MULTA. ANTE LA EVIDENCIA DE QUE EL JUICIO DE GARANTÍAS SE PROMOVIÓ EN CONTRAVENCIÓN A ALGUNO DE LOS PRINCIPIOS QUE SALVAGUARDA EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE AMPARO, EL JUZGADOR DE GARANTÍAS NO TIENE LA FACULTAD, SINO QUE ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICACIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 6903/2001. HÉCTOR VÁZQUEZ COVARRUBIAS.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Las manifestaciones contenidas en el agravio transcrito resultan inoperantes unas e infundadas otras, en razón de lo siguiente:
El recurrente aduce, en síntesis, que la sentencia impugnada le causa agravio de acuerdo con lo siguiente:
1. Refiere que se violan en su perjuicio los artículos 1o., 14, 16, 103, 107 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, aplicando las leyes, en los que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, así como también, que tratándose de juicios del orden civil las sentencias tendrán que dictarse conforme a la letra de la ley.
2. También menciona que su legitimación le nace de lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, como tercero extraño al juicio, pues como se desprende claramente de los antecedentes y de las constancias de autos, el ahora recurrente fue oído y vencido en el juicio pero con el carácter de fiador de un contrato de arrendamiento y respecto al juicio de garantías cuya sentencia impugna, acude en calidad de propietario del bien inmueble para defender esa calidad y no la de fiador.
3. Por último, argumenta que existe una violación al procedimiento contenido en la Ley de Amparo, pues el Juez de Distrito no fundamentó ni motivó su fallo al dejar de recibir las pruebas testimoniales ofrecidas por el quejoso, las cuales son vitales para estudiar el fondo del asunto; además, el fundamento legal utilizado por el Juez de Distrito no es aplicable y, en todo caso, debió haber señalado como fundamento los artículos 151 y 152 de la Ley de Amparo, los cuales no contemplan la deserción de la prueba, la cual tampoco podría actualizarse, ya que es falsa la consideración del Juez Federal relativa a que se agotaron todos lo medios de apremio.
Como se desprende de los argumentos sintetizados, la parte recurrente hace valer violaciones procesales cometidas por el Juez de Distrito durante el procedimiento seguido en el juicio de garantías, por tanto, de acuerdo con las reglas relativas al recurso de revisión establecidas en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, este órgano colegiado procederá a estudiar, en primer término, dichas violaciones.
El recurrente argumenta que el Juez de Distrito cometió violaciones procesales relativas a que decretó la deserción de las pruebas testimoniales que ofreció dentro del procedimiento seguido en el juicio de amparo. Asimismo, estima que dicho juzgador no fundamentó adecuadamente la deserción decretada, pues aplicó el artículo 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles y, en todo caso, debió haber aplicado las disposiciones contenidas en los artículos 151 y 152 de la Ley de Amparo, mismas que no contemplan la deserción de las testimoniales ofrecidas por las partes.
Al respecto, este órgano colegiado estima que no le asiste la razón al recurrente, en virtud de que de las constancias de autos se desprende lo siguiente:
a) Mediante escrito de fecha ocho de agosto de dos mil uno, presentado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, el ahora recurrente, por conducto de su representante legal, ofreció como pruebas dentro del juicio de amparo 93/2001-V, la testimonial a cargo de Armando Colín Pérez, Magdalena Montalvo Vidrio de Vázquez y Faustino Ramos Torres, acompañando el interrogatorio correspondiente (fojas 1660 y 1661 de los autos del juicio de amparo).
Dentro de dicho escrito el recurrente señaló que Armando Colín Pérez tenía su domicilio en la calle privada de Laureles número veinte, del Municipio de Huixquilucan, Estado de México, por lo cual solicitó que se girara el oficio de exhorto correspondiente a la autoridad competente para que desahogara la referida prueba. En lo que se refiere a Magdalena Montalvo Vidrio de Vázquez, el entonces quejoso se comprometió a presentarla el día y hora fijados para desahogar la audiencia constitucional y, por último, en lo relativo al testimonio de Faustino Ramos Torres manifestó bajo protesta de decir verdad no poder presentarlo.
b) El juzgador de garantías acordó, el nueve de agosto de dos mil uno, girar el exhorto respectivo al Juez de Distrito en turno del Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, con la finalidad de desahogar el testimonio de Armando Colín Pérez. Asimismo, por lo que hace al testimonio de Faustino Ramos Torres, acordó que el actuario lo citara a las diez horas del dieciséis de agosto de dos mil uno, en el local del juzgado, con el fin de rendir su testimonio, apercibiendo al citado testigo que de no cumplir con lo ordenado la subsecuente citación se le haría por medio de la Policía Judicial. Por último, se apercibió al oferente de la prueba que de resultar falsos o inexactos los domicilios de los testigos se le tendría por desierta la prueba testimonial (fojas 1662 y 1663 de los autos del juicio de amparo).
