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Modo: Corpus Pro

NULIDAD QUE DECLARA LA SENTENCIA FISCAL DEBIDO A LA NOTIFICACIÓN ILEGAL DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. DEBE SER LA EXCEPCIONAL CON FUNDAMENTO EN LA PARTE FINAL DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 175/2001. · Registro digital (IUS): 16947
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE PUEBLA SUR, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL PRESIDENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, , Pág. 1250.

REVISIÓN FISCAL 175/2001. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE PUEBLA SUR, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL PRESIDENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Los agravios expuestos por la autoridad recurrente son en una parte infundados y en otra fundados, como enseguida se precisa.

Por las razones particulares de este asunto, primero conviene estudiar el motivo de inconformidad que resulta fundado.

En la sentencia que se revisa, la Sala del conocimiento estimó declarar la nulidad lisa y llana del procedimiento fiscalizador, en tanto que en el citatorio que se dejó a la contribuyente no se especificó que era para la entrega de la orden de visita domiciliaria de que fue objeto.

Ahora bien, la impetrante de la revisión sostiene que, contrario a lo resuelto por la a quo, la nulidad debió decretarse con apoyo en el último párrafo de la fracción III del artículo 239 del código tributario federal, ya que con tal omisión se trata de una violación formal en la entrega del citatorio para la recepción de dicha visita, afirmación que se sustenta en los términos siguientes:

"Lo anterior, tomando en cuenta que en el presente asunto estamos en presencia de una violación formal de la que adolece un citatorio, pues el ejercicio de la misma se realiza al momento en que se emite dicho citatorio, siendo claro que la actuación o consecuencias que se deriven del mismo son en cumplimiento a las facultades de la autoridad para dar a conocer un acto administrativo.-Sobre el particular, es pertinente manifestar que, en términos de lo previsto por el artículo 239, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se persigue restaurar la legalidad de la actuación de la autoridad hacendaria y, en el presente caso excepcional, la nulidad que se debe decretar no puede tener otro efecto que no sea el que la autoridad anule el acto impugnado, y actuando dentro del límite de sus facultades discrecionales, si así lo estima conveniente y se encuentra en posibilidad de hacerlo, emita un nuevo acto administrativo."

Tiene razón la inconforme en cuanto a que la omisión de señalar en el citatorio que era para la entrega de la orden de visita reviste un vicio de carácter formal.

En efecto, en términos del numeral 238, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, el vicio en comento se conceptúa como una omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes que afecta las defensas del particular y trasciende al sentido de la resolución impugnada, de manera que si el punto que motivó la nulidad, esto es, la omisión de señalar en el citatorio que era para la recepción de la orden de visita domiciliaria, encuadra en el supuesto previsto en la señalada fracción II del artículo 238 del código tributario federal, lo que conlleva una declaratoria de nulidad para efectos conforme a lo que establece la fracción III del numeral 239 de la misma codificación fiscal; empero, cuando se trata, como en el caso, de esas visitas su naturaleza entraña facultades discrecionales concebidas para las autoridades exactoras en el artículo 16 constitucional, razón por la que se surte el caso de excepción previsto en la parte final del precepto fiscal citado en último término, de suerte que aunque originariamente deba ser declarada la nulidad para efectos, lo cierto es que la nulidad en este supuesto excepcional no puede tener efecto alguno que no sea el que la autoridad anule el acto impugnado y, dentro del límite de sus facultades discrecionales, si así lo estima conveniente y se encuentra en posibilidad de hacerlo, emita un nuevo acto administrativo.

