DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA ACCIÓN LABORAL. EL AUTO DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE POR EL QUE ESTABLECE QUE NO HA LUGAR A TENERLO POR FORMULADO, ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 99/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
SECRETARIA: MARTHA YOLANDA GARCÍA VERDUZCO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito resolvió el amparo directo DT. 142/2001, promovido por el Ayuntamiento Constitucional de Nezahualcóyotl, México, por conducto de su apoderado, resuelto por unanimidad de votos en la sesión del diecinueve de abril del año dos mil uno, negando el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados; la parte medular de las consideraciones que sostuvo dicho órgano colegiado, son las siguientes:
"IV.-Cabe destacar que los anteriores conceptos de violación se analizarán en estricto derecho, al no encontrarnos dentro del supuesto previsto en la fracción IV del artículo 76 bis de la Ley Federal del Trabajo, pues el promovente no es el trabajador.-En el primer concepto de violación, el quejoso esencialmente refiere que la responsable ilegalmente determinó mediante acuerdo de dos de agosto de dos mil, que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado por los representantes del actor, esto es, en tener por desistido a este último de las acciones intentadas en su demanda laboral, por el hecho de que en la carta poder respectiva no aparece los hubiere facultado para tal efecto, siendo que, según su decir, en ningún precepto de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, ni de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, aparece establecido que para que surta efectos el desistimiento solicitado por los representantes del actor de las acciones intentadas por este último, necesariamente se les tiene que facultar para ello en la carta poder que les extienda, pues considera que al no limitarlos en ese documento para desistirse de las mismas, debe entenderse un mandato en términos generales.-Es inoperante el anterior concepto de violación, porque al tratarse de una cuestión en la que se alega la negativa del desistimiento de las acciones intentadas por el actor, se genera una ejecución irreparable para los efectos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo y, por lo mismo, en todo caso debió impugnarse en amparo indirecto, dado que en el caso de que se acordara favorablemente el desistimiento, ello provocaría que no se desplegara un juicio innecesario hasta su última consecuencia que es la sentencia definitiva.-Por analogía es aplicable la jurisprudencia 41/99 de la Segunda Sala, suscitada con motivo de la contradicción de tesis 106/98, visible en la página 468, Tomo IX, mayo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: ‘DESISTIMIENTO TÁCITO DE LA ACCIÓN LABORAL. LA INTERLOCUTORIA QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 773 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.-Siguiendo los razonamientos del Tribunal Pleno contenidos en la tesis de rubro: «PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO <PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.>).», esta Segunda Sala advierte la analogía existente entre el incidente de desistimiento tácito de la acción a que se refiere el artículo 773 de la Ley Federal del Trabajo y el incidente de falta de personalidad en el actor. Dicha analogía se presenta porque, en ambos casos, de resultar fundados los incidentes, su efecto será dar por terminado el juicio al quedar devastados los elementos integrantes de la acción; además, en ambos supuestos, en caso de que prosperara la acción incidental, ello provocaría que no se desplegara un juicio innecesario hasta su última consecuencia que es la sentencia definitiva, en ese orden de ideas y partiendo de la base que donde opera la misma razón debe aplicarse la misma disposición, en la especie, como caso de excepción, debe concluirse que la interlocutoria que declara infundado el incidente de desistimiento tácito de la acción genera una ejecución irreparable para efectos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, y por tales razones, en su contra procede el amparo indirecto.’.-Por otro lado, el impetrante alega en los conceptos de violación tercero y cuarto, que la responsable ilegalmente negó reconocer la personalidad del señor Carlos Leovigildo Mendoza Zacarías como apoderado de su representada, por el sólo hecho de no contar con cédula profesional para ejercer la profesión de licenciado en derecho, siendo que, según su parecer, los preceptos 195, 196 y 197 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios no obligan a que las personas que nombren como representantes en el juicio laboral deban contar con la cédula que los acredite como licenciados en derecho, por lo que considera que al no haber reconocido la personalidad de su representante, no obstante haberle otorgado el síndico primero del H. Ayuntamiento demandado carta poder con todos los requisitos legales, lo dejaron en estado de indefensión, pues se le tuvo por inconforme con todo arreglo conciliatorio posible, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho para ofrecer y desahogar pruebas, turnándose el expediente para el dictado de la sentencia.