PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2000. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO; EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL MISMO CIRCUITO) Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-La parte considerativa de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el recurso de queja número 17/97, es del tenor siguiente:
"PRIMERO.-Este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito tiene competencia legal para decidir el presente asunto con apoyo en los artículos 95, fracción VI, 96 y 99 de la Ley de Amparo y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.-SEGUNDO.-El acuerdo recurrido, a la letra, dice: ‘Tapachula, Chiapas, a doce de febrero de mil novecientos noventa y siete.-Agréguese a los autos el informe que rinde el jefe de grupo de la Policía Judicial del Estado encargado de la Subcomandancia Regional Zona Costa en esta ciudad, así como el escrito del autorizado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, para que obren como corresponda.-Atento al contenido del escrito de la parte quejosa, no se admite la testimonial ofrecida a cargo de los licenciados Alfredo Galarce Miranda, Marco Antonio Curtois, Pedro Córdova Escobar, Fernando Hernández Ochoa, Mario Rodríguez Puac y Jesús Juárez Díaz, por no ser testigos presenciales, para el desahogo de las declaraciones únicamente de ... requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de tres días exhiba el pliego del interrogatorio respectivo, con las copias para las partes, apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado, se tendrá por desierta la prueba.-Respecto a la prueba de inspección judicial que solicita dicho promovente, no ha lugar a acordar de conformidad, por no ser idónea para demostrar la infracción de la medida suspensiva decretada; sirven de apoyo los artículos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles.-Notifíquese.-Lo acordó y firma el licenciado Margarito Medina Villafaña, Juez Cuarto de Distrito en el Estado. Doy fe.’.-TERCERO.-Los agravios formulados por la parte recurrente, son del contenido siguiente: ‘Agravios: Primero. En la parte de la resolución que se recurre, el Juez determinó desechar la declaración testimonial de los Lic. Alfredo Galarce Miranda, Lic. Marco Antonio Curtois, Lic. Pedro Córdova Escobar, Lic. Fernando Hernández Ochoa, Mario Rodríguez Puac, Bersain Juárez Díaz y Jesús Juárez Díaz, argumentando que por no ser testigos presenciales de los hechos principales que soportan la denuncia de la violación a la suspensión provisional decretada en el incidente de suspensión, apoyándose para ello en los artículos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Penales (sic), supletorio de la Ley de Amparo.-Es equivocado el criterio del Juez y lo objeto toda vez que el sentido y objeto de los artículos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles es allegar al tribunal todas las pruebas que permitan el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos.-Es verdad que los precitados testigos no presenciaron directamente el momento en que el quejoso ... fue privado de la libertad, pero sí son testigos presenciales de la búsqueda y localización que se hizo por parte del suscrito y de sus familiares ante las autoridades investigadoras dependientes de la Procuraduría de Justicia del Estado que se detallan en el escrito fechado el 8 de enero de 1997, por medio del cual denuncié la violación de la suspensión provisional, y en esa relación de hechos los testigos desechados tuvieron participación y conocimiento de que al quejoso se le privó de la libertad por parte de elementos de la Policía Judicial del Estado, pero se ignoraba por nuestra parte en qué lugar lo tenían custodiado. Luego entonces, contrariamente a lo que afirma el Juez en su resolución, sí son testigos presenciales de que no se localizó al quejoso ni en la cárcel de esta ciudad ni en la cárcel de la ciudad de Huixtla, Chiapas. No es necesario que los testigos hayan presenciado directamente el momento de la detención del quejoso, sino