Es aplicable al caso la jurisprudencia que sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluso cita la inconforme, visible en la página ciento ochenta y cinco del Tomo X, agosto de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA. LA NULIDAD DECRETADA POR VICIOS FORMALES EN SU EMISIÓN, DEBE SER DECLARADA CON FUNDAMENTO EN LA PARTE FINAL DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.-Si bien las violaciones de tipo formal existentes en un acto administrativo, encuadran en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, lo que trae aparejada la declaratoria de nulidad para efectos, en términos de lo establecido en la fracción III del artículo 239 del mencionado ordenamiento legal, ello no ocurre, en el caso de las órdenes de visita domiciliaria. En efecto, no debe perderse de vista que debido a la naturaleza de las resoluciones impugnadas, las que derivaron de la emisión de órdenes de visita domiciliaria, expedidas con base en la facultad discrecional que a las autoridades fiscalizadoras les otorga el artículo 16 constitucional, surte el caso de excepción previsto en la parte final del precepto citado en último término y, por tanto, aunque originariamente deba ser declarada la nulidad para efectos, lo cierto es que la nulidad decretada en este supuesto excepcional no puede tener efecto alguno que no sea el que la autoridad anule el acto impugnado y, actuando dentro del límite de sus facultades discrecionales, si así lo estima conveniente y se encuentra en posibilidad de hacerlo, emita un nuevo acto administrativo."

En donde no tiene razón la inconforme es en el contenido siguiente de sus agravios:

"Acorde a lo anterior, es que de manera alguna da lugar a pensar que la autoridad deba de subsanar el vicio formal en que incurre si lo estima conveniente, sino que, se insiste, su actuación de reposición deberá de efectuarse por mandato expreso de la Sala Fiscal y ordenar a la autoridad demandada que lleve a cabo la diligencia de notificación del proveído a debate."

Más adelante se afirma que el vicio formal del citatorio no está supeditado al ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad.

Como se dijo, carece de razón la recurrente, pues, contrario a lo que dice, el ejercicio de las facultades discrecionales de la autoridad demandada tiene su origen desde que decidió llevar a cabo la visita domiciliaria en la contribuyente.

Esto es, la autoridad exactora, por el motivo que haya encontrado, pues esto no está a discusión, expidió la orden de visita con base en una facultad discrecional que la ley le otorga y que, desde luego, da la pauta al inicio de esa prerrogativa; lo siguiente fue darla a conocer a la sujeto de impuestos, en donde, con ese motivo, se detectó el vicio formal apuntado, de manera tal, se reitera, que si la expedición de la orden de visita implica ya el inicio del ejercicio de facultades discrecionales, entonces, no es dable desconocer esta circunstancia y la nulidad por el vicio detectado al momento de darla a conocer al contribuyente, por estar comprendida dentro de esas atribuciones potestativas, no puede tener efecto alguno sino que se invalide esa notificación y, si se estima conveniente y se está en posibilidad de hacerlo, se vuelva a repetir.

En mérito de lo expuesto, no toca a la Sala Fiscal decidir qué es lo que debe hacer la autoridad, sino a ésta por las facultades de que está revestida.

Lo anterior se corrobora del contenido de la ejecutoria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dio vida a las jurisprudencias 44/98 y 45/98, de rubros: "SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. LA FACULTAD QUE EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, OTORGA AL TRIBUNAL FISCAL PARA DICTARLAS, PRESERVA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL." y "SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.", de la que se transcribe lo siguiente:

