"FRAUDE. PARA QUE PROCEDA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN TRATÁNDOSE DE ESE DELITO, ES REQUISITO NECESARIO LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA DE LA PARTE OFENDIDA, INDEPENDIENTEMENTE DEL MONTO DEL DAÑO PATRIMONIAL Y DEL NÚMERO Y CUALIDAD DEL SUJETO PASIVO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 399 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TREINTA DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO).".
CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2000. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO (HOY PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO) Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO (HOY SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO).
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. La sentencia pronunciada el tres de marzo de dos mil, por el denunciante de la contradicción, Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, hoy Primero de la misma materia, al resolver el amparo en revisión 430/99, derivado del juicio de amparo indirecto 384/99, promovido por ... contra actos del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:
"SEXTO. Son infundados los agravios que expresa el recurrente, mismos que se analizan en estricto derecho por hacerlos valer el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, en su carácter de autoridad responsable ordenadora, de acuerdo al siguiente criterio de jurisprudencia número VI.2o. J/285, visible en la página 61, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo 80, agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘REVISIÓN PENAL. ES DE ESTRICTO DERECHO SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA HACE VALER.’ (la transcribe). Medularmente, aquéllos versan sobre el requisito de procedibilidad respecto al delito de fraude, previsto y sancionado por el numeral 386, fracción III, del Código Penal Federal, aduciendo que en el caso concreto el delito en cuestión era perseguible de oficio. Dicha recurrente da inicio a sus argumentos, aludiendo a los que a su vez invocó el a quo, determinando que en el caso concreto no se colmaba el requisito de procedibilidad de la acción penal ejercitada en contra de ... a quien la indicada responsable, hoy recurrente, dictó auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de fraude, previsto y sancionado por el numeral 386, fracción III, del Código Penal Federal, en contra de la persona moral denominada Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, organismo descentralizado de la administración pública federal, creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de mil novecientos ochenta y uno, razón por la cual el Juez a quo estimó innecesario examinar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado al no surtirse los extremos de los numerales 119 y 120 de la ley procesal de la materia. En efecto, del análisis del fallo del resolutor constitucional se advierte que hace un examen exhaustivo en referencia a la personalidad de los querellantes Julio César Ramírez López y Antonio Ramírez García, quienes a nombre y en representación de esa institución ofendida hicieron del conocimiento de la autoridad ministerial, la comisión de conductas fraudulentas cometidas en contra de su representada, y concluye dicho juzgador a quo, que al demostrarse que aquéllos no estaban legitimados para formular querella y toda vez que de conformidad con el numeral 399 bis, último párrafo, del Código Penal Federal, el ilícito en cuestión es de los que requieren petición de la parte ofendida, no encontrándose satisfecho ese requisito, determinó la procedencia de la protección constitucional solicitada por el quejoso. Ahora bien, se precisa señalar que la autoridad recurrente no combate, a través de su escrito de expresión de agravios, la falta de legitimación de los querellantes sobre la que el a quo se pronunció, por lo que resolviendo en estricto derecho, tal cuestión debe dejarse intocada, cuenta habida que su inconformidad la endereza expresamente en torno al requisito de procedibilidad de la acción persecutoria, relativo a la figura delictiva en comento, argumentando que de acuerdo a la época de comisión de los hechos, por disposición expresa de la ley, el delito de fraude era de aquellos que se persiguen de oficio y, por ende, la petición de parte no era necesaria. Así, bajo esos conceptos es en los que habrá de dirigirse el presente estudio. Como se expusiera, son infundados los agravios que hace valer la autoridad recurrente. Veamos por qué. Aduce en la parte conducente de su escrito, que el a quo dejó de observar lo dispuesto por los numerales 77 y 78 de la Ley de Amparo; que interpreta erróneamente el artículo 399 bis del Código Penal Federal, ya que los hechos imputados a ... tuvieron lugar en los años de mil novecientos noventa y mil novecientos