que la serie de hechos desarrollados para su localización física hace presumir que éste fue privado de la libertad en la forma relatada, de lo cual yo soy testigo presencial, mas sin embargo, los testigos desechados sí son testigos de la búsqueda que se hizo del quejoso por parte del suscrito y de sus familiares. Luego entonces, el conocimiento de hechos que se le atribuye a cada uno de los testigos en la denuncia respectiva, es suficiente para ser parte de los hechos controvertidos, pues sus captores niegan haberlo privado de su libertad en la fecha que yo menciono, sino que dicen haberlo hecho al día siguiente, a las 6:30 de la mañana, lo cual es falso. Luego entonces, la búsqueda que se hizo del quejoso hace presumir que sí estaba privado de la libertad y custodiado en un lugar desconocido por los familiares del quejoso.-Por otra parte, el Juez sostiene que Mario Rodríguez Puag Bersain Juárez Díaz y Jesús Juárez Díaz no son testigos presenciales del momento de la privación de la libertad del quejoso, mas sin embargo, los ofrezco para acreditar los hechos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del escrito de denuncia, y será al momento de dar la razón de su dicho en el cual se podrá interrogar a los mismos de la razón de su dicho. Por tanto, el Juez prejuzga la declaración de dichos testigos.-Al tribunal le corresponde valorar las pruebas aportadas por las partes, y para ello debe conocer la verdad valiéndose de cualquier persona, sin más limitaciones que estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, y en el caso el Juez debió ordenar la recepción de los testigos propuestos pues se ofrecen para probar hechos expuestos en el escrito de denuncia, y si acaso no son presenciales del momento de la detención del quejoso, sí lo son respecto a hechos posteriores que presumen la existencia de tal privación de la libertad, porque necesitaría yo estar loco para permanecer durante 15 horas (desde la detención que fue a las 12:00 hasta las 3:30 horas del día siguiente) localizando al quejoso, si ese hecho no fuere cierto, o como si yo adivinara que al día siguiente lo iban a detener a las 6:30 de la mañana como pretende hacerlo creer la autoridad responsable.-En virtud de lo anterior, y toda vez que los testigos desechados se ofrecen para acreditar hechos relacionados inmediatamente con los controvertidos, es justo que se revoque el criterio del Juez Cuarto de Distrito y en su lugar, resolver procedente la petición que hago, teniendo por anunciadas esas pruebas para todos los efectos legales subsecuentes.-Segundo. En cuanto al desechamiento que hace de la inspección judicial que se practique en la unidad a bordo de la cual se transportó al quejoso en el momento de la privación de la libertad, argumentando que no es la prueba idónea para demostrar la infracción de la medida suspensiva, es injusta porque probar la existencia física de la patrulla a bordo de la cual fue transportado, es una prueba que adminiculada a las demás, puede en un momento dado confirmar la veracidad de los hechos denunciados, y por lo tanto, no es el momento de valorar la idoneidad de la prueba, sino que la valoración deberá hacerla el Juez o tribunal cuando le corresponda resolver si se demostró o no la violación a la medida suspensiva; pero, a la luz de todas las demás pruebas aportadas, habida cuenta de que en el informe que rinden las responsables respecto del libelo de denuncia, no mencionan ni aceptan que la privación de la libertad se hizo usando la citada patrulla sobre la cual pido la inspección judicial para demostrar la existencia de la misma, robusteciéndose así mi dicho, mas cuando el comandante de la Policía Judicial que hizo la detención niega la existencia de esa unidad, según lo expongo en el punto 9 del escrito de denuncia y con esa prueba pretendo demostrar que esa autoridad se conduce con mentira.-En esa medida, procede que se revoque el criterio del Juez, y en su lugar ordenar el desahogo de la inspección judicial solicitada como prueba por el suscrito.’.-CUARTO.