c) Mediante acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil uno, la autoridad recurrida acuerda diferir la fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, en virtud de que el exhorto girado al Juez de Distrito en turno del Estado de México todavía no había sido devuelto (foja 1671 de los autos del juicio de amparo).
d) El veintinueve de agosto del año de referencia, el Juez del conocimiento acuerda tener por recibido el exhorto 86/2001, el cual se devolvió sin diligenciar debido a la inexistencia del domicilio proporcionado por el oferente de la prueba, según consta en las razones actuariales de diecisiete y veinticuatro de agosto de dos mil uno (foja 1706 de los autos del juicio de amparo).
e) Por acuerdo de tres de septiembre de dos mil uno, el Juez recurrido ordenó girar oficio al coordinador del Grupo de Apoyo de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de la República, a efecto de que presentara ante ese Juzgado Federal a Faustino Ramos Torres, en virtud de que dicha persona no se presentó el día y hora fijados mediante acuerdo de nueve de agosto del año citado, no obstante de que fue debidamente notificado. Asimismo, el Juez en mención difiere nuevamente la audiencia constitucional (foja 1708 de los autos del juicio de amparo).
f) Por oficio número 3276/2001, recibido el diez de septiembre de dos mil uno en el Juzgado Tercero de Distrito, los agentes de la Policía Judicial Felipe Martínez Salvador y Juan Bernardo Valles Grande, informaron que no se pudo cumplir con lo ordenado en el acuerdo citado en el inciso anterior, en virtud de que al constituirse en el domicilio señalado para cumplir con su diligencia no encontraron a Faustino Ramos Torres y sólo se entrevistaron con una persona del sexo masculino, la cual manifestó que le haría llegar el mensaje al testigo requerido (foja 1713 de los autos del juicio de amparo).
g) En la audiencia constitucional llevada a cabo el once de septiembre del año multicitado, el Juez recurrido acordó la deserción de la testimonial a cargo de Armando Colín Pérez, Magdalena Montalvo Vidrio de Vázquez y Faustino Ramos Torres; para ello aplicó como fundamento para los primeros dos testigos el apercibimiento realizado al entonces quejoso por acuerdo de nueve de agosto, y por lo que refiere al último de los testigos, se basó en la jurisprudencia número I.3o.C. J/4, cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBA TESTIMONIAL, REBELDÍA DE LOS TESTIGOS HABIÉNDOSE AGOTADO LAS MEDIDAS DE APREMIO, PROCEDE SU DESERCIÓN."
Cabe señalar que el artículo 151 de la Ley de Amparo, en sus dos primeros párrafos, establece:
"Artículo 151. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.
"Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El Juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. La prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la pericial."
De una interpretación literal del contenido del artículo transcrito puede establecerse que la prueba testimonial se desahoga en la audiencia constitucional, así como la obligación del oferente de la prueba de aportar los elementos necesarios para ello, como lo es, exhibir el interrogatorio respectivo al momento de anunciarla y presentar a los testigos.
En este orden de ideas, debe señalarse que es también facultad del Juez de Distrito declarar desierta la prueba testimonial cuando dicha probanza no se encuentre debidamente preparada, como por ejemplo, cuando el oferente de la prueba se compromete a presentar a su testigo el día y hora señalados para que se realice la audiencia constitucional y sin mediar causa justificada no lo presenta; otro caso se presenta cuando el propio oferente manifiesta la imposibilidad de presentar al testigo y solicita que se le notifique en un domicilio, el cual es inexacto o falso. Es así, porque el Juez Federal no puede dilatar la secuela procesal en aras del interés de dictar la resolución, que procede en forma rápida y expedita para anteponer el interés social; por lo que si se acredita el desinterés de las partes en el desahogo o preparación de sus pruebas, no es jurídico que se prolonguen los juicios constitucionales.
