron las bases de esta institución universal que, paulatinamente, se ha ido incorporando a las prácticas políticas de los Estados del universo ...' (Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XXIII, página 48). Las primeras leyes de ingresos establecían los tributos a cargo de los súbditos y, por ende, su contenido fue formal y materialmente hacendario; sin embargo, por necesidades de congruencia temporal con el presupuesto de egresos, la vigencia de la ley se redujo, con el tiempo, hasta hacerla coincidir con la del presupuesto, por el término de un año, que es lo usual en los tiempos modernos. Lo reducido del tiempo de vigencia torna inconveniente que en la ley de ingresos se establezcan en detalle las contribuciones, porque tendrían que discutirse en su totalidad año tras año, motivo por el cual, dicha ley se ha convertido, en ocasiones, en un simple catálogo de impuestos, lo cual obedece a motivos eminentemente prácticos que en nada afectan ni la naturaleza hacendaria ni las posibilidades de contenido tributario de dicha ley. Por ello, la facultad de la asamblea para aprobar la Ley de Ingresos conlleva, también como facultad expresa, la de establecer impuestos, dado que ese es el contenido propio de la Ley de Ingresos."

"FACULTADES EXPRESAS DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE SE ESTABLEZCAN LITERALMENTE EN LA CONSTITUCIÓN. El régimen de facultades expresas que prevalece en el orden constitucional mexicano, no puede llevarse al extremo de exigir que en el artículo 122 de la Carta Fundamental se establezcan con determinadas palabras sacramentales las atribuciones de la autoridad, pues ello haría prevalecer un sistema de interpretación literal que no es idóneo por sí solo para la aplicación del derecho y que desarticularía el sistema establecido por el Poder Revisor de la Constitución, al asignar facultades a la Asamblea de Representantes con la coexistencia de las atribuciones del Congreso de la Unión y del referido órgano, para legislar en lo relativo al Distrito Federal. Por el contrario, es suficiente que de manera clara e inequívoca se establezcan dichas facultades."

Habiendo resultado esencialmente fundados los agravios antes examinados, procede considerar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el Juez de Distrito, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo.

CUARTO. El concepto de violación marcado con el ordinal primero del escrito de demanda relativo, es infundado.

En dicho concepto de violación la quejosa aduce, esencialmente, que la ley reclamada es inconstitucional porque se aparta del principio de proporcionalidad que debe regir en todo tributo, conforme a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, porque para fijarse el monto de los derechos por concepto de descarga de agua en la red de drenaje, se atiende solamente al volumen de agua extraída y no así a la capacidad contributiva del gobernado.

Los artículos 264 y 265 del Código Financiero del Distrito Federal reclamados, disponen:

"Artículo 264. Están obligadas al pago de estos derechos las personas físicas y morales que utilicen agua de fuentes diversas a la red de suministro del Distrito Federal, por las descargas de este líquido en la red de drenaje.

"El monto del derecho se calculará tomando como base el 80% del volumen de agua extraída, al que se le aplicará el 75% de la cuota que corresponda por metro cúbico de agua potable a que se refiere el artículo 196, fracción I, inciso b), de este código.

"Cuando la descarga sea menor al porciento del volumen de agua extraída señalado en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán optar por determinar, declarar y pagar este derecho, aplicando el 75% de la cuota mencionada, al volumen de agua efectivamente descargada en la red de drenaje. Para este propósito, los contribuyentes deberán, previamente, instalar dispositivos permanentes de medición continua en las descargas a la red de drenaje del agua que provenga de fuentes diversas a la red de suministro del Distrito Federal, quedando bajo su responsabilidad la instalación y el costo de las adaptaciones y medidores que se requieran para dicha instalación, así como su operación y mantenimiento.

"Los derechos correspondientes se calcularán en términos del párrafo anterior, a partir de la fecha en que se ejerza la opción ante la autoridad fiscal.