"... Ahora bien, trasladando la distinción consignada en los dos párrafos mencionados a las hipótesis en que la resolución administrativa carece de fundamentación y motivación (artículo 238, fracción II) y teniendo en consideración, asimismo, la variada competencia que el artículo 23 de la entonces vigente ley orgánica otorgaba a las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, reiterada en la actual ley, debe indicarse que para poder determinar cuándo debe obligar la sentencia de nulidad a la autoridad administrativa a dictar una nueva resolución, y cuándo no debe tener tales efectos, es necesario acudir a la génesis de la resolución impugnada, para saber si se originó con motivo de un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional.-Cuando la resolución administrativa impugnada se dictó como culminación de un procedimiento donde el orden jurídico exige de la autoridad demandada un pronunciamiento, la reparación de la violación dictada no se colma con la simple declaración de nulidad de dicha resolución, sino que es preciso que se obligue a la autoridad a dictar otra, para no dejar incierta la situación jurídica del administrado, como sucede cuando la materia del asunto versa sobre la petición de reconocimiento de un derecho subjetivo tutelado, como cuando se impugne la negativa de devolución de lo pagado indebidamente, la negativa a reconocer el derecho a una pensión de retiro, las resoluciones sobre cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos de obra pública y, entre otros muchos casos, cuando la resolución impugnada fue pronunciada como culminación de un recurso administrativo; en todos estos supuestos ejemplificativos, resulta lógico considerar que la reparación de la violación cometida no se satisface dejando insubsistente la resolución carente de fundamentación y motivación, sino que es necesario que se conmine a la autoridad administrativa a dictar la resolución correspondiente, en el sentido que sea, pero fundada y motivadamente.-Consideración y conclusión diversas amerita el supuesto en que la resolución administrativa impugnada, que carece de fundamentación y motivación, nace del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, como en aquellas hipótesis que con tal característica le autoriza el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, para comprobar que los contribuyentes han cumplido con las disposiciones fiscales. Aquí opera la excepción o salvedad señalada, pues conforme a la interpretación de los párrafos primero y último de la multicitada fracción III, la Sala Fiscal, si declara la nulidad de la resolución no puede, válidamente, obligar a la autoridad administrativa a que dicte nueva resolución, pero tampoco puede impedírselo.-Las dos conclusiones alcanzadas responden a la lógica que rige la naturaleza jurídica del nacimiento y trámite de cada tipo de resoluciones, según la distinción que tuvo en cuenta la disposición en estudio, de tal modo que en ninguna de las dos hipótesis se viola el artículo 16 constitucional.-En efecto, es verdad que este precepto de la Carta Magna no establece la posibilidad de que ante la anulación de una resolución administrativa por falta de fundamentación y motivación, se obligue a la autoridad que la emitió a que reitere el acto de molestia, pero también es verdad que cuando dicha autoridad, en virtud de las leyes que rigen su competencia, o con motivo de una instancia o recurso del demandante debe pronunciarse al respecto, la sentencia anulatoria de su acto infundado e inmotivado que la obligue a dictar otra resolución y hasta indicarle los términos en que debe hacerlo, como establece la regla general de la disposición examinada, además de que tiene por objeto acatar el derecho de petición que garantiza el artículo 8o. constitucional, viene a colmar la pretensión del particular, pues le asegura una resolución depurada conforme a derecho. Tratándose de facultades discrecionales, el desarrollo lógico conduce a solución distinta, como ya se apuntó. Si se toma en consideración que existe discrecionalidad cuando la ley otorga a la autoridad un amplio campo de apreciación para decidir si debe obrar o debe abstenerse, para resolver cuándo y cómo debe obrar, o aun para determinar libremente el contenido de su posible actuación, ha de entenderse que la base toral de este tipo de atribuciones es la libertad de apreciación que la ley otorga a las autoridades para actuar o abstenerse, con el propósito de lograr la finalidad que la propia ley le señala. Su ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad de optar, de elegir, entre dos o más decisiones, sin que ello signifique arbitrariedad, ya que la autoridad sigue sujeta a los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16 constitucional, lo cual permite que los actos discrecionales sean controlados por la autoridad jurisdiccional, como cabe inferir del criterio plasmado en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 70, que, aunque referida al juicio de amparo, es aplicable, por analogía, a los juicios de nulidad, siendo del tenor siguiente: ‘FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO.-El uso del arbitrio o de la facultad discrecional que se concede a la autoridad administrativa puede censurarse en el juicio de amparo cuando se ejercita en forma arbitraria o caprichosa, cuando la decisión no invoca las circunstancias que concretamente se refieren al caso discutido, cuando éstas resultan inexactas o son inexactos los hechos en que se pretende apoyar la resolución, o cuando el razonamiento en que la misma se apoya es contrario a las reglas de la lógica.’.-Consecuentemente, acorde con la salvedad de la disposición en análisis, la sentencia anulatoria de una resolución administrativa discrecional carente de fundamentación y motivación, no debe obligar a la autoridad administrativa a dictar otra resolución, porque tanto equivaldría a que el Tribunal Fiscal sustituyera a la demandada en la libre apreciación de las circunstancias y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, independientemente de que también perjudicaría al administrado actor en vez de beneficiarlo, pues al darle ese efecto a la nulidad, estaría obligando a la autoridad administrativa a actuar, cuando ésta, por no encontrar elementos para fundar y motivar una nueva resolución, pudiera abstenerse.-Pero de la misma manera y, fundamentalmente, por la misma causa, la sentencia que declara nula una resolución infundada e inmotivada emitida en ejercicio de facultades discrecionales no puede, válidamente, impedir que la autoridad administrativa pronuncie una nueva resolución, pues con tal efecto le estaría coartando su poder de elección. Además, resulta lógico entender que la sentencia anule en forma absoluta la resolución, de modo tal que la autoridad quede impedida para dictar otra resolución cuando la Sala se apoya en vicios de fondo, pero no cuando el acto discrecional sólo es censurado por falta de fundamentación y motivación, que es vicio de forma. Con ello no se viola el artículo 16 constitucional en perjuicio del particular administrado, sino que la norma examinada resuelve el problema en su justa dimensión, en virtud de que el control que en la vía jurisdiccional ejerce el Tribunal Fiscal de la Federación, en esta hipótesis, protege plenamente al particular del acto concreto, sin llegar a suprimir el poder discrecional de la autoridad administrativa."

