UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. ORIGEN Y ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DE AUTOGOBIERNO CONFERIDAS A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA. LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL QUE LA INTEGRAN SON PARTE DEL ORDEN JURÍDICO NACIONAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2000. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL ENTONCES QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL PROPIO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones que sirvieron de sustento en relación con la materia de esta contradicción al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 2277/99, interpuesto por Ángela Georgina Zagal y otro, son las siguientes:
"PRIMERO. Este Tribunal Colegiado tiene competencia legal para decidir el presente asunto con apego a los artículos 85, fracción II, de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, del capítulo III, sección 2a. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. El auto recurrido se apoya en los razonamientos siguientes: 'México, Distrito Federal, a tres de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Vista; la demanda presentada por Ángela Georgina Zagal Sánchez y Ehecatl Tonatiuh Barajas Aguilar, contra actos del director de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán (ENEP Acatlán) y otras autoridades; fórmese cuaderno auxiliar, regístrese como corresponda. De la lectura integral de la demanda de amparo y de los anexos que se exhibieron con la misma, se advierte que la citada demanda de garantías resulta improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, con relación al artículo 11, ambos de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones: En el presente caso, los quejosos señalaron como autoridades responsables al director de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán (ENEP Acatlán); Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México; y la Comisión de Honor de la Universidad Nacional Autónoma de México; por otra parte, los quejosos señalaron como acto reclamado la resolución de fecha tres de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, mediante la cual se decretó la expulsión definitiva como alumnos de la Facultad de Derecho de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales en el Plantel Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual fue emitida por el director de dicha institución; así como la resolución del diecinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, mediante la cual se confirmó dicha expulsión de los quejosos de dicho plantel, dictada por el Tribunal Universitario de la citada Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora bien, el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: «Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.». Por su parte, el artículo 11 de la ley de la materia dice que: «Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.». En efecto, los actos que emiten los funcionarios universitarios en ejercicio del cargo que desempeñan en una institución descentralizada, como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México, no pueden considerarse como actos de autoridad, ya que esa calidad se sustenta en que los actos reclamados provengan de una relación de gobernante a gobernado, pues sólo así se puede concluir que se cuente con facultades coercitivas necesarias para hacer cumplir sus determinaciones y sólo de esta manera es factible estimar que el acto de autoridad deba ser enjuiciado a través del juicio de amparo. En el presente caso, los quejosos reclaman la baja emitida en su contra como estudiantes de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales en el Plantel Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, actos que se emitieron con el objeto de regular las relaciones del alumnado en dicho organismo educativo y, por lo mismo, no pueden considerarse actos de autoridad. En efecto, este razonamiento cobra mayor certeza si se toma en cuenta que los integrantes de un organismo descentralizado cuando son colocados frente a la propia persona moral o frente a sus demás miembros, entre ellos el alumnado, no originan de ninguna forma una relación de gobernante a gobernado, pues ésta sólo se da en la actividad externa de esos organismos frente a los particulares; por tanto, si los actos impugnados en esta vía fueron dictados dentro de las relaciones internas del organismo descentralizado, como en el caso, luego entonces, esos actos encuentran origen en el ejercicio de la facultad de coordinación e impulso de las actividades propias de la universidad, motivo por el cual carecen de imperatividad y coercitividad de que todo acto de autoridad es revestido, por lo que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente. Sirve de apoyo a tal consideración la tesis de jurisprudencia que se encuentra visible en la página 399 del Tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: «FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, DEBE ATENDERSE A LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS ACTOS QUE SUSCRIBEN, PARA QUE PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO EN SU CONTRA.». Igualmente, es aplicable al caso la tesis visible en la página 226, Tomo VIII, octubre de 1991, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: «ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE REALIZAN DENTRO DE SU RÉGIMEN, NO SON ACTOS DE AUTORIDAD.». Por lo anteriormente expuesto y al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con el artículo 11, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 145 de la misma legislación se desecha la demanda de amparo por motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones por parte del quejoso a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda.'