"En caso de que se ejerza la opción a que se refiere el tercer párrafo de este artículo, el contribuyente deberá presentar el aviso correspondiente ante la autoridad fiscal y pagar los derechos en los formatos aprobados para tal efecto. Para calcular el pago, los contribuyentes efectuarán la lectura de los dispositivos de medición instalados en las descargas a la red de drenaje el primer día de cada bimestre y efectuarán el cálculo correspondiente. La autoridad fiscal podrá verificar en todo momento la precisión de los dispositivos instalados, y ordenar que el contribuyente realice las modificaciones que se requieran, a fin de que los mismos midan correctamente las descargas."

"Artículo 265. La determinación del derecho a que se refiere el artículo anterior, se hará por periodos bimestrales. La autoridad fiscal enviará la boleta respectiva, debiendo pagarse este derecho dentro de los veinte días de calendario siguientes a cada bimestre.

"Las boletas señaladas en el párrafo anterior serán enviadas mediante correo ordinario al domicilio del usuario, siendo obligación de los contribuyentes que no las reciban, solicitarlas en las oficinas fiscales autorizadas, ya que la falta de recepción de las mismas no lo libera de la obligación de efectuar el pago dentro del plazo establecido para tal efecto, ni de los recargos y sanciones, que en su caso procedan.

"Para los efectos de esta sección, será aplicable en lo conducente, lo establecido en la sección primera del capítulo IX."

Por su parte, el artículo 196, fracción I, inciso b), del mismo ordenamiento, dispone:

"Artículo 196. Están obligados al pago de los derechos por el suministro de agua que provea el Distrito Federal los usuarios del servicio. El monto de dichos derechos comprenderá las erogaciones necesarias para adquirir, extraer, conducir, distribuir el líquido y posteriormente su descarga a la red de drenaje, así como las que se realicen para mantener la infraestructura necesaria para ello, y se pagará bimestralmente, de acuerdo a las tarifas que a continuación se indican:

"I. En caso de que haya instalado medidor, los derechos señalados se pagarán de acuerdo con lo siguiente:

"...

"b) Las tomas de agua instaladas en inmuebles distintos a los señalados en el inciso anterior, se considerarán como de uso no doméstico para efectos de este código y el pago de los derechos correspondientes, se hará conforme al volumen de consumo medido en ese periodo, de acuerdo a la siguiente:

Ver tarifa

"Las autoridades fiscales determinarán el consumo de agua por medio de la lectura de los aparatos medidores, con base al promedio del consumo diario resultante de cuando menos tres lecturas en un año. A partir de la tercera lectura, el consumo promedio se determinará con base en las dos lecturas más recientes ..."

Para concluir de tal manera, se toma en consideración, primeramente, que tratándose de los derechos fiscales, las garantías de proporcionalidad y equidad previstas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, operan con un sistema distinto al de los impuestos, ya que de acuerdo a la doctrina jurídico-fiscal y a la legislación tributaria, por derechos deben entenderse las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo en sus funciones de derecho público y, en su caso, por organismos descentralizados o desconcentrados, así como por concepto del uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación o del Distrito Federal, mientras que por impuestos se entienden las contribuciones establecidas en la ley a cargo a las personas que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas en aquéllas, derivando de tal diferencia distintos modos de apreciar y aplicar los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad.

Tal divergencia ha sido reconocida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que aparece publicada a foja 661 de la Primera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que dice:

"DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ÉSTOS ESTÁ REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. La satisfacción de las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas fiscales establecidas por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que las leyes tributarias tratan de llevar a cabo en materia de derechos a través de una escala de mínimos a máximos en función del capital del causante de los derechos correspondientes, traduce un sistema de relación de proporcionalidad y equidad que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: 'las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo o sus dependencias a personas determinadas que los soliciten', de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos."

Por su parte, corroborando lo anterior, el artículo 24, fracción IV, del Código Financiero del Distrito Federal, define el concepto de "derecho" de la siguiente manera:

"Artículo 24. Las contribuciones establecidas en este código, se clasifican en:

"...

"IV. Derechos. Son las contraprestaciones por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Distrito Federal, así como por recibir los servicios que presta la entidad en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas como tales en este código."