-Son fundados los agravios que hace valer el impugnante.-En efecto, debe significarse por principio de cuenta, que de conformidad con el texto del artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o. ‘Sólo los hechos estarán sujetos a prueba ...’, de lo cual se colige que las partes en litigio deberán acreditar ante el órgano jurisdiccional la veracidad de sus afirmaciones a través de la demostración del hecho ausente; así, los elementos útiles para lograr dicha convicción en el juzgador lo serán las pruebas. De igual manera, el artículo 87 del ordenamiento procesal citado, previene que ‘El tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, siempre que estén reconocidas por la ley. ...’, lo cual es indicativo de que sólo deberán recibirse aquellas pruebas que conforme a las leyes sean procedentes para el objeto que se propusieron y no las que sean incongruentes con los hechos que se controviertan o que se promuevan de modo indebido. Y por su parte, el numeral 150 de la Ley de Amparo, determina que ‘En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho.’, entendiendo por esto último, que no serán admitidas aquellas probanzas que no se ofrezcan en la forma y términos que al efecto establece la ley.-Ahora bien, si como de autos se advierte, el autorizado del quejoso en escrito de treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y siete, dirigido al Juez Cuarto de Distrito en el Estado, objetó el informe justificado rendido por el comandante de la Policía Judicial del Estado, y para probar los hechos que expuso, en diverso escrito solicitó se recibieran las declaraciones de, entre otros, los licenciados Alfredo Galarce Miranda, Marco Antonio Curtois, Pedro Córdova Escobar y Fernando Hernández Ochoa, así como de Mario Rodríguez Puac y Jesús Juárez Díaz, relacionando respectivamente su dicho con los hechos de la denuncia correspondiente, y que asimismo, se practicara la inspección judicial en un vehículo que porta placas números 2488 de la Policía Judicial del Estado; y por su parte, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, al acordar lo conducente no admitió los testimonios ofrecidos ‘por no ser testigos presenciales’ y tampoco la prueba de inspección judicial ‘por no ser idónea para demostrar la infracción de la medida suspensiva decretada’; es inconcuso que el proceder del aludido Juez deviene incorrecto, en razón de que, por una parte, las probanzas cuya recepción solicita el autorizado del quejoso, no son de las que prohíbe el artículo 150 de la Ley de Amparo, y por la otra, porque aquél las relaciona con los hechos que pretende demostrar; de tal suerte, que es incorrecto que el Juez de Distrito deseche esas pruebas emitiendo consideraciones en forma anticipada sobre su alcance probatorio, pues de esa manera, está prejuzgando la ineficiencia o trascendencia de dichas pruebas. De ahí pues, que lo procedente sea que se admitan las probanzas y hasta el dictado de la sentencia se emitan consideraciones sobre su eficacia y valor probatorio.-En ese orden de ideas, es claro que los razonamientos expresados conducen y obligan a declarar fundado el medio defensivo que nos ocupa."
Esta ejecutoria dio origen a la tesis XX.1o.110 K, publicada en la página 1153 del Tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"PRUEBAS. ES INDEBIDO SU DESECHAMIENTO POR EL JUEZ DE DISTRITO SI A PRIORI CALIFICA SU ALCANCE.-Si de las constancias de autos se advierte que el Juez de Distrito no admitió las pruebas testimonial e inspección judicial ofrecidas por el quejoso, argumentando que la primera no se admite por no ser testigos presenciales y, la segunda, por no ser la idónea, tal proceder es incorrecto, en virtud de que en primer término estos elementos de convicción no son de los que prohíbe el artículo 150 de la Ley de Amparo, además de que se relacionan con los hechos que pretenden demostrar; y en segundo lugar, al proceder de esa manera, está prejuzgando la ineficacia o intrascendencia de las pruebas en comento, siendo que esas consideraciones deben hacerse al dictar la sentencia respectiva."