-Son inoperantes los anteriores argumentos, porque al tratarse de cuestiones de personalidad en el juicio laboral, ésta no es la vía para combatirlos sino a través del amparo indirecto. Ciertamente, existen dos excepciones como son: a) Cuando la autoridad laboral dicte resolución en la que desestime la personalidad de quien comparece como representante del actor, lo cual pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal; y, b) En el caso de que se haga pronunciamiento específico sobre la personalidad de cualquiera de las partes en el laudo, el cual es definitivo, casos en los cuales sí es procedente el amparo directo, lo cual en la especie no acontece.-Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala, suscitada con motivo de la contradicción de tesis 49/98, visible en la página 169, Tomo IX, febrero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘PERSONALIDAD EN MATERIA LABORAL. POR REGLA GENERAL DEBE RECLAMARSE EN AMPARO INDIRECTO, EXCEPTO CUANDO LA JUNTA, DENTRO DEL JUICIO, DESCONOZCA O RECHACE LA DE QUIEN COMPARECE POR EL ACTOR, O CUANDO, EN EL LAUDO, HAGA PRONUNCIAMIENTO ESPECÍFICO SOBRE LA CUESTIÓN, CASOS EN LOS CUALES PROCEDE EL AMPARO DIRECTO.-Conforme al criterio actual del Tribunal Pleno de la Suprema Corte, recogido en la tesis P. CXXXIV/96, publicada en las páginas 137 a 139, del Tomo IV, noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que se intitula «PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO <PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.>).», la regla general es que procede el amparo indirecto en contra de las resoluciones que, previamente al fondo, dirimen una cuestión de personalidad en el juicio ordinario laboral. De la misma ejecutoria aparece que esa regla tiene dos excepciones, a saber: a) cuando la autoridad laboral dicte resolución en la que desestime la personalidad de quien comparece como representante del actor, lo cual pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal; y, b) en el caso de que haga pronunciamiento específico sobre la personalidad -de cualquiera de las partes- en el laudo, el cual es definitivo, hipótesis en las que, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, procede el amparo directo.’.-En el quinto concepto de violación, el impetrante arguye que la responsable violó en su perjuicio los artículos 192 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, así como los diversos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, porque revoca sus propias determinaciones, ya que antes del juicio que nos ocupa, en diversos expedientes laborales que fueron y se están ventilando ante ella misma, reconoció la personalidad del señor Carlos Leovigildo Mendoza Zacarías, como apoderado de su representada.-Sobre este punto, debe decirse que la circunstancia de que la emisora en diversos juicios laborales hubiere reconocido la personalidad de Carlos Leovigildo Mendoza Zacarías como su apoderado y no en el asunto que nos ocupa, no significa que revoque sus propias determinaciones, porque ello sólo acontece cuando revoca sus propias determinaciones en un solo juicio y no en otro diverso, pues en todo caso se trata de una variación de criterios.-Finalmente, en el segundo concepto de violación arguye que el laudo combatido es incongruente, porque no obstante el actor en su demanda respectiva omitió reclamar la indemnización constitucional y salarios caídos por un supuesto despido injustificado, la responsable lo condenó a dichas prestaciones, dejando de tomar en cuenta que sólo reclamó la indemnización constitucional por rescisión de una causa imputable al patrón, prevista en el artículo 95 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, de la cual se le absolvió.-También es infundado su argumento porque de la demanda laboral del actor aparece que reclamó, entre otras prestaciones, lo siguiente: ‘a) El pago de la indemnización constitucional a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su similar del Estado de México y sus leyes reglamentarias de aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, para los efectos del Código Fundamental y el artículo 95 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, para el caso de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, consistente en el importe de tres meses y 64 días, por haber prestado nuestro poderdante sus servicios al Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, por el periodo de 3 años y tres meses, el pago de los salarios caídos desde la fecha en que fue despedido injustamente nuestro poderdante y los que se sigan generando hasta la total conclusión del presente juicio, así como el pago del bono anual que injustamente dejó de percibir Alonso Xavier González Álvarez durante el año de 1998 y los dos primeros trimestres del ejercicio fiscal del año en curso.’