Así, como en la especie ocurre, el principio de proporcionalidad que rige a los derechos fiscales se funda, generalmente, en que el monto de las cuotas o tarifas de éstos, guarden una correspondencia razonable con el costo del servicio que presta el Estado.

Además, debe tomarse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y de que la correspondencia entre este costo y el monto de la cuota no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se otorgan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares.

Así lo ha sustentado el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis número IX/89, visible en la página 77, Tomo III, Primera Parte, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"DERECHOS FISCALES. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y EL MONTO DE LA CUOTA. Pese a que en la legislación vigente en la actualidad se suprimió de la definición de derechos fiscales el concepto de 'contraprestaciones' por el servicio público prestado, como precisaba el Código Fiscal de la Federación de 1967, subsiste cuando se trata de una hipótesis la correlación entre la prestación del servicio público y el monto de la cuota, a tal grado que son términos interdependientes y que aquél es supuesto de causación de ésta; dichas características que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, permiten considerar, aplicando los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, que debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, y que se impone dar el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar en lo esencial los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del causante, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y de que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares."

Ahora bien, se advierte del texto de los preceptos legales impugnados, en principio, que ciertamente dichos derechos por las descargas de agua en la red de drenaje se calcula mediante la fijación de un porcentaje del volumen de agua extraída al que, a su vez, se le aplica un porcentaje deducido de la cuota que debe cubrirse por metro cúbico de agua potable provista por el Distrito Federal en tomas instaladas en inmuebles que no sean de uso habitacional y, por tanto, como de uso no doméstico, o bien, cuando la descarga sea menor al 80% del volumen de agua extraída, aplicando el 75% de la cuota correspondiente al servicio provisto en tomas de agua de uso no doméstico, el volumen de agua efectivamente descargada.

Sin embargo, en la especie se considera que la ley reclamada satisface los requisitos de proporcionalidad, porque para fijar los derechos de que se trata, contrariamente a las pretensiones de la quejosa y como ya se indicó, no ha de estar en concordancia con su capacidad contributiva, sino, fundamentalmente, con el costo del servicio que presta el Departamento del Distrito Federal, dentro de sus funciones de derecho público, estimando este tribunal que establecer como base del derecho de descarga un por ciento del agua extraída, y como cuota un por ciento de la tarifa que corresponda por metro cúbico de agua potable, como lo hacen las disposiciones reclamadas, se apega al principio de proporcionalidad, puesto que tales elementos -base y tarifa-, guardan relación y congruencia con el uso de la red de drenaje.

En el concepto de violación señalado como segundo en el escrito de demanda relativo, la quejosa alega sustancialmente, que la ley reclamada es inequitativa y violatoria del artículo 31, fracción IV, constitucional, porque no "... trata en forma igual a quienes se encuentran en idéntica situación económica. Es decir, por no atender a la situación económica en igualdad de circunstancias resulta que los derechos en cuestión dan un tratamiento diferencial a sujetos con la misma capacidad contributiva ...".

Es igualmente infundado lo expresado por la quejosa recurrente.

Previamente a expresar las razones que sustentan la conclusión anterior, conviene hacer notar que este Tribunal Pleno ya se ha pronunciado sobre el tema de los derechos causados por concepto de descarga de agua en la red de drenaje. Al efecto emitió la jurisprudencia que enseguida se transcribe:

"DRENAJE, DESCARGAS DE AGUA EN LA RED DE. LOS ARTÍCULOS 135-A Y 135-B DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PREVIENEN EL PAGO DE LOS DERECHOS RESPECTIVOS, VIOLAN LA GARANTÍA DE EQUIDAD (ARTÍCULOS VIGENTES EN EL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES).- Los artículos citados, mediante los cuales se establece el pago de derechos de descarga de aguas a la red de drenaje para las personas, físicas o morales, que utilizan agua de fuentes diversas a la red de suministro del citado departamento, violan el principio de equidad tributaria que establece la fracción IV, del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues mientras que a dichas personas se les obliga a pagar los derechos correspondientes por la prestación de ese servicio público, los demás contribuyentes que la reciben directamente del Departamento del Distrito Federal no los pagan, a pesar de que se encuentran en condiciones análogas, puesto que de igual manera descargan dicho líquido a la red de drenaje, independientemente de la forma en que se hayan proveído del agua."