Cabe aclarar que la ejecutoria en comento se refiere a la falta de fundamentación y motivación del acto impugnado; empero, es el mismo caso, porque en ella se reconoce que esa ausencia representa un vicio de forma que es igual a lo que aquí sucede (omisión de señalar en el citatorio que era para la entrega de una orden de visita domiciliaria).

Finalmente, no pasa inadvertido que la Sala Fiscal citó la tesis que sostiene este tribunal en la que se afirma que la nulidad debe ser lisa y llana cuando se trata de una ilegal notificación.

La tesis es la que aparece publicada en la página mil ciento ochenta y cinco del Tomo XIII, mayo de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"NULIDAD QUE DECLARA LA SENTENCIA FISCAL DEBIDO A LA NOTIFICACIÓN ILEGAL DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. DEBE SER LISA Y LLANA Y NO PARA EFECTOS.-La notificación es el acto jurídico que constituye el presupuesto necesario para el inicio del procedimiento de comprobación, ya que del análisis del artículo 44, fracciones II y III, del Código Fiscal de la Federación, se desprende que el procedimiento se inicia precisamente con la entrega al contribuyente o a su representante en vía de notificación del oficio respectivo, de suerte que es en el momento mismo de la notificación practicada de manera legal cuando se inicia válidamente el procedimiento para el ejercicio de las facultades de comprobación. De ahí que si la notificación del inicio de dichas facultades se realizó en forma contraria a la establecida en la ley, cabe concluir que no inició debidamente el ejercicio de tales facultades, actualizándose, entonces, la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, lo que ocasiona la nulidad lisa y llana del procedimiento de mérito iniciado con motivo de su ilegal notificación, y no una nulidad para efectos, pues resultaría materialmente imposible retrotraer el tiempo a fin de que se subsanara la violación cometida, sin perjuicio, desde luego, que si la autoridad fiscal se encuentra aún en tiempo y decide hacer uso de sus facultades discrecionales, inicie de nueva cuenta y en debida forma el procedimiento de que se trata."

Sin embargo, si bien el contenido de esta tesis pudiera aparentar un contrasentido, en realidad no se trata sino, en todo caso, de impropiedad en el manejo técnico del lenguaje, ya que la experiencia que ha adquirido este tribunal en el conocimiento de asuntos de similar naturaleza aconseja depurar el vocabulario empleado en dicha tesis, pues cuando están de por medio las facultades discrecionales de las autoridades exactoras, como en las de comprobación, la nulidad de sus actos encuadra en la excepcional, de modo que la consecuencia es que corresponde a ellas decidir si vuelven a hacer uso de su potestad, si es que aún se encuentran en tiempo y están en posibilidad de hacerlo, esto último aclarado en la tesis de que se habla, por ende, el criterio no es contrario a la ley ni a la jurisprudencia, sino, como se dijo, impropio en técnica lingüística.