noventa y uno, como se desprende de las constancias que integran la causa penal 15/99 y, en todo caso, el resolutor constitucional debió atender al párrafo tercero del artículo 399 bis del Código Penal Federal, vigente en la época de comisión de los hechos, que establecía: ‘Asimismo, se perseguirá a petición de la parte ofendida el fraude, cuando su monto no exceda del equivalente a quinientas veces el salario mínimo general vigente en el lugar y en el momento en que se cometió el delito y el ofendido sea un solo particular. Si hubiese varios particulares ofendidos, se procederá de oficio, pero el Juez podrá prescindir de la imposición de la pena cuando el agente haya reparado los daños y perjuicios causados a los ofendidos y no exista oposición de cualquiera de éstos.’. Del contenido del párrafo que antecede, afirma la recurrente, es la única hipótesis que contempla dicho tipo penal para que el delito de fraude se persiga a petición de parte, misma que no es aplicable al caso concreto, cuenta habida que el pasivo no es un particular, sino un organismo descentralizado de la administración pública federal, y el monto de lo defraudado, sigue diciendo, excede de las quinientas veces el salario. Más adelante señala la indicada recurrente, que si bien es verdad que por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y uno, en vigor al día siguiente, se reformó el artículo 399 bis del código represivo en cita, adicionado con un segundo párrafo, que establece: ‘Se perseguirán por querella los delitos previstos en los artículos 380 y 382 a 399, salvo el artículo 390 y los casos a que se refieren los dos últimos párrafos del artículo 395.’; cierto es también, que esa reforma entró en vigor el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y uno y los hechos imputados a ... tuvieron lugar con anterioridad a la entrada en vigor de la indicada adición a ese numeral; de ahí que en la época de los hechos, continúa señalando la recurrente, el delito de fraude no requería de la querella como requisito de procedibilidad de la acción penal. En el aspecto anotado, se advierte que la recurrente, esencialmente basa sus argumentos en el hecho de que la conducta fraudulenta por la cual dictó en contra de ... auto de prisión preventiva, data de los años de mil novecientos noventa y mil novecientos noventa y uno; es decir, anteriormente a las reformas al artículo 399 bis, que entraron en vigor el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y uno y que incorporaron el requisito de procedibilidad a la figura del fraude, expresando que por ello resultaba aplicable el contenido del párrafo tercero de dicho numeral, que en esa época establecía: ‘Asimismo, se perseguirá a petición de la parte ofendida el fraude, cuando su monto no exceda del equivalente a quinientas veces el salario mínimo general vigente en el lugar y en el momento en que se cometió el delito y el ofendido sea un solo particular. Si hubiese varios particulares ofendidos, se procederá de oficio, pero el Juez podrá prescindir de la imposición de pena cuando el agente haya reparado los daños y perjuicios causados a los ofendidos y no exista oposición de cualquiera de éstos.’. Por ello, de acuerdo al criterio de la autoridad recurrente, al rebasar el monto del fraude las quinientas veces el salario mínimo y tratarse la ofendida de una institución descentralizada de la administración pública federal y no de un particular, el párrafo comentado era el aplicable. Son infundados sus agravios en el sentido anotado, habida cuenta que para el efecto de la procedencia de dicho requisito de procedibilidad, la citada recurrente erróneamente se remite a la época de comisión de los hechos para estimar vigente el párrafo del numeral en comento, sin atender a la fecha en que con motivo de la querella o denuncia correspondientes se instauró el procedimiento respectivo. A fin de establecer esta instauración del procedimiento, es menester indicar cronológicamente las constancias conducentes que existen en los autos de la causa, obteniéndose los siguientes datos: A) Por escrito de fecha diez de julio de mil novecientos noventa y dos, presentado el diecisiete del mismo mes y año, Julio César Ramírez López, en representación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, formuló querella ante el procurador general de la República, haciendo de su conocimiento conductas fraudulentas cometidas en agravio de su representada (f. 4). B) Con fecha catorce de diciembre de mil novecientos noventa y dos, previas las investigaciones correspondientes, el Ministerio Público Federal ejercitó acción penal en contra de ... y otros, como presuntos responsables de la comisión del delito de peculado, previsto y sancionado por el artículo 223, fracciones I y IV, último párrafo, en relación con los numerales 8o., fracción I y 13, fracciones II y III, del Código Penal Federal (f. 953). C) El diecisiete de junio de mil novecientos noventa y tres, el Juez Tercero de Distrito se declaró incompetente para conocer de los hechos y declinó su competencia en favor del Juez de lo Penal del fuero común en el Estado de Puebla. Dicha resolución suscitó un conflicto competencial, habida cuenta que la autoridad judicial del fuero común no aceptó su competencia (f. 954 a 961). D) Mediante la competencia 225/93, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Juez Tercero de Distrito es competente para conocer del proceso penal 225/93, instruido en contra de ... y otros, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de peculado y otros (f. 994). E) Con fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y seis, el Juez Tercero de Distrito en el Estado, clasificando el delito por el cual se había ejercitado acción penal, decretó orden de aprehensión en contra de ... y otros, como presuntos responsables de la comisión del delito de fraude, previsto y sancionado por el numeral 386, fracción III, del Código Penal Federal (f. 1006 a 1043). F) Con fecha veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, elementos de la Policía Judicial Federal ejecutaron dicha orden en contra de ... quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial, ante la cual rindió su declaración preparatoria (f. 1111). G) Con fecha veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, el Juez Tercero de Distrito en el Estado decretó auto de formal prisión en contra de ... como presunto responsable de la comisión del delito de fraude, previsto y sancionado por el numeral 386, fracción III, del Código Penal Federal (f. 1191). H) Inconforme con dicha resolución ... promovió juicio de amparo indirecto en contra de la misma. I) Con fecha treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve, el Juez Sexto de Distrito en el Estado otorgó la protección constitucional al quejoso, que es la resolución que ahora se recurre. De lo anterior, se constata con fehaciencia inobjetable, que con independencia de que la comisión de la conducta delictiva por la cual se ejercitó la acción penal, se hubiere realizado en los años de mil novecientos noventa y mil novecientos noventa y uno, la instauración del procedimiento fue después del día treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y uno, es decir, posteriormente a la entrada en vigor de las reformas al numeral 399 bis del Código Penal Federal. En consecuencia, conforme al contenido del artículo segundo transitorio del Diario Oficial de treinta de diciembre de mil novecientos noventa y uno, que se viene mencionando, que publicó las reformas al artículo 399 bis del código represivo en cita, éste establece claramente que: ‘No será exigible el requisito de querella incorporado con motivo de las reformas a los artículos ... y 399 bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, en los procedimientos ya instaurados o resueltos al día en que entre en vigor el presente decreto.’, siendo éste el día treinta y uno de diciembre siguiente. Del contenido del mencionado artículo segundo transitorio, se concluye que instaurándose el respectivo procedimiento penal por la comisión de los ilícitos de fraude y fraude específico, posteriormente a la fecha de vigencia de las mencionadas reformas, es decir, después del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y uno, como aconteció en el caso concreto, necesariamente debían ser perseguibles previa querella, lo que le da la razón al a quo y no a la responsable recurrente. En apoyo a sus argumentos, la recurrente invoca el criterio del otrora Segundo Tribunal Colegiado de este circuito, al fallar el toca de revisión 5/97, relativo al juicio de amparo número 1478/96, de los del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, cuyas consideraciones, en lo conducente, transcribe. De las mismas, destaca la que expresa: ‘... que si bien, por virtud de la reforma al Código Penal Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y uno, se adicionó el párrafo que incorpora la querella a diversos delitos, tal circunstancia, se dice, no puede llevar a hacer una interpretación de lo que el legislador no hizo en la citada reforma; esto es, como no derogó el párrafo que ahora se aplica, este órgano colegiado no puede considerar que se hubiese eliminado el mismo; por tanto, debe concluirse que se encuentra vigente hasta la fecha ...’