Como se advierte del texto de la jurisprudencia invocada, que se publicó con el número P./J. 21/95, página 17, Novena Época, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, esta tesis se refiere a los entonces vigentes artículos 135-A y 135-B de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, que regulaban el pago de derechos por concepto de descarga de agua en la red de drenaje, mismos que disponían:

"Artículo 135-A. Están obligadas al pago de estos derechos, las personas físicas y morales que utilicen agua de fuentes diversas a la red de suministro del Departamento del Distrito Federal, por las descargas de este líquido en la red de drenaje.

"El monto del derecho se calculará tomando como base el 80% del volumen de agua extraída, al que se le aplicará el 75% de la cuota que corresponda por metro cúbico de agua potable a que se refiere el artículo 126, fracción I, inciso b), de esta ley.

"Cuando el contribuyente demuestre a la autoridad fiscal que su descarga es menor al por ciento del volumen de agua extraída señalado en el párrafo anterior, el derecho se calculará aplicando el 75% de la cuota mencionada, al volumen de agua efectivamente descargada en la red de drenaje."

"Artículo 135-B. La determinación del derecho a que se refiere el artículo anterior, se hará por periodos bimestrales. La autoridad fiscal enviará la boleta respectiva, debiendo pagarse este derecho dentro de los veinte días de calendario siguientes a cada bimestre.

"Las boletas señaladas en el párrafo anterior serán enviadas mediante correo ordinario al domicilio del usuario, siendo obligación de los contribuyentes que no las reciban, solicitarlas en las oficinas fiscales autorizadas, ya que la falta de recepción de las mismas no los libera de la obligación de efectuar el pago dentro del plazo establecido para tal efecto, ni de los recargos y sanciones, que en su caso procedan.

"Para los efectos de esta sección, será aplicable en lo conducente, lo establecido en la sección tercera de este capítulo."

Cabe transcribir igualmente el también entonces vigente artículo 126 de la misma Ley de Hacienda, que dice:

"Artículo 126. Están obligados al pago de los derechos por el suministro, uso y aprovechamiento del agua que provea el Departamento del Distrito Federal, los propietarios o poseedores por cualquier título de los inmuebles en que se encuentren instaladas tomas de agua. El monto de dichos derechos comprenderá, las erogaciones necesarias para adquirir, extraer, conducir y distribuir el líquido, así como las que se realicen para mantener la infraestructura necesaria para ello, y se pagarán bimestralmente, de acuerdo a las tarifas que a continuación se indican: ..."

La exposición de motivos que dio origen a la iniciativa de reformas del artículo 126 de la Ley de Hacienda, de fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, en la parte que interesa dice:

"En esa virtud, en la iniciativa que someto a la consideración de ese Honorable Congreso, se incluye la redefinición del pago de los derechos de agua. En primer término, se establece que el monto de las erogaciones necesarias para adquirir, extraer, conducir, distribuir y posteriormente desalojar el líquido, así como las que se realicen para mantenerla infraestructura necesaria para ello."

En otra parte de la exposición de motivos de que se trata, se expresó:

"Asimismo, en la iniciativa que se somete a la consideración de esa honorable representación nacional, se sugiere derogar el artículo 116 de la propia ley, relativo a los derechos por el uso o aprovechamiento de la red de alcantarillado, ya que, dentro del costo de los derechos de agua, se están incluyendo las erogaciones que se realizan por este concepto."