CUARTO.-Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal), al resolver el recurso de queja administrativa 6/96, expuso:
"PRIMERO.-Este Tribunal Colegiado es competente para conocer y resolver el recurso intentado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82 y 95, fracción VI, de la Ley de Amparo; 37, 38 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.-SEGUNDO.-En el caso concreto, el auto combatido fue notificado al ahora recurrente el tres de enero de este año, en tanto que su escrito de inconformidad lo presentó en la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados de este circuito, el día once de ese mes y año, en cuya virtud, el citado medio de impugnación se encuentra dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción II, de la Ley de Amparo.-TERCERO.-El acuerdo que por esta vía se combate, se sustentó en las consideraciones siguientes: ‘Toluca, Méx., a dos de enero de mil novecientos noventa y cinco.-Vistos los escritos promovidos por Jacobo Felipe Gomora Torres, en su carácter de apoderado general de la empresa Autotransportes Primero de Mayo, S.A de C.V., y atento a su contenido, téngaseles por autorizados en términos del artículo 27, última parte, del segundo párrafo, a Francisco Márquez Peña, Ángel Manuel Téllez Gutiérrez y María Isabel Santiago Márquez. En cuanto a lo que hace a su ofrecimiento de la prueba de inspección ocular y de la testimonial a cargo de Carlos Salinas de Gortari, Andrés Caso Lombardo y Alejandro Peniche Álvarez, no ha lugar a tenerse por ofrecidas dichas probanzas, ya que no van encaminadas a justificar la existencia e inconstitucionalidad del acto reclamado.-Por último, refiriéndonos al ofrecimiento de la prueba testimonial a cargo de Genaro Zaragoza Pulido, Emilio Víctor Manuel Bobadilla Martínez y José Gutiérrez Santana, requiérase al oferente de esta prueba para que dentro del término de tres días contados a partir de su notificación, exprese la razón que lo imposibilita a presentarlos ante este juzgado, apercibiéndolo que en caso de omisión, se tendrá por no anunciada dicha probanza. Notifíquese.’.-CUARTO.-Los agravios formulados, sustancialmente refieren que el a quo indebidamente desechó las pruebas de inspección ocular y la testimonial, a cargo de Carlos Salinas de Gortari, Andrés Caso Lombardo y Alejandro Peniche Álvarez, no obstante que su anuncio fue en términos de lo establecido en los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, con lo que le coartó el derecho de defensa dentro del juicio de garantías, pues tal desestimación resultó anticipada, fuera de la audiencia respectiva y sin proveer sobre su desahogo, así como sin apoyar su acuerdo en precepto legal que lo facultara para ello.-QUINTO.-Son sustancialmente fundados los agravios resumidos, cuenta habida de que, como lo hace valer la parte inconforme, el a quo incorrectamente formuló criterio valorativo respecto de pruebas que fueron anunciadas haciéndolo fuera de la audiencia constitucional y sin fundar su acuerdo en precepto legal que así lo permitiera.-En efecto, según consta a fojas 22 del sumario, el apoderado legal de la parte quejosa, mediante escrito recibido en el Juzgado Federal el dos de enero del año en curso, anunció como pruebas de su parte, entre otras, la inspección ocular y la testimonial a cargo de las personas citadas, haciéndolo dentro del plazo de cinco días a que se refiere el artículo 151, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, esto sin contar el día de dicho anuncio ni el fijado para la celebración de la audiencia constitucional, que lo era el diez de enero de mil novecientos noventa y seis.-Por su parte, el a quo el propio dos de enero de este año, acordó, en la parte que ocupa al presente recurso lo siguiente: ‘... En cuanto lo que hace a su ofrecimiento de la prueba de inspección ocular y de la testimonial a cargo de Carlos Salinas de Gortari, Andrés Caso Lombardo y Alejandro Peniche Álvarez, no ha lugar a tenerse por ofrecidas dichas probanzas ya que no van encaminadas a justificar la existencia de inconstitucionalidad del acto reclamado.’.-Como es de advertirse, asiste razón a la parte inconforme, pues como ésta lo hace valer, el a quo sin fundamento legal y fuera de la audiencia constitucional respectiva, emitió un juicio valorativo anticipado, ya que el artículo 151 de la Ley de Amparo, prevé que el ofrecimiento de pruebas se hará en dicha audiencia, excepto cuando se trate de la inspección ocular y de la testimonial, pues éstas deberán ser anunciadas con oportunidad tal y como lo hizo la quejosa; luego, si conforme al numeral en cita, el ofrecimiento de las pruebas debe hacerse en la audiencia constitucional y en el caso a estudio, la impetrante sólo las anunció, es inconcuso que el a quo debió limitarse a tenerlas por anunciadas, sin perjuicio de admitirlas o no en el periodo de ofrecimiento de pruebas, a que se refiere el artículo 155 de la Ley de Amparo, y no desestimarlas desde su anuncio, pues con ello prejuzgó sobre su admisión y valoración, lo cual sólo es propio en el periodo de pruebas o en la sentencia constitucional, respectivamente; máxime que, como lo reclama la quejosa, el a quo omitió fundar su resolución en precepto legal que le permitiera dictar un acuerdo como el que ahora se analiza.-En las condiciones apuntadas y de acuerdo con lo analizado, lo que procede es declarar fundada la queja de mérito."