. Sin embargo, este cuerpo colegiado no comparte dicho criterio, por las razones que a continuación se expresan. Como se observa, la problemática que se plantea gira en torno a la interpretación del numeral 399 bis del Código Penal Federal, respecto al cual se estima oportuno hacer breve relato de sus antecedentes. Por decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día trece de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, vigente a los noventa días de su publicación, se creó o adicionó al otrora Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia Federal, el artículo 399 bis con dos párrafos; el primero de ellos, señalaba la persecución previa querella de los delitos previstos en el título vigesimosegundo (Delitos en contra de las personas en su patrimonio), cuando éstos eran cometidos por personas con cierto grado de parentesco con el ofendido; y, el párrafo segundo, estatuía que los delitos de abuso de confianza y daño en propiedad ajena, siempre se perseguiría a petición de la parte ofendida. Posteriormente, por decreto de veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de mil novecientos ochenta y cinco, en vigor treinta días después, se adicionó a dicho numeral un tercer párrafo en el que, por lo que se refería al delito de fraude, se incorporaba el requisito de la querella, siempre y cuando su monto no excediera del equivalente a quinientas veces el salario mínimo y el ofendido sólo fuera un particular. Seis años más tarde, mediante decreto de dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de ese mismo año y en vigor al día siguiente, el numeral en comento sufrió reformas, pues su último párrafo, hasta la actualidad, estatuye que se persiguen previa querella los delitos previstos en los artículos 380 y 382 a 399, salvo el artículo 390 y los casos a que se refieren los dos últimos párrafos del 395. Tal incorporación del requisito de procedibilidad respecto a los numerales mencionados, contempló casi en su totalidad los delitos previstos y sancionados en el título vigesimosegundo del Código Penal Federal (Delitos en contra de las personas en su patrimonio), pues se exceptuaron solamente los delitos de extorsión (artículo 390), y los dos últimos párrafos del numeral que tipifica el delito de despojo (artículo 395). Indubitablemente, tanto al fraude genérico como al fraude específico, que prevén y sancionan los artículos 386 y 387 de dicho ordenamiento punitivo, también les fue incorporado dicho requisito de procedibilidad sin excepción alguna, como enseguida se expone. En efecto, no obstante lo expreso del texto del párrafo en mención, los párrafos segundo como tercero ya no tenían razón de ser, pues por lo que hace al primero de ellos, preveía que tanto el delito de abuso de confianza como el de daño en propiedad ajena, siempre se perseguiría a petición de la parte ofendida, lo cual ya había quedado contemplado dentro del cuarto párrafo adicionado. Igualmente, referente a su párrafo tercero que contemplaba ese requisito de procedibilidad en relación al delito de fraude, de acuerdo a su monto y a la cualidad del sujeto pasivo también carecía de consistencia, cuando que dentro de ese último párrafo no se había contemplado respecto a ese delito alguna excepción, como sucedió, por ejemplo, con el delito de despojo, previsto por el artículo 395, del cual se excluyeron de su persecución de oficio únicamente las hipótesis delictivas que contemplaban sus dos últimos párrafos. No obstante, los párrafos señalados no fueron suprimidos del texto de ese numeral, advirtiéndose que se trató de una omisión del legislador. Veamos por qué. En el mencionado Diario Oficial de treinta de diciembre de mil novecientos noventa y uno, en el que se publicó el decreto por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de diferentes códigos, entre ellos, el Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, su artículo primero inicia en los siguientes términos: ‘Artículo primero. Se reforman los artículos ...’, y relaciona los preceptos legales que se reforman, entre ellos, el artículo 399 bis, enseguida, se relacionan los dispositivos que sufren adiciones, y finalmente los numerales que se derogan. Ahora, lo anterior tiene trascendencia, pues conlleva a concluir que el artículo 399 bis fue reformado y no adicionado, como se aprecia de la impresión misma de su texto en el mencionado diario (hoja seis), pues sólo tiene dos partes, la primera, que se señala con puntos suspensivos y, la segunda, que constituye el texto de la reforma que establece la persecución de los delitos ya señalados, previa querella de parte, con la salvedad ya también mencionada; y sabido es que cuando en esa publicación se utilizan puntos suspensivos, es con el objeto de señalar que los textos de los párrafos o fracciones de los artículos quedan intocados por las reformas o adiciones. Así, si entre la parte primera y la segunda no se insertaron dos líneas más de puntos suspensivos, cuyo significado hubiera sido que quedaban intocados los párrafos segundo y tercero del mencionado artículo 399 bis, se arriba a la conclusión de que éstos fueron sustituidos por el párrafo materia de la reforma, estimándose que esa fue la voluntad del legislador y sólo se trató de una omisión el no haberse expresado que quedaban derogados, como a continuación se explica. Por otro