. TERCERO. Los recurrentes hacen valer los siguientes agravios (se transcriben). CUARTO. Son infundados los agravios expresados por los recurrentes por las siguientes consideraciones: Aducen, sustancialmente, que la resolución que se impugna les irroga perjuicio, porque el a quo no tomó en consideración la naturaleza de los actos reclamados, es decir, que los actos emitidos por los funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de México sí son (sic) autoridades para efectos del amparo, en virtud de que los actos emitidos por los citados funcionarios tienen la característica de unilateralidad, imperatividad y coercitividad; además de que fueron emitidos con base en la ley que ordena una conducta en contra del sujeto al que va dirigido y cuyo cumplimiento puede ser exigido a través de la fuerza pública, motivo por el cual se debe revocar la resolución impugnada. Para una mejor comprensión del asunto es pertinente transcribir la tesis denominada: 'AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.', que a la letra dice: 'Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: «AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término ‹autoridades› para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.», cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.'. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, febrero de 1997, tesis XXVII/97, página 118. De la transcripción anterior se desprende que se interrumpe el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial de rubro: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.', por lo que es pertinente precisar el concepto de autoridad para los efectos de esta materia, el cual se entiende como todo órgano ya sea persona o funcionario, entidad o cuerpo colegiado que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, con facultades de decisión o ejecución y con poder de imperio en el ejercicio de tales facultades, cuyo desempeño afecte situaciones generales o especiales, jurídicas o fácticas. En otras palabras, para determinar si el acto que se reclama es un verdadero acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se deben cubrir los siguientes requisitos: 1. La existencia de una norma legal en la que se funde al emitir el acto; 2. Si conforme a esa norma se le faculta a tomar decisiones que afecten la esfera jurídica de un gobernado; 3. La presencia de una relación subordinada, gobernante-gobernado, sin que obste a lo anterior la posibilidad o no de utilizar la fuerza pública. Requisitos que en la especie no cubre la Universidad Nacional Autónoma de México. En el caso, no se puede hablar de un acto de autoridad, toda vez que los funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de México no tienen el carácter de autoridad para efectos del amparo, habida cuenta que los actos que emitieron van encaminados a regular las relaciones internas de los miembros componentes de la propia entidad de conformidad con su legislación interna, y no con base en una norma legal como requisito indispensable para todo acto de autoridad, norma que sólo puede ser emitida por un órgano especialmente creado para ello y que en nuestro país se restringe al Congreso de la Unión, por ser la Universidad Nacional Autónoma de México un organismo inmerso en el ámbito federal; por lo que no es susceptible de hablarse de que las facultades con las que obraron al emitir los actos reclamados las señaladas como responsables, emanaron de una norma legal. En efecto, las disposiciones en que se apoyó la primera resolución fueron éstas: artículos 5o., 41, fracciones I y VI, 90, 93, párrafo segundo, 95, fracciones I, II y VI, 97, fracción I, 98, fracción II, inciso e) y demás relativos del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por su parte, el Tribunal Universitario al confirmar la primera resolución se basó en las siguientes normas: artículos 93, 95, fracción VI, 98, 99, 100 y 101 del Estatuto General de la Universidad; y 1o., 4o., 5o., 8o., 9o., 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21 y 22 del Reglamento del Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor. Como puede inferirse de lo anterior, la facultad de obrar no emanó de ninguna ley, sino que se apoyó en normas internas de la propia universidad, pues como se desprende de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicada el seis de enero de mil novecientos cuarenta y cinco, se decretó lo siguiente: 'Artículo 1o. La Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública -organismo descentralizado del Estado- dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.'. 'Artículo 2o. La Universidad Nacional Autónoma de México, tiene derecho para: I. Organizarse como lo estime mejor, dentro de los lineamientos generales señalados por la presente ley. ...'. 