Dicha ejecutoria originó la tesis II.1o.P.A.8 K, publicada en la página 446 del Tomo III, abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza:
"PRUEBA TESTIMONIAL E INSPECCIÓN JUDICIAL, ANUNCIO DE LA. EL JUEZ DEBE LIMITARSE A TENERLAS POR ANUNCIADAS, SIN PREJUZGAR SOBRE SU ADMISIÓN Y VALORACIÓN.-El artículo 151, de la Ley de Amparo, prevé que el ofrecimiento de pruebas se hará en la audiencia constitucional excepto cuando se trata de la inspección ocular y de la testimonial, pues éstas deberán ser anunciadas cinco días antes de la celebración de la audiencia sin contar el día de ofrecimiento ni el fijado para la celebración de ésta; por ende conforme al precepto en mención, el ofrecimiento de las pruebas debe hacerse en la audiencia constitucional, por lo que al anunciar el impetrante las pruebas en cita, es inconcuso que el a quo debe limitarse a tenerlas por anunciadas, sin perjuicio de admitirlas o no en el periodo de ofrecimiento, a que se refiere el artículo 155, de la Ley de Amparo y no desestimarlas desde su anuncio, pues con ello prejuzgaría sobre su admisión y valoración, lo cual sólo es propio en el periodo de pruebas o en sentencia constitucional."
QUINTO.-A su vez, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja civil 924/99, en lo que es materia de la presente contradicción, sostuvo:
"SEGUNDO.-El auto recurrido es del siguiente tenor: ‘México, Distrito Federal, a diez de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.-Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por Salvador Carmona Rodríguez, en su carácter de apoderado del tercero perjudicado Joaquín Langenscheidt Ramírez de Arellano ... Ahora bien, toda vez que por acuerdos de veintisiete de octubre y cinco de noviembre del presente año, se reservaron de acordar los escritos signados por el quejoso Javier Soto Ordaz, registrados con los números 12528 y 12955, se prevé: respecto al primero de sus escritos, por el que ofrece en tiempo y forma la prueba testimonial que indica, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de Amparo, se admite dicha probanza ... Por lo que hace a la prueba de inspección o reconocimiento judicial, no ha lugar a admitirla, toda vez que no resulta idónea para la cuestión debatida en esta instancia de garantías, ya que no es apta para demostrar el domicilio que tiene el peticionario al momento en que se efectuó el intento de desalojo; pues para ello, es idónea la prueba testimonial y las documentales que se refieran a la época del acto reclamado, lo que no se alcanza con una inspección en donde el fedatario sólo dará fe de lo que perciben sus sentidos en el acto mismo de la diligencia, máxime que la ordenadora acepta la existencia de la orden de desalojo del inmueble que infiere el quejoso.-Son aplicables a lo anterior, las tesis publicadas en las páginas 227 y 278 del informe de 1984, del siguiente tenor literal: «PRUEBAS EN EL AMPARO. DEBEN DESECHARSE TODAS AQUELLAS QUE SEAN INCONDUCENTES.» (la transcribe); así como la visible en la página 1168 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Tribunal Pleno, que a la letra dice: «PRUEBAS INCONGRUENTES.» (la transcribe) ...’.-TERCERO.-El recurrente expresó los siguientes agravios: ‘Primer agravio ... Segundo agravio. Lo causa la parte del auto de diez de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, que establece a la letra lo siguiente: «Por lo que hace a la prueba de inspección o reconocimiento judicial, no ha lugar a admitirla, toda vez que no resulta idónea para la cuestión debatida en esta instancia de garantías, ya que no es apta para demostrar el domicilio que tiene el peticionario al momento en que se efectuó el intento de desalojo, pues para ello es idónea la prueba testimonial y las documentales que se refieran a la época del acto reclamado, lo que no se alcanza con la inspección en donde el fedatario sólo dará fe de lo que perciben sus sentidos en el acto de la diligencia, máxime que la responsable acepta la existencia de la orden de desalojo del inmueble que infiere el quejoso.».