lado, acorde al texto del artículo segundo transitorio ya mencionado, resulta obvio que el nuevo párrafo sustituía a los tercero y cuarto, pues en manera alguna se estaban estableciendo excepciones en cuanto al delito de fraude que indicaran que fuera perseguible de oficio en determinados casos. Cabe señalar que en la relatada época de las reformas en cuestión, la mayoría de las casas editoriales que editan ese ordenamiento, con algunas notas al calce, suprimieron dichos párrafos tercero y cuarto, que hasta la actualidad conserva solamente dos párrafos, el primero, que ha conservado su texto y, el segundo, que vino a sustituir al tercero y cuarto. Corroboran lo anterior, es decir, la intención del legislador al incorporar el requisito de procedibilidad a la figura del fraude sin hacer excepciones, los siguientes datos. En la iniciativa presidencial de las señaladas reformas, dirigida a los secretarios de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la exposición de motivos se señala, entre otras cosas, el aumento del número de delitos en que se exige la querella como requisito de procedibilidad (Diario de los Debates del Senado, número 13 de 19 de noviembre de mil novecientos noventa y uno). En el dictamen de lectura de once y doce de diciembre de mil novecientos noventa y uno (Cámara de Diputados), en el análisis de las reformas propuestas al Código Penal, se refleja la voluntad del legislador de incorporar el requisito de procedibilidad de la querella a los delitos de fraude y fraude específico, al señalarse: ‘... Por lo que respecta al artículo 399 bis, relativo a las normas establecidas para la persecución por querella de los delitos comprendidos en el título vigesimosegundo del ordenamiento jurídico denominado «Delitos en contra de las personas en su patrimonio», por razones de técnica jurídica se estima prudente la reforma propuesta, a fin de citar los artículos que contienen las conductas ilícitas cuya persecución requiere de querella de la parte agraviada. A su vez, se estimó pertinente excluir de este supuesto el caso del artículo 390, por la propia naturaleza del tipo. Conforme a lo expuesto, este artículo quedaría como sigue: «Artículo 399 bis ... Se perseguirán por querella los delitos previstos en los artículos 380 y 382 a 399, salvo el artículo 390 y los casos a que se refieren los dos últimos párrafos del artículo 395.» ...’. En el dictamen de discusión de estas reformas, específicamente al artículo 399 bis en debate, el diputado Francisco Gómez Mont Urueta, manifiesta textualmente: ‘... Yo me acuerdo, cuando las reformas que hoy se han tomado, en relación a ser los delitos patrimoniales de querella, cosa que hoy se ha decidido en cuanto al fraude y otros. ...’ (Debate. Cámara de Diputados, diciembre doce de mil novecientos noventa y uno). Como puede observarse, la voluntad del legislador en cuanto a incorporar el requisito de la querella a los delitos de fraude sin excepción alguna, como quedara expuesto con antelación, resulta clara, y en efecto, sólo se trató de una omisión al no derogar expresamente tanto el párrafo segundo como tercero del anterior artículo 399 bis del Código Penal Federal, misma que se subsanó al publicarse en el Diario Oficial de que quedaban derogadas. En las relatadas condiciones, estimándose que la sentencia sujeta a la presente revisión se encuentra ajustada a derecho, procede confirmarla."
La ejecutoria de referencia dio lugar a la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XII, julio de 2000
"Tesis: VI.P.67 P
"Página: 768
"FRAUDE. SÓLO ES PERSEGUIBLE MEDIANTE QUERELLA, NO OBSTANTE EL MONTO DEL DAÑO PATRIMONIAL, Y EL NÚMERO O CALIDAD DE LOS SUJETOS PASIVOS (CÓDIGO PENAL FEDERAL). La interpretación lógica y sistemática de los artículos 399 bis, en relación al artículo 386 del actual Código Penal Federal (anteriormente Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común, aplicable en toda la República en Materia del Fuero Federal), conduce a establecer que, a partir de la reforma al primero de los preceptos citados, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de mil novecientos noventa y uno, en vigor al día siguiente, se requiere de querella de parte ofendida, como requisito necesario de procedibilidad, respecto al ejercicio de la acción penal concerniente al delito de fraude, independientemente de la cuantía de lo defraudado, y del número o calidad del sujeto pasivo; no siendo óbice que los hechos hayan tenido lugar con anterioridad a la indicada reforma, y que en términos del texto legal anterior, el hecho delictivo fuera perseguible de oficio por exceder lo defraudado el equivalente a quinientas veces el salario mínimo vigente en el lugar y en el momento en que se cometió el delito y el ofendido sea sólo un particular, si la querella se efectúa ya bajo la vigencia de las modificaciones legislativas supracitadas.