'Artículo 3o. Las autoridades universitarias serán: 1. La junta de gobierno; 2. El Consejo Universitario; 3. El rector; 4. El patronato; 5. Los directores de facultades, escuelas e institutos; 6. Los consejos técnicos a que se refiere el artículo 12.'. 'Artículo 7o. El Consejo Universitario estará integrado: I. Por el rector; II. Por los directores de facultades, escuelas o instituciones; III. Por representantes profesores y representantes alumnos de cada una de las facultades y escuelas en la forma que determine el estatuto; IV. Por un profesor representante de los centros de extensión universitaria; V. Por un representante de los empleados de la universidad. El secretario general de la universidad, lo será también del consejo.'. 'Artículo 8o. El Consejo Universitario tendrá las siguientes facultades: I. Expedir todas las normas y disposiciones generales encaminadas a la mejor organización y funcionamiento técnico, docente y administrativo de la universidad; II. Conocer de los asuntos que de acuerdo con las normas y disposiciones generales, a que se refiere la fracción anterior, le sean sometidos; III. Las demás que esta ley le otorga, y, en general, conocer de cualquier asunto que no sea de la competencia de alguna otra autoridad universitaria.'. De la transcripción anterior se desprende que las disposiciones en que se fundó el director de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán, así como el Tribunal Universitario, se encuentran inmersas dentro del conjunto normativo que rige la vida interna de la Universidad Nacional Autónoma de México, expedido por ella misma; por tanto, no se actualizan los supuestos a que se refiere la jurisprudencia transcrita con antelación e invocada por los agraviados, toda vez que en principio no puede hablarse de una norma legal y, menos aún, que se vulnere la esfera jurídica de los hoy quejosos, puesto que no se modificó o extinguió algún derecho previamente adquirido respaldado en disposiciones legales. Por otra parte, tampoco puede hablarse de una relación jurídica entre los quejosos y los citados funcionarios, ni de gobernante a gobernado, en virtud de que los actos que emitieron lo hicieron como entes de derecho privado, porque sus actos tienen origen en el ejercicio de la facultad de coordinación e impulso de las actividades de la propia universidad, quien cuenta con total libertad para autodirigirse, con la única salvedad de que como ente integrante de nuestra sociedad deberá respetar los derechos constitucionales que rigen a nuestro país; en consecuencia, al no contar los actos reclamados con las cualidades antes señaladas, es que no son susceptibles de examinarse a través del juicio de amparo; motivo por el cual este tribunal considera que fue acertada la determinación del a quo en desechar la demanda de amparo, de ahí que procede declarar infundados los agravios a estudio. Finalmente, argumentan los recurrentes que el a quo no debió aplicar en la sentencia impugnada la jurisprudencia: 'ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE REALIZAN DENTRO DE SU RÉGIMEN, NO SON ACTOS DE AUTORIDAD.'. Resulta inoperante el agravio anterior, habida cuenta que, en primer lugar, porque los recurrentes no expresaron razonamiento eficaz del porqué consideran que el Juez no debió aplicar en la resolución reclamada la mencionada tesis; en segundo lugar, porque sería insuficiente para revocar el auto recurrido por los razonamientos antes apuntados, de ahí que resulte inoperante el agravio a estudio. En las relacionadas condiciones, al resultar inoperantes los agravios expresados, lo procedente es confirmar el acuerdo impugnado. Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 83, 85 y 86 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se confirma el acuerdo recurrido de tres de marzo de mil novecientos noventa y nueve dictado por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el cuaderno auxiliar A-443/98. SEGUNDO. Se desecha la demanda de amparo."
CUARTO. Por otra parte, las consideraciones que en relación con la materia de esta resolución fueron sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Segundo en Materias Penal y Civil del propio circuito, al resolver el recurso de queja 32/98 interpuesto por el secretario general de la Universidad Autónoma de Nuevo León el cuatro de junio de mil novecientos ochenta y ocho, son del siguiente tenor:
"CUARTO. Lo aducido a título de agravios resulta infundado. En efecto, sustancialmente, manifiesta el recurrente en el primero de sus agravios que el Juez de Distrito no advirtió que, en el caso, el quejoso no agotó el principio de definitividad aduciendo que contra el acto impugnado existe el recurso de apelación previsto en el artículo 12 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Nuevo León, medio de impugnación que se puede interponer contra los acuerdos dictados por las comisiones permanentes del Consejo Universitario. Al respecto, cabe decir que es inexacto lo que se alega habida cuenta que, por una parte, de las constancias que en apoyo a su informe justificado remitió el a quo se aprecia que el acto reclamado consistente en la suspensión por tiempo indefinido de sus derechos como alumno decretada contra el promovente del amparo, derivó de un acuerdo emitido no por una comisión permanente sino por el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León y, por otra, aun aceptando que, en la especie, existiese algún recurso, como se sostiene, esta circunstancia no es razón