-Derecho indebidamente aplicado: ninguno.-Derecho que debió de aplicar: Artículos 151 de la Ley de Amparo, 161, 162 y 163 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo.-1. El a quo en la parte del auto antes transcrito, acuerda que no admite la prueba de inspección o reconocimiento judicial que ofreció el suscrito en el juicio de garantías de donde deriva el presente recurso, y que no resulta idónea para la cuestión debatida.-2. La manifestación que vierte el a quo para no admitir la prueba de inspección o reconocimiento judicial es ilegal, subjetiva, carente de toda fundamentación, lo cual se demuestra de la siguiente manera.-a) El a quo al desechar la prueba de inspección o reconocimiento judicial actúa de manera ilegal, ya que sin razón o motivo alguno prejuzga sobre el alcance y valor probatorio de dicha probanza, sin tomar en consideración que no es el momento procesal oportuno para tal efecto.-Es claro que el a quo al desechar la prueba de inspección judicial, argumentando lo esgrimido en la parte del auto que es materia del presente agravio, lo hace sin tomar en cuenta que jurídicamente no se puede prejuzgar sobre el alcance y valor probatorio de dicho medio de prueba, ya que tal circunstancia única y exclusivamente lo podrá realizar al momento de dictar la sentencia definitiva correspondiente.-«PRUEBA TESTIMONIAL E INSPECCIÓN JUDICIAL, ANUNCIO DE LA. EL JUEZ DEBE LIMITARSE A TENERLAS POR ANUNCIADAS, SIN PREJUZGAR SOBRE SU ADMISIÓN Y VALORACIÓN.» (la transcribe y cita precedentes).-«PRUEBAS. ES INDEBIDO SU DESECHAMIENTO POR EL JUEZ DE DISTRITO SI A PRIORI CALIFICA SU ALCANCE.» (la transcribe y cita precedentes).-Las tesis antes transcritas, establecen de manera clara que ningún Juez de Distrito puede desestimar las pruebas que le sean ofrecidas, y mucho menos prejuzgar sobre su eficiencia o ineficiencia, por ello, el desechamiento que realiza sin que de manera previa haya celebrado la audiencia constitucional, es ilegal.-b) Al satisfacer por parte del suscrito los requisitos que señalan los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, jurídicamente no se puede desechar una prueba ofrecida en tiempo y forma, ya que de ser así resultaría indebido, esto se afirma, en base a las tesis de jurisprudencia que establecen a la letra lo siguiente: «PRUEBAS EN AMPARO. ANUNCIO DE LAS.» (la transcribe y cita precedentes).-«PRUEBAS EN AMPARO, DESECHAMIENTO INDEBIDO.» (la transcribe y cita precedentes).-«INSPECCIÓN OCULAR, SI SE ANUNCIA EN EL TÉRMINO LEGAL, RESULTA INDEBIDO SU DESECHAMIENTO ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.» (la transcribe y cita precedente).-Las tesis antes transcritas demuestran de nueva cuenta la ilegalidad con que se condujo el a quo, ya que en el estado procesal en que se encuentra el juicio de donde deriva el presente recurso, no puede desechar la prueba de inspección judicial, y al hacerlo, como en el caso que nos ocupa, prejuzga sobre su alcance probatorio.-La prueba de inspección judicial que ofreció el suscrito satisface lo preceptuado por el artículo 150 de la Ley de Amparo, circunstancia que por sí sola obliga al a quo a no desecharla, esto se dice en base a la tesis de jurisprudencia que establece a la letra lo siguiente: «PRUEBA DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL AMPARO, OFRECIMIENTO DE LA.» (la transcribe y cita precedente).-Por todo lo expresado, es procedente que este Tribunal Colegiado en su oportunidad revoque las partes del auto materia del presente recurso, estableciendo otras conforme a derecho.’.-CUARTO.-Los agravios transcritos son inatendibles.-El primero de tales agravios resulta infundado ... En diverso aspecto, resulta igualmente infundado el segundo motivo de desacuerdo, pues como bien lo determinó el Juez Federal la prueba de inspección judicial no es apta para demostrar el domicilio que tenía el quejoso al momento de efectuarse el intento de desalojo reclamado en el juicio de garantías.