Por lo anterior, la tesis debe quedar redactada de la siguiente manera.

NULIDAD QUE DECLARA LA SENTENCIA FISCAL DEBIDO A LA NOTIFICACIÓN ILEGAL DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. DEBE SER LA EXCEPCIONAL CON FUNDAMENTO EN LA PARTE FINAL DE LA FRACCIÓN TERCERA DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.-Este tribunal sostiene la tesis consultable en la página mil ciento ochenta y cinco del Tomo XIII, mayo de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NULIDAD QUE DECLARA LA SENTENCIA FISCAL DEBIDO A LA NOTIFICACIÓN ILEGAL DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. DEBE SER LISA Y LLANA Y NO PARA EFECTOS."; sin embargo, si bien el contenido de esta tesis pudiera aparentar un contrasentido, en realidad no se trata sino, en todo caso, de impropiedad en el manejo técnico del lenguaje, que conviene depurar, pues tal como se dijo en dicha tesis, cuando están de por medio las facultades discrecionales de las autoridades exactoras, como en las de comprobación, la nulidad de sus actos no impide que vuelva a realizarlos, si aún puede hacerlo, aunque tampoco la conmina a ello, pero, en esa tesitura, el calificativo del tipo de nulidad no es de lisa y llana, sino excepcional, en términos del artículo 239, fracción III, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, razón por la cual, para efectos de propiedad técnica, el texto de la tesis, con el rubro ya indicado al inicio de ésta, debe quedar así: La notificación es el acto jurídico que constituye el presupuesto necesario para el inicio del procedimiento de comprobación, ya que del análisis del artículo 44, fracciones II y III, del código tributario federal, se desprende que el procedimiento se inicia precisamente con la entrega al contribuyente o a su representante, en vía de notificación, del oficio respectivo, de suerte que es en el momento mismo de la notificación practicada de manera legal cuando se inicia válidamente el procedimiento para el ejercicio de las facultades de comprobación. De ahí que si la notificación del documento que implica el inicio de dichas facultades se realizó en forma contraria a la establecida por la ley, cabe concluir que no iniciaron debidamente el ejercicio de tales facultades, actualizándose, entonces, la nulidad prevista por la última parte de la fracción III del artículo 239 del aludido código, es decir, la excepcional, sin perjuicio, desde luego, que si la autoridad fiscal se encuentra aún en tiempo, y está en posibilidad de hacerlo, inicie de nueva cuenta y en debida forma el procedimiento de que se trata.

En este orden de ideas, ante lo infundado de un agravio pero fundado de otro, se revoca la sentencia que se revisa para el efecto de que la Sala dicte otra en la que reitere sus consideraciones y, con base en los lineamientos que se marcan en la primera parte de este considerando, declare la nulidad con fundamento en la parte final de la fracción III del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, en el entendido de que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, deberá analizar los conceptos de impugnación que omitió y con los que se pudiera obtener la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.

Por lo expuesto, se resuelve:

ÚNICO.-Se revoca la sentencia dictada el quince de junio de dos mil uno por la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad número 1869/99-07-02-4, para los efectos precisados en el último párrafo del considerando que antecede.

Notifíquese; háganse las anotaciones respectivas, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Manuel Rojas Fonseca (presidente), Víctor Antonio Pescador Cano y Jaime Raúl Oropeza García, bajo la ponencia del segundo de los nombrados.

Nota: Las tesis P./J. 44/98 y P./J. 45/98 citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas con los números 492 y 490, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, página 567 y 564, respectivamente.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16947-a19a35fa/nulidad-que-declara-la-sentencia-fiscal-debido-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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