El razonamiento anterior tiene apoyo en la tesis número VI.1o.56 K, de la Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Tomo XV-II, febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, página 484, cuyo rubro y texto son los siguientes:
"PRUEBA TESTIMONIAL EN EL AMPARO. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LOS TESTIGOS EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA SU DESAHOGO, FACULTA AL JUEZ DE DISTRITO PARA DECLARARLA DESIERTA. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de Amparo, se desprende en primer lugar que la información testimonial se desahoga en la audiencia constitucional, y en segundo lugar que el oferente debe aportar los elementos necesarios para ello, como lo es exhibir el interrogatorio respectivo al momento de anunciarla y presentar a los testigos al celebrarse la audiencia constitucional. El único caso de excepción en términos del artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, es cuando éste al anunciar la prueba manifiesta su imposibilidad para lograr su comparecencia, debiéndose señalar su domicilio respectivo, para que el Juez de Distrito tenga la obligación de citarlos, con el apercibimiento correspondiente. Siendo así, la circunstancia de que no se hubiera prevenido al oferente para que presentara a sus testigos en la audiencia constitucional, ello no quiere decir que el a quo al declararla desierta actúe en forma rigorista, sino atento a lo previsto en el citado artículo 151 de la Ley de Amparo."
Por otra parte, existe un supuesto, el cual opera de manera especial para que el Juez de Distrito pueda decretar la deserción de la prueba testimonial por encontrarse mal preparada. Tal caso ocurre cuando el oferente manifiesta su imposibilidad para presentar al testigo que propone, en cuyo caso el juzgador de amparo debe tomar las medidas necesarias para lograr la presentación del testigo propuesto.
Al respecto, cabe señalar que tratándose del supuesto en mención, el juzgador de amparo puede aplicar de manera supletoria el artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que señala:
"Artículo 167. Los testigos serán citados a declarar cuando la parte que ofrezca su testimonio manifieste no poder, por sí misma, hacer que se presenten. La citación se hará con apercibimiento de apremio si faltaren sin justa causa. ..."
Ahora bien, de acuerdo con lo anterior es posible concluir que en caso de que el oferente de una prueba testimonial señale su imposibilidad de presentar al testigo que propone, el Juez de Distrito debe aplicar, de manera supletoria, las medidas señaladas en el artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles, apercibiendo al quejoso que en caso de proporcionar un domicilio inexacto o falso se le tendrá por desierta la prueba ofrecida.
La consideración anterior tiene apoyo en el criterio que este órgano colegiado sostuvo en la tesis de la Octava Época, publicada en el Tomo V, Segunda Parte-1, enero a junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, página 381, cuyo rubro y texto son los siguientes:
"PRUEBA TESTIMONIAL EN EL AMPARO. APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CUANDO EL OFERENTE MANIFIESTA LA IMPOSIBILIDAD DE PRESENTAR A LOS TESTIGOS. El artículo 151 de la Ley de Amparo regula la forma en que debe anunciarse la prueba testimonial y su desahogo en el juicio de garantías; sin embargo, no prevé que el Juez de Distrito tenga el deber procesal de citar a las personas que vayan a fungir como testigos en el supuesto de que el oferente manifieste no poder presentarlos por sí mismo, de ahí que deba aplicarse supletoriamente el artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece: ‘Los testigos serán citados a declarar cuando la parte que ofrezca su testimonio manifieste no poder por sí misma, hacer que se presenten’, por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Amparo, y aun admitiendo que no fuera procedente la supletoriedad a que se alude, y de que, por tanto, el oferente de la prueba testimonial no tuviere el deber de manifestar la imposibilidad de presentar a los testigos propuestos, el Juez de Distrito tampoco tendría el deber procesal de citarlos, puesto que, en todo el capítulo IV del título segundo del libro primero de la Ley de Amparo, denominado ‘De la sustanciación del juicio’ ni en especial en su artículo 151 se impone al juzgador federal dicho deber."
Como se advierte de las constancias relatadas en párrafos anteriores, el Juez Tercero de Distrito no incurrió en violación procesal alguna y, por el contrario, tomó todas y cada una de las medidas pertinentes para tratar de lograr la comparecencia de los testigos propuestos y así desahogar la prueba ofrecida por el entonces quejoso.
En el caso concreto, en lo que respecta al testigo Armando Colín Pérez, y como lo solicitó el propio quejoso, la autoridad recurrida ordenó girar exhortó al Juez de Distrito correspondiente en el Estado de México, de acuerdo con el domicilio proporcionado por el ahora recurrente, para que se notificara a la persona mencionada y se procediera a realizar el desahogo de la prueba en comento.
No obstante, dicho exhorto no pudo ser cumplido, pues como bien se relata en las razones actuariales de diecisiete y veinticuatro de agosto de dos mil uno (foja 1687 de los autos del juicio de amparo), el domicilio proporcionado por el quejoso resultó inexistente; por tanto, este órgano colegiado estima correcta la determinación del juzgador de amparo en el sentido de aplicar el apercibimiento referido en el acuerdo de nueve de agosto, el cual mencionaba la posibilidad de declarar desierta la prueba ofrecida si el domicilio proporcionado por el quejoso era inexacto o falso.