-En efecto, de conformidad con la primera parte del artículo 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, siempre que estén reconocidas por la ley. Por su parte, el numeral 150 de la Ley de Amparo, dispone que en el litigio constitucional es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueran contra la moral o el derecho. Sin embargo, tales dispositivos deben interpretarse en el sentido de que las pruebas que se ofrezcan tengan desde luego, relación directa con el objeto con que se propusieron, y que sean congruentes e idóneas para demostrar el hecho controvertido.-Ahora bien, es inobjetable el hecho de que, de acuerdo con la naturaleza propia de cada prueba, hay unas más idóneas que otras para demostrar el hecho por acreditar. Dicha calidad de idoneidad, se identifica con la suficiencia para obtener un resultado previamente determinado o determinable; esto es, una prueba será más idónea que otra mientras más suficiente sea para demostrar ante los ojos del juzgador el hecho que se pretenda acreditar. La naturaleza de cada prueba no sólo permite distinguir entre sí a las diversas clases de probanzas útiles para crear convicción en el juzgador sino, además, ofrece a las partes que integran la relación jurídica procesal (Juez, actor y demandado) la oportunidad de escoger y decidir, entre los diversos métodos que cada una de ellas importa, cuál es más idónea que las restantes para demostrar el hecho concreto por conocer. Así, dependiendo de la naturaleza de ese hecho concreto, se desprenderá la idoneidad de la prueba que resulte más apta para lograr el extremo que se pretenda acreditar.-En la especie, la prueba idónea para acreditar el domicilio que tenía el impetrante del amparo al momento de efectuarse el intento de desalojo combatido en el litigio constitucional, es ciertamente, la testimonial y no la de inspección, en mérito a que ésta no tiene más objeto que el de hacer que el juzgador compruebe por sus sentidos, la existencia de determinados hechos o circunstancias que en un momento se dice que existen, y toda vez que el habitar un domicilio significa una ocupación continua y prolongada, es inconcuso que ello no se puede demostrar a través de una sola diligencia, de tan limitada duración.-Por consiguiente, ningún agravio irroga al inconforme el proveído en el cual el Juez de Distrito desechó al quejoso la probanza de inspección judicial, que no reúne el consabido requisito de idoneidad.-En apoyo de esta determinación, se cita la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página 1168 de la Primera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyo tenor es: ‘PRUEBAS INCONGRUENTES.-Es cierto que el tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, siempre que estén reconocidas por la ley, según lo establece en su primera parte el artículo 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles; pero también lo es que sólo deberán de recibirse aquellas que conforme a la ley tengan tal carácter, es decir, procedentes para el objeto que se propusieron y no las que sean incongruentes con los hechos que se controvirtieron o se promuevan de modo indebido.’.-Por lo expuesto, este tribunal no comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, cuyo rubro es: ‘PRUEBAS. ES INDEBIDO SU DESECHAMIENTO POR EL JUEZ DE DISTRITO SI A PRIORI CALIFICA SU ALCANCE.’, en la parte que considera que el desechamiento de pruebas que carecen de idoneidad es incorrecto, porque se prejuzga acerca de su ineficiencia o intrascendencia, lo cual debe hacerse al dictar la sentencia; ni la diversa tesis emitid
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7112-76f3348f/pruebas-testimonial-pericial-y-de-inspeccion-ocular-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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