válida para desechar una demanda de garantías, por el contrario, es correcto el proceder del Juez de Distrito al admitirla, ya que ello le permitirá durante la sustanciación del juicio respectivo tener un cabal conocimiento de la litis y resolver lo que proceda conforme a derecho; por tanto, el agravio del recurrente resulta infundado. Al caso, es aplicable la tesis jurisprudencial número 209, localizable en la página 143, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte delApéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que bajo el rubro: 'DEMANDA DE AMPARO. LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA. La existencia de un posible recurso contra los actos reclamados, motivo de un juicio de garantías, no es óbice para admitir y tramitar la demanda de amparo, sino que, por el contrario, es conveniente hacerlo, a fin de estudiar debidamente la cuestión; sin perjuicio de que después se dicte el sobreseimiento que corresponda, si del resultado del estudio respectivo aparece realmente la existencia de alguna causa de improcedencia.'. Lo expuesto en el segundo agravio también deviene infundado, habida cuenta que, aun cuando pudiera considerarse que la institución educativa de la que proviene el acto reclamado, por la naturaleza de sus actividades no se le puede catalogar como autoridad; sin embargo, debe decirse que con independencia de lo anterior, sí es dable sostener que para los efectos del juicio de amparo, una institución universitaria puede tener carácter de autoridad cuando con sus determinaciones afecte la esfera jurídica de un gobernado, como ocurre en la especie al suspender en sus derechos como alumno universitario al promovente del amparo, de manera que no es acertado lo que a guisa de agravios expresa el recurrente. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis jurisprudencial número I.4o.A.194 A, visible en la página 809 del Tomo V, febrero de 1997, parte correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: 'UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. LA AUTONOMÍA DE QUE GOZA NO LA EXCLUYE DE LA APLICACIÓN DE LAS LEYES QUE CONFORMAN EL ESTADO DE DERECHO. La autonomía de que goza la Universidad Nacional Autónoma de México significa que queda en libertad de nombrar a sus autoridades, elaborar sus planes y programas dentro de los principios de libertad de cátedra e investigación, así como administrar su patrimonio sin la injerencia del Estado, pero tal albedrío no puede extenderse al grado de suponer que la institución no está sujeta al régimen jurídico del país, es decir, que pueda conducirse con absoluta independencia, ya que ello podría provocar anarquía y arbitrariedad; por lo que si entre la diversidad de actos emitidos por los funcionarios universitarios se encuentran aquellos que reúnen los atributos esenciales del proceder autoritario, como la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, que se traducen en la posibilidad de actuar sin el consenso de los particulares y aun en contra de su voluntad imponer sus determinaciones, dichos actos son susceptibles de ser analizados a través del juicio de amparo, y la sentencia que se pronuncie, cualquiera que sea su sentido, dejará intocada la autonomía de la universidad, ya que obviamente podrá continuar ejerciendo la libertad de autodirigirse, con la única salvedad de que como ente integrante de nuestra sociedad deberá respetar los derechos constitucionales que rigen en nuestro país; consecuentemente, los actos de la Universidad Nacional Autónoma de México que ostentan las cualidades para considerarlos como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pueden ser examinados a través de éste, sin perjuicio de la autonomía de que goza tal institución.'. A la luz de lo antes considerado, ha de arribarse a la conclusión de que es legal el auto admisorio de la demanda de amparo de mérito y, por tanto, se impone declarar infundado el presente recurso de queja. Por lo expuesto y con apoyo además en el artículo 95 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja."
QUINTO. El análisis de las resoluciones transcritas revela la existencia de la contradicción de tesis denunciada.
Con el fin de corroborar tal aserto, es pertinente precisar los supuestos esenciales que conforman el marco fáctico dentro del cual se emitieron las referidas determinaciones opositoras.
Al respecto, destaca que los Tribunales Colegiados de Circuito emitieron sus criterios al resolver diversos medios de defensa, un recurso de revisión y un recurso de queja, que fueron interpuestos dentro de juicios de amparo en los que se controvirtió la constitucionalidad de sendas resoluciones emitidas por universidades públicas autónomas, a través de las cuales se determinó, en una de ellas, la baja de dos alumnos de una de esas instituciones y, en la otra, la suspensión por tiempo indefinido en los derechos que asisten a un alumno.
Los Tribunales Colegiados Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito y el entonces Quinto del Cuarto Circuito se abocaron a determinar si conforme a lo dispuesto en la Ley de Amparo y a su interpretación jurisprudencial, las resoluciones de una universidad pública autónoma, a través de las cuales se impide a un gobernado continuar disfrutando del servicio público educativo que imparten, constituyen un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías.