Similar evento sucedió con la testigo Magdalena Montalvo Vidrio de Vázquez, la cual el quejoso se comprometió a presentar el día y hora fijados para llevar a cabo la audiencia constitucional, según consta en el escrito de ofrecimiento de la prueba testimonial, hecho que no ocurrió, pues como consta en autos ni el propio quejoso compareció a la audiencia referida. En ese sentido, también se considera correcta la determinación del Juez recurrido al declarar desierta la prueba testimonial, sin que se advierta de ello alguna violación al procedimiento.
En lo que se refiere al testimonio que debía rendir Fausto Ramos Torres, cabe precisar que el Juez de Distrito también tomó todas las medidas necesarias con el fin de lograr su comparecencia para desahogar su testimonio, facultando a los actuarios judiciales para notificar las determinaciones que al respecto se tomaban en los acuerdos relativos, e incluso, ante la imposibilidad de lograr la comparecencia de la persona en cita solicitó el apoyo de la Policía Judicial.
Ahora bien, ante la rebeldía del testigo propuesto es evidente que existía una imposibilidad material para desahogar la prueba referida, lo que llevó necesariamente a declararla desierta en la audiencia constitucional, pues es claro que el procedimiento judicial no puede retardarse indefinidamente por esa causa, además de que si la autoridad responsable ya recurrió a los medios que la ley le otorga, específicamente para hacer comparecer al testigo propuesto, sin que éste se presente, es obvio que carece del más mínimo interés para comparecer ante la autoridad a rendir su declaración.
De acuerdo con todos los razonamientos anteriores, este órgano colegiado considera infundado el agravio manifestado por el recurrente, relativo a las violaciones procesales dentro del juicio de amparo.
Respecto al argumento que se refiere a las violaciones cometidas por el Juez de Distrito a los artículos 1o., 14, 16, 103, 107 y 133 constitucionales, cabe señalar que el mismo resulta inoperante por las razones siguientes:
Es pertinente aclarar que las garantías individuales son consideradas como las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. En este sentido, tanto la doctrina como los criterios jurisdiccionales de los órganos del Poder Judicial de la Federación han definido a las garantías individuales como derechos públicos subjetivos consignados en favor del gobernado, los cuales otorgan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través del juicio de garantías, que es el medio jurisdiccional que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna para tal efecto.
En este orden de ideas, cuando los Jueces de Distrito conocen del juicio de amparo, es evidente que se encuentran ejerciendo la función de control constitucional y, por ello, es lógico que emitan determinaciones cuyo cumplimiento es obligatorio, o también realicen actuaciones tendentes a hacer cumplir esas determinaciones. Por consiguiente, debe considerarse que tales juzgadores no pueden infringir garantías individuales.
Asimismo, aun y cuando en contra de las decisiones de los Jueces de Distrito procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo a través del cual pueda analizarse la violación de garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia a través del cual el tribunal de alzada, con amplias facultades, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que la autoridad recurrida tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a estudiar los agravios expuestos.
De acuerdo con lo anterior, debe estimarse que técnicamente no pueden analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo a través del recurso de revisión, ello en razón de la propia naturaleza del propio recurso de referencia, así como también por la función de control constitucional que el juzgador de amparo desempeña. Considerar lo contrario sería tratar al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable, desnaturalizando el juicio de amparo, porque se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.
Los razonamientos anteriores tienen apoyo en la tesis de jurisprudencia número P./J. 2/97, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo V de enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 5, cuyo rubro y texto son los siguiente:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
En otro de sus argumentos el recurrente manifiesta que el Juez de Distrito no debió haber sobreseído el asunto, pues su legitimación para acudir al juicio de garantías se deduce de lo dispuesto en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que acude en calidad de tercero extraño al juicio, pues si bien fue oído y vencido dentro del procedimiento natural, ello fue en calidad de fiador y no de propietario del inmueble controvertido.
Como se observa del argumento anterior, el recurrente cita de manera errónea como fundamento de su agravio la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, la cual no contempla lo relativo a la comparecencia del quejoso como tercero extraño al juicio en los procedimientos judiciales, como lo es el que deriva del acto reclamado. Sin embargo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, este órgano colegiado procede a corregir el error presentado en la citación de los preceptos legales, precisando que la fracción aplicable es la V del mismo precepto legal citado.
Ahora bien, atendiendo al contenido del argumento en estudio, es necesario determinar, en primer lugar, en qué consiste la calidad de parte en un proceso, así como la de tercero.