Como se ve, la concesión del amparo contra los preceptos precisados de la Ley de Hacienda del Distrito Federal, vigente a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y tres, obedeció a que resultaban inequitativos, en razón de que, no obstante lo expresado en la exposición de motivos, el pago de tales derechos únicamente se aplicaba a aquellos contribuyentes que extraían agua de fuentes diversas a la red de suministro de agua potable del Departamento del Distrito Federal, y no así a los usuarios de este servicio de suministro por dicho departamento, por lo cual se violaba el principio de equidad tributaria, ya que tratándose de la prestación del mismo servicio de alcantarillado y red de drenaje, se otorgaba un trato desigual a la generalidad de quienes lo utilizaban, al excluir del pago del derecho correspondiente a las personas que descargaban agua en el drenaje si ésta era suministrada por el propio departamento.

Sin embargo, el planteamiento a estudio en el caso concreto no puede ser objeto del mismo criterio que llevó al otorgamiento del amparo en las condiciones antes apuntadas, pues como se advierte de los preceptos en la especie reclamados del Código Financiero del Distrito Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994 y en vigor el 1o. de enero de 1995, analizados armónicamente con el artículo 196, fracción I, inciso b), del mismo Código Financiero del Distrito Federal, antes transcrito, que cambia su redacción respecto de su similar 126 de la derogada Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, están obligados al pago de los derechos por suministro de agua que provea el Distrito Federal, los usuarios del servicio, y que el monto de tales derechos no solamente comprende la obtención del mismo, sino además, entre otros conceptos, "... posteriormente su descarga a la red de drenaje ...".

Ahora bien, en relación con el concepto de violación expresado por la quejosa, específicamente a estudio, cabe repetir, como ya se indicó, que tratándose de derechos fiscales, la proporcionalidad consiste en la existencia de un razonable equilibrio entre la cuota y el costo que para el Estado tenga la prestación del servicio cuando, como en el caso ocurre, los derechos se causan por concepto del servicio de la red de drenaje proporcionado por el Departamento del Distrito Federal; en tanto que la equidad exige otorgar el mismo trato a los que reciben igual servicio.

Así, los preceptos legales combatidos ya transcritos satisfacen las condiciones de equidad, pues como se advierte de su análisis, en relación con el diverso 196 del mismo ordenamiento, todas las personas físicas o morales, ya sea que reciban el suministro de agua por parte del Departamento del Distrito Federal, o bien, que la obtengan de fuente diversa y la descarguen en la red de drenaje de que dispone la ciudad, pagarán los derechos que correspondan por concepto de la prestación de este servicio público, que resulta ser el mismo para todos los gobernados y cuyo monto se fija en igualdad de circunstancias para cada categoría de prestatarios del servicio, con lo que se respeta el principio de equidad tributaria.

Ciertamente, en lo que se refiere al principio de equidad que la quejosa alega se conculca en su perjuicio, porque los derechos reclamados otorgan un trato desigual a quienes presentan iguales condiciones económicas, debe decirse que no le asiste razón, pues para respetar tal principio, basta con que las leyes reguladoras de las contribuciones denominadas derechos, otorguen un tratamiento igualitario a todos los usuarios de los servicios correspondientes, lo que se traduce en que las cuotas o tarifas conforme a las cuales se cobran los derechos, deben ser iguales para quienes reciban servicios análogos o bien, en su caso, para quienes hagan un uso o aprovechamiento idéntico.

Cabe afirmar, por tanto, que cuando a quienes reciban el mismo tipo de servicio público particular divisible, se les cobre por el uso del servicio la misma cantidad que la que tengan que pagar otros usuarios en condiciones análogas, se respeta el principio de equidad, y así ocurre en el caso, ya que de los preceptos reclamados, se insiste, se sigue que están obligados a pagar los derechos correspondientes por la prestación del servicio público de descarga de agua a la red de drenaje, todas las personas físicas y morales, independientemente de su fuente de aprovisionamiento de la misma.

Por tanto, al establecer la ley reclamada que todos los contribuyentes que hacen uso de la red de alcantarillado pagan dicho gravamen, en los mismos montos y condiciones que generalmente se fijan por cada categoría, es claro que dicha ley no viola en perjuicio del quejoso el principio de equidad y con ello el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

En consecuencia, lo procedente es revocar la res

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16882-6ce00c9f/derechos-por-servicios-su-proporcionalidad-y-equidad-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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