Aun cuando ambos tribunales se basaron en supuestos análogos, arribaron a conclusiones disímiles.
En efecto, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 2277/99, considera que al tenor de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo y conforme a la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, febrero de 1997, con el número P. XXVII/97, en la página 118, que lleva por rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.", los actos que impiden a un gobernado continuar disfrutando del servicio público educativo que imparte una universidad pública autónoma no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que:
a) Tales actuaciones están encaminadas a regular las relaciones internas de los miembros componentes de la propia universidad de conformidad con su legislación interna y no con base en una norma legal, requisito indispensable para todo acto de autoridad.
b) Las normas que otorguen la atribución que permita desarrollar un acto de autoridad únicamente pueden ser establecidas por el órgano especialmente creado para ello, en el caso de un organismo federal, el Congreso de la Unión.
c) El acto a través del cual la Universidad Nacional Autónoma de México expulsa definitivamente a alguno de sus alumnos no se realiza en ejercicio de facultades emanadas de una norma legal, dado que para ello el órgano respectivo de esa entidad se basó en disposiciones que rigen su vida interna, expedidas por ella misma.
d) El acto a través del cual la Universidad Nacional Autónoma de México expulsa definitivamente a alguno de sus alumnos no se basa en una norma legal.
e) El acto a través del cual la Universidad Nacional Autónoma de México expulsa definitivamente a alguno de sus alumnos no vulnera la esfera jurídica de éstos, puesto que con ello no se modifica o extingue algún derecho previamente adquirido respaldado en disposiciones legales.
Por su parte, el entonces Quinto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Segundo en Materias Civil y Penal del propio circuito, al resolver el recurso de queja 32/98, interpuesto en contra del acuerdo emitido por el respectivo Juez de Distrito, a través del cual se admitió la correspondiente demanda de garantías, en relación con el criterio materia de la presente contradicción, sostiene que:
a) Aun cuando a la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León, por la naturaleza de sus actividades no se le puede catalogar como autoridad; sin embargo, para los efectos del juicio de amparo sí es dable sostener que una institución universitaria tiene el carácter de autoridad cuando con sus determinaciones afecta la esfera jurídica de un gobernado, como ocurre cuando lo suspende por tiempo indefinido en sus derechos como alumno universitario.
b) Al hacer suyo un criterio de un diverso Tribunal Colegiado de Circuito, el cual lleva por rubro: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. LA AUTONOMÍA DE QUE GOZA NO LA EXCLUYE DE LA APLICACIÓN DE LAS LEYES QUE CONFORMAN EL ESTADO DE DERECHO.", sostiene que la autonomía de que gozan las universidades públicas significa que quedan en libertad de nombrar a sus autoridades, elaborar sus planes y programas dentro de los principios de libertad de cátedra e investigación, así como administrar su patrimonio sin la injerencia del Estado; pero ello no implica que puedan conducirse con absoluta independencia, por lo que si entre los actos emitidos por los servidores públicos universitarios se encuentran algunos que reúnen los atributos esenciales del proceder autoritario, que se traducen en la posibilidad de actuar sin el consenso de los particulares e imponer en contra de su voluntad sus determinaciones, dichos actos son susceptibles de ser analizados a través del juicio de amparo.
c) Igualmente, al hacer suyo el referido criterio, sostuvo que las sentencias de amparo contra los actos de autoridad de las universidades públicas no afectan la autonomía de éstas, pues obviamente podrán continuar ejerciendo la libertad de autodirigirse y, con independencia del sentido en que se dicten aquéllas, dicha autonomía no las excluye de respetar lo dispuesto en la Constitución General de la República.
Como se advierte, en la presente contradicción de tesis los referidos Tribunales Colegiados de Circuito parten del supuesto consistente en la existencia de juicios de amparo en los que se controvierte una resolución emitida por una universidad pública, a través de la cual se impide a un gobernado continuar disfrutando del servicio público educativo que se le venía proporcionando y, al respecto, dichos tribunales emiten criterios opuestos en virtud
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16964-da5914f8/universidades-publicas-autonomas-la-determinacion-mediante-la-cual · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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