"Amparo en revisión 430/99. 3 de marzo de 2000. Mayoría de votos. Disidente: Carlos Loranca Muñoz. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretaria: Ma. Guadalupe Mares Velázquez."
TERCERO. La sentencia pronunciada el once de junio de mil novecientos noventa y siete por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, hoy Segundo en Materia Civil del mismo circuito, al fallar el amparo en revisión número 5/97, derivado del juicio de amparo indirecto 1478/96, promovido por ... contra actos del Juez Tercero de Distrito del Estado de Puebla, en la parte que interesa del considerando tercero, es del tenor literal siguiente:
"... De lo antes considerado, resulta evidente la ineficacia del agravio expuesto por el recurrente, en el sentido de que Moisés Gutiérrez Gómez no acreditó su personalidad como representante de la Secretaría de Educación Pública, y que por ello faltaba el requisito de procedibilidad de la querella de parte ofendida, puesto que del análisis del auto de formal prisión reclamado, se desprende que éste fue dictado en contra del quejoso, y ahora recurrente, como probable responsable de la comisión del delito de fraude, previsto y sancionado por el artículo 386, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Penales (sic), que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 399 bis, tercer párrafo, del citado código, es perseguible de oficio al exceder su monto del equivalente a quinientas veces el salario mínimo general vigente en el lugar y en el momento en que se cometió el delito. No resulta por demás referir, que si bien por virtud de la reforma al Código Penal Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y uno, se adicionó el párrafo que reza: ‘Se perseguirán por querella los delitos previstos en los artículos 380 y 382 a 399, salvo el artículo 390 y los casos a que se refieren los dos últimos párrafos del artículo 395.’; tal circunstancia no puede llevar a hacer una interpretación de lo que el legislador no hizo en la citada reforma, esto es, como no derogó el párrafo que ahora se aplica, este órgano colegiado no puede considerar que se hubiese eliminado el mismo y, por tanto, debe concluirse que se encuentra vigente hasta la fecha. Así las cosas, el delito de fraude, cuando su monto excede de quinientas veces el salario mínimo, como en el caso a estudio resulta ser evidente, debe considerarse como un delito perseguible de oficio y, por tanto, cualquier persona puede poner en conocimiento del representante social federal la comisión de este delito, en términos del artículo 116 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que resulta irrelevante que Moisés Gutiérrez Gómez, al poner en conocimiento del Ministerio Público Federal la comisión del delito de fraude, no necesitaba acreditar su personalidad ni la representación legal con la que se ostentó, pues resulta evidente que, en la especie, el Código Penal no exige en forma expresa el requisito de la querella del ofendido para la persecución del delito de fraude, como el de la especie, cuyo monto ascendió a veinte millones de pesos."
CUARTO. La denuncia de la contradicción proviene de parte legítima, conforme al artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formulan los Magistrados integrantes del que fuera Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.
En efecto, de acuerdo con dicho numeral, cuando se sustenten criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de su competencia, la denuncia correspondiente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo puede plantearse por:
a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
b) El procurador general de la República.
c) Los Tribunales Colegiados o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se hayan sustentado.
En el caso que nos ocupa, la propuesta de denuncia de contradicción de tesis provino, como se dijo antes, de los Magistrados del que fuera Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, hoy Primero de la misma materia, con residencia en Puebla, Puebla, órgano colegiado que resolvió por mayoría de votos el amparo en revisión 430/99, al cual se hizo referencia en el considerando segundo de este fallo cuyo criterio, se aduce, se encuentra en discrepancia con lo resuelto por el que fuera Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con residencia igualmente en la ciudad de Puebla, Puebla, al fallar el amparo en revisión 5/97, citado en lo medular en el considerando tercero.
Por tanto, queda patente que quien realiza la propuesta tiene legitimación para motivar la denuncia de probable divergencia de criterios.
QUINTO. Por otra parte, debe señalarse que es procedente que esta Sala realice el estudio de la presente denuncia de contradicción de tesis y dicte la resolución correspondiente, aun cuando de autos no conste la opinión del procurador general de la República, pues ante la omisión de dicho funcionario debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en la presente contradicción, facultad que le confiere el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
Sobre este particular, sirve de apoyo la tesis jurisprudencial que se identifica y lee como sigue:
"Octava
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7351-2498c83c/fraude-para-que-proceda-el-ejercicio-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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