.-Más adelante en el capítulo de hechos sigue refiriendo: ‘10. Con fecha 29 de mayo del año en curso y siendo las 12:00 horas, nuestro mandante acudió a las oficinas de la Contraloría Interna del Municipio de Nezahualcóyotl para hacer entrega de su manifestación anual de bienes por modificación patrimonial 2000, la cual debería ser entregada en la ciudad de Toluca, Estado de México, en la Secretaría de la Contraloría. Posteriormente, el día 31 de mayo del año actual, nuestro poderdante acude a las oficinas de la Contraloría Interna de Nezahualcóyotl para recoger el documento con acuse de recibo de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México; una vez que le fue entregado ese documento, en ese mismo lugar fue requerido por el C.P. Alfonso Benítez López, subdirector de Auditoría, dependiente de la Contraloría Interna de Nezahualcóyotl, y en su oficina le notificó verbalmente a nuestro mandante que tenía retenido su sueldo por instrucciones del Prof. Juan Manuel Mendoza Hernández, presidente municipal en funciones, lo que demuestra claramente el falaz y absurdo despido injustificado del que fue objeto nuestro poderdante.’.-Y en su aclaración de demanda vuelve a apuntar: ‘2. En cuanto a la fecha del despido, tal y como se desprende de los hechos cinco y nueve del escrito inicial de demanda, se formalizó el día 26 de mayo del año que transcurre, no obstante que se le pidió el 15 de mayo, Alonso Xavier González Álvarez estuvo a disposición de la demandada, sin ningún nombramiento y realizando las labores que normalmente desempeñaba en su puesto y en su cargo, por órdenes del presidente municipal en funciones y el nuevo secretario particular Juan Carlos Rojas Ibarra, para la realización del acta referida en el hecho nueve, bajo la promesa de que se le daría su liquidación, lo cual nunca aconteció, y así se reiteró la conducta del despido al término de la documental pública referida, ejerciéndose presión moral a nuestro mandante para que en ese momento se diera por concluida el acta de entrega y recepción y confirmándose el despido el referido día 26 de mayo de 2000, con la consecuente retención del sueldo de nuestro mandante en fecha posterior.’.-De lo anteriormente transcrito debe decirse, contrariamente a lo alegado por el quejoso, que se advierte que el actor reclamó la indemnización constitucional por despido injustificado y no por una causa de rescisión de la relación laboral por causa imputable al patrón; así también aparece reclamó los salarios caídos. De ahí que estuvo en lo correcto la responsable en condenar por dichas prestaciones y absolver por la indemnización consistente en el importe de tres meses y sesenta y cuatro días que fue exigido por el accionante, en atención a que no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 95 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, esto es, como ya se dijo, que hubiere reclamado indemnización por una rescisión por causa imputable al patrón.-En las relatadas condiciones, lo que procede en la especie es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada."
Dicha resolución dio origen a la tesis que a la letra dice:
"DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN EN MATERIA LABORAL. LA NEGATIVA A TENERLO POR FORMULADO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 41/99, suscitada con motivo de la contradicción de tesis 106/98, publicada en la página 468, Tomo IX, mayo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘DESISTIMIENTO TÁCITO DE LA ACCIÓN LABORAL. LA INTERLOCUTORIA QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 773 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.’, estableció la analogía existente entre el incidente de desistimiento tácito de la acción a que se refiere el numeral 773 invocado y el de falta de personalidad en el actor, porque en ambos casos, de resultar fundados los incidentes, su efecto será dar por terminado el juicio al quedar devastados los elementos integrantes de la acción; además, en ambos supuestos, en caso de prosperar la acción incidental, ello provocaría que no se desplegara un juicio innecesario hasta su última consecuencia que es la sentencia definitiva. En congruencia con tal criterio, debe establecerse que la resolución en la cual se niega el tener por formulado el desistimiento de la acción en el juicio laboral, es otra hipótesis análoga a las dos anteriores, al provocar los mismos acontecimientos y efectos; por ende, también es una de las excepciones que genera una ejecución irreparable para los efectos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, contra la cual procede el amparo indirecto."