Las partes son sujetos de la relación jurídico-procesal, en la que además figura el órgano jurisdiccional. Por regla general debe entenderse por parte a aquel sujeto que, interviniendo válidamente en el proceso jurisdiccional, ejercita una acción, opone una excepción o interpone un recurso cualquiera; o bien, aquel sujeto que verá afectado su interés jurídico con la resolución que se dicte. Así se tiene que las partes en el juicio son el actor y el demandado, pues son ellos los que reúnen la calidad anotada.
También se debe distinguir entre parte material y parte formal en el proceso. La primera, se constituye con la persona que comparece en un juicio por derecho propio, es decir, quien hace valer un interés propio. La segunda, se actualiza cuando quien comparece al juicio lo hace en virtud de la representación que ostenta de otra persona, o sea, que no interviene por su propio derecho.
Establecido lo anterior, puede concluirse que no será parte quien no pueda actuar en el proceso realizando alguna de las actividades indicadas, lo cual nos lleva a referirnos aquí a la figura de los llamados terceros en el proceso, que son las personas que sin ser parte en un juicio intervienen en él para deducir un derecho propio, para coadyuvar con alguna de las partes, si es llamado a ello, o cuando tenga conocimiento de que la resolución que se dicte por la autoridad judicial competente pueda causarle alguna afectación.
Es importante aclarar que no se debe confundir a los terceros que tienen interés en el asunto con el tercero extraño a juicio. Este último es todo aquel que no es parte en el juicio y que no tiene interés alguno en él. También se equipara al tercero extraño aquella persona que debiendo intervenir en el juicio, no es llamada al mismo, o lo ha sido defectuosamente.
En el caso concreto, el Juez de Distrito determinó sobreseer el juicio de garantías por actualizarse la causal de improcedencia señalada en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley."
"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:
"...
"III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.
"Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.
"Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben."
Este órgano colegiado estima correcta la determinación del Juez de Distrito en el sentido de sobreseer el juicio tomando como base la causal de improcedencia invocada, en virtud de que el entonces quejoso no combatió la última resolución del procedimiento de ejecución del juicio natural, considerándolo parte procesal en el mismo y en el que fue oído.
En este sentido, resultan infundadas las manifestaciones sostenidas por el recurrente respecto a la calidad de tercero extraño con la que comparece al juicio de garantías.
De las copias certificadas del juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario número 256/98, promovido por Alejandro Manuel Mendoza Mirassou en contra de Aplicaciones Plásticas, Sociedad Anónima de Capital Variable, Magdalena Montalvo Vidrio y el ahora recurrente, las cuales obran en los autos del juicio de amparo uniinstancial, que al ser documentales públicas tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con lo señalado en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, queda demostrado que:
1) En el juicio natural se demandó, entre otras prestaciones, la rescisión del contrato de arrendamiento celebrado el dieciséis de julio de mil novecientos noventa y cuatro por Alejandro Manuel Mendoza Mirassou, como arrendador, en contra de Aplicaciones Plásticas, Sociedad Anónima de Capital Variable, como arrendataria, y Héctor Vázquez Covarrubias, como fiador, respecto del bien inmueble ubicado en los números sesenta y cinco y sesenta y cinco "A", de la calle Juan de la Barrera, colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, de esta ciudad (fojas 83 a 90 de los autos del juicio de amparo).
2) El hoy recurrente fue emplazado a juicio mediante diligencia de ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho y contestó la demanda por escrito de diecisiete del mismo mes y año (fojas 94, 98 y 103 a 109, respectivamente, de los autos del juicio de amparo).
3) El diecisiete de junio de mil novecientos noventa y ocho, el Juez natural declaró rescindido el contrato de arrendamiento y condenó a la codemandada Aplicaciones Plásticas, Sociedad Anónima de Capital Variable, a entregar y desocupar la localidad arrendada en el término de treinta días contados a partir de la fecha en la que se le notificara el auto de ejecución de esa resolución. Asimismo, se condenó al pago de diversas prestaciones a todos los codemandados, entre ellos, al hoy quejoso (fojas 267 a 270 de los autos del juicio de amparo).
4) Dicha sentencia fue confirmada en la resolución de dos de octubre de mil novecientos noventa y ocho por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dentro del toca de apelación número 3728/98 (fojas 307 a 312 de los autos del juicio de amparo).
5) El trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, el Juez natural ordenó pasar los autos al actuario respectivo para que notificara a los codemandados que tenían cinco días para desocupar el local arrendado (foja 1395 de los autos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17064-6d677037/multa-ante-la-evidencia-de-que-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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