CUARTO.-El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión laboral 285/92, promovido por Casa Ramos Delicias, S.A., a través de su apoderado, resuelto por unanimidad de votos en la sesión del tres de diciembre de mil novecientos noventa y dos, confirmó el auto recurrido y desechó la demanda de garantías; la parte medular de las consideraciones que sostuvo dicho órgano colegiado, son las siguientes:
"CUARTO.-Son infundados los agravios expresados atento las consideraciones siguientes: Así es, del análisis de la demanda de garantías se desprende que la parte quejosa reclamó el auto de fecha tres de septiembre de mil novecientos noventa y dos, mediante el cual la Junta señalada como responsable acordó que no había lugar a tener por desistida a la actora de la acción intentada.-El recurrente sustancialmente estima en sus agravios que de ejecutarse el acto que reclama se le causaría un perjuicio irreparable, en virtud de que, adverso a lo considerado por el Juez de Distrito, tal acto no tiene el carácter de violación procesal que pueda ser combatida en amparo directo, toda vez que el desistimiento de la parte actora no puede ser objeto de análisis en el laudo que llegara a dictarse, pues la materia de éste se contrae a decidir únicamente sobre las acciones deducidas y las excepciones opuestas; además de que la causal de improcedencia que invoca el a quo no tiene aplicación al caso concreto, porque no existe disposición legal de la cual se desprenda.-Contrariamente a lo alegado por el recurrente, cabe decir que el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al desechar la demanda de garantías, dado que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el numeral 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo.-En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, de la Ley Fundamental, en relación con los numerales 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, tratándose de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento.-Ahora bien, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene sentencia o laudo favorable.-Así las cosas, el auto en la especie reclamado por virtud del cual la Junta responsable acordó que no había lugar a tener por desistida a la actora en el juicio laboral de la acción intentada, no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que a través de tal cuestión sólo se producen posibles violaciones a derechos adjetivos intraprocesales, máxime que la misma no implica, necesariamente, que el laudo deba ser contrario a los intereses del ahora recurrente.-En tal virtud, el acto en el caso reclamado constituye una posible violación procesal reclamable en amparo directo hasta que se dicte el laudo correspondiente, siempre y cuando éste sea desfavorable a la hoy recurrente.-A mayor abundamiento, si bien la materia del auto en la especie impugnado no se encuentra expresamente prevista en ninguna de las primeras diez fracciones del artículo 159 de la Ley de Amparo, ello se debe a que se trata de una enumeración meramente ejemplificativa, como lo corrobora la fracción XI de dicho precepto legal.-Similar criterio fue sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia número 6/1991, visible en las páginas 11 y 12 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Número 38, febrero de 1991, la cual se aplica en el caso por analogía y que a la letra dice: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, constitucional, en relación con los numerales 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En consecuencia, la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad o la que, en su caso, confirme tal desechamiento al resolver el recurso de apelación correspondiente, no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que a través de dicha excepción sólo se puede plantear la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que el desechamiento de la referida excepción no implica, necesariamente, que el fallo deba ser contrario a los intereses del afectado. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales antes citados, la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad, o la resolución de alzada que confirme tal desechamiento, de ser indebida, constituiría una violación procesal reclamable hasta que se dictara una sentencia desfavorable de fondo, a través del amparo directo, pues es innegable que tal violación, en ese supuesto, afectaría las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, toda vez que como la personalidad de las partes es un presupuesto básico del procedimiento, la sentencia que se llegara a dictar resultaría ilegal por emanar de un juicio viciado en uno de sus presupuestos. Debe añadirse que si bien las resoluciones que desechan la excepción de falta de personalidad no se encuentran previstas expresamente en ninguna de las primeras diez fracciones del artículo 159 de la Ley de Amparo, ello se debe a que se trata de una enumeración meramente ejemplificativa, como lo corrobora la fracción XI que se refiere a «... los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda». Además, congruente con ello la Constitución Federal, en su artículo 107, fracción III, inciso a), sólo exige, para la procedencia del amparo contra sentencias definitivas o laudos respecto de violaciones cometidas durante el procedimiento, que dicha violación afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, requisitos que sí se cumplen en la hipótesis a estudio. Por otra parte si la sentencia definitiva del juicio ordinario, por ser favorable al demandado fuese reclamada por el actor en amparo y éste se concediera, la cuestión de falta de personalidad podría plantearse por el demandado como cuestión exclusiva en un nuevo amparo en contra de la sentencia dictada en acatamiento a la pronunciada en el juicio de amparo anterior, en el que no se pudo examinar la cuestión de personalidad, fundándose esta conclusión en la interpretación sistemática de las fracciones II y IV del artículo 73 de la Ley de Amparo.’.-En ese orden de ideas, procede confirmar el auto recurrido y, por ende, desechar la demanda de garantías."
Dicha resolución dio origen a la tesis que es del tenor literal siguiente:
"DESISTIMIENTO. EL AUTO DE LA JUNTA QUE TIENE POR NO DESISTIDA A LA ACTORA DE LA ACCIÓN INTENTADA, NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.-El auto por virtud del cual la Junta responsable acordó que no había lugar a tener por desistida a la actora en el juicio laboral de la acción intentada, no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto en el juicio que tenga sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que a través de él, sólo se producen posibles violaciones a derechos adjetivos intraprocesales, constituyendo, en consecuencia, una posible violación a las leyes del procedimiento reclamable en amparo directo hasta que se dicte el laudo correspondiente, siempre y cuando éste sea desfavorable a la parte demandada en el juicio laboral de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 159, fracción XI, en relación con el numeral 161, ambos del ordenamiento jurídico referido, y si bien es cierto que la materia del auto de que se trata no se encuentra expresamente prevista en ninguna de las primeras diez fracciones del artículo 159 citado, ello se debe a que en éste se establece una enumeración meramente ejemplificativa, como lo corrobora la fracción XI citada."
QUINTO.-A continuación se procede a determinar si en el caso existe contradicción de tesis, por lo cual se seguirá el criterio a que se refiere la jurisprudencia de la Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIII, abril de 2001. Tesis: P./J. 26/2001. Página: 76, que a continuación se transcribe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
No es óbice a la anterior conclusión, el hecho de que los procedimientos de donde derivaron las tesis contradictorias sean diversos, es decir, que la tesis del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito emane de un juicio de amparo directo, mientras que la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito provenga de un recurso de revisión, pues lo cierto es que ambos tribunales analizaron la procedencia del juicio de amparo indirecto contra el auto mediante el cual la Junta responsable determinó que no había lugar a tener por desistida a la parte actora de la acción intentada.
A propósito de lo anterior, resulta aplicable el criterio sustentado por el Tribunal Pleno en la tesis aislada de la Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: VII, mayo de 1991. Tesis: P. XXIII/91. Página: 10, que a la letra dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS CONTRADICTORIOS PUEDEN PROVENIR DE JUICIOS DE DIFERENTE NATURALEZA.-La circunstancia de que una contradicción de tesis tenga su origen en criterios sustentados en sentencias dictadas por Tribunales Colegiados de Circuito, habiéndose pronunciado una de ellas con motivo de un juicio de amparo indirecto en revisión, en tanto que la otra se emitió con motivo de un juicio de amparo directo, no es obstáculo para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia conozca de la contradicción, aunque los juicios en los cuales los criterios hayan sido sustentados sean de diferente naturaleza, ya que el artículo 11, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, establece la competencia del Pleno de este Alto Tribunal para conocer de todos los asuntos de la competencia de la Suprema Corte cuya competencia no corresponda a las Salas de la misma, quedando comprendidos dentro de dichos asuntos las contradicciones entre tesis que, en amparos que no versen exclusivamente sobre la misma materia, sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere el párrafo final del artículo 196 y 197-A de la Ley de Amparo."
En la especie, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito se pronunciaron sobre un mismo tema, que consiste en determinar si el auto de la Junta responsable que determina que no ha lugar a tener por desistida a la actora de la acción intentada, es impugnable en amparo indirecto ante Juez de Distrito o procede el amparo directo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16956-3916eb29/desistimiento-expreso-de-la-accion-laboral-el-auto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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