ASEGURAMIENTO DE BIENES DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. DEL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA EN SU CONTRA DEBE CONOCER UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2001-PL. ENTRE LAS SUSTENTA DAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL MISMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, el veinticinco de octubre de dos mil, al resolver el conflicto competencial 8/2000, suscitado entre los Jueces Tercero de Distrito en Materia Penal y el Segundo de Distrito en Materia Administrativa, ambos en el Estado de Jalisco, decidió declarar la competencia en favor del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, con base en la consideración que a continuación se transcribe:
"II. El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, recibió la demanda de amparo indirecto promovida por José Cuervo Pérez, contra actos del delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Jalisco, procurador general de Justicia, subprocurador 'B' de Atención a Delitos Patrimoniales No Violentos de la Procuraduría General de Justicia, agente del Ministerio Público coordinador de la Dirección para Delitos Patrimoniales contra Personas, director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia, todas del Estado de Jalisco, como autoridades ordenadoras, subdelegado de la Policía Judicial Federal de la Procuraduría General de la República, en Guadalajara, Jalisco, y director de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia, de la propia entidad federativa, como ejecutoras; la forma en que el quejoso señaló el acto reclamado, se debe entender que reclama de las autoridades que identificó como ordenadoras el ilegal y arbitrario acto privativo que pretenden ejecutar en su contra, consistente en el cumplimiento de una orden de aseguramiento sobre una lavadora marca Unimac, modelo UW100PV50001, serie M0600173202, sin que haya sido oído ni vencido en juicio, y de las restantes autoridades el cumplimiento de dicho aseguramiento. El conflicto competencial estriba en que el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, consideró que no es competente, por una parte, porque las autoridades señaladas como responsables en el escrito de demanda de garantías revisten el carácter de administrativas y, por otro, los actos que se reclaman consistentes en el ilegal y arbitrario acto privativo que pretenden ejecutar contra el quejoso, consistente en el cumplimiento de una orden de aseguramiento dictada por las autoridades responsables administrativas ordenadoras, sobre una lavadora marca Unimac, modelo UW100PV50001, serie M0600173202, sin que haya sido oído ni vencido en juicio y, por ende, sin fundamento ni motivo legal, en tanto que el quejoso tiene el carácter de tercero extraño al procedimiento administrativo del que emana el acto reclamado, por lo que declinó la competencia para conocer de la multicitada demanda de garantías al Juez de Distrito en Materia Administrativa en turno del Tercer Circuito; decisión que sustentó en los artículos 51, fracciones I, II y III, 52, fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en las tesis publicadas bajo las voces: 'AVERIGUACIÓN PREVIA, ACTOS REALIZADOS EN LA. ES COMPETENTE PARA CONOCER EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.' y 'AVERIGUACIÓN PREVIA, ACTOS QUE AFECTAN EL PATRIMONIO DE LOS PARTICULARES EN. ES COMPETENTE PARA CONOCER EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.'; mientras que el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco no aceptó la competencia referida porque, según adujo: 'Visto lo de cuenta, este Juzgado de Distrito no acepta la competencia declinada por considerar que contrario a lo argumentado por el Juez requeriente, el acto reclamado en la demanda de garantías que nos ocupa se atribuye a autoridades a las que por disposición del artículo 21 constitucional les incumbe la persecución e investigación de los delitos (facultad de naturaleza intrínsecamente penal), lo cual dio lugar a la integración de una averiguación previa, que es la primera etapa del procedimiento criminal, lo cual tiene sustento en la determinación que a continuación se transcribe ...' (fojas 19 vuelta y 20 del cuaderno auxiliar 754/2000); luego transcribió la resolución de competencia 140/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al conflicto de competencia suscitado entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del propio circuito (fojas 20 a 35 vuelta del cuaderno auxiliar aludido); para luego concluir de la forma siguiente: 'De lo antes transcrito se colige con claridad que el acto reclamado en la demanda de garantías que nos ocupa es esencialmente similar a los que se aluden en la transcrita ejecutoria del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en dicha ejecutoria se determinó que corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito especializado en la Materia Penal el conocimiento del recurso de revisión que se hizo valer en contra de la sentencia dictada en el respectivo juicio de amparo, es incuestionable que este Juzgado de Distrito, cuya especialización es distinta a la acabada de mencionar, carece de competencia para conocer, por razón de la materia, de la demanda de garantías de referencia, atento los mismos motivos y fundamentos que se contienen en la ejecutoria de mérito, que son exacta mente aplicables al caso por identidad jurídica sustancial y se dan aquí por reproducidos en obvio de innecesarias repeticiones.' (fojas 35 vuelta y 36 del multicitado cuaderno auxiliar). Ahora bien, este Tribunal Colegiado considera que el competente para conocer de la demanda de garantías es el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, por las razones que a continuación se precisan. Al respecto, el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en vigor, establece: 'Los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas. ... IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente. ...'; precepto de acuerdo con el cual, la competencia para conocer de un juicio de amparo que se promueva contra actos de autoridad administrativa, compete a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, y no a un Juzgado de Distrito en Materia Penal, cuando como en el caso, la o las autoridades responsables son distintas a la autoridad judicial, y el acto que se reclama no se trata de un procedimiento de extradición ni se reclama una ley o disposición legal de carácter penal, pues en la especie, no se está en los supuestos que señala el artículo 51, fracción I, de la ley orgánica antes mencionada, esto es, no se trata de una resolución judicial, tampoco son actos que afecten la libertad personal ni que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República; además, las autoridades señaladas como responsables no tienen carácter judicial, los actos reclamados no se relacionan con un procedimiento de extradición ni se trata de una ley o disposición legal de naturaleza penal, ya que sólo tienden a la afectación del patrimonio del quejoso; en tal virtud, resulta intrascendente que el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, al no aceptar la competencia para conocer de la demanda de amparo, haya sostenido que los actos reclamados son de naturaleza intrínsecamente penal, pues no es posible soslayar que el legislador cuando aprobó el texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 52, fracción IV, con toda precisión determinó que los juicios de amparo que se promuevan contra autoridad distinta a la judicial son competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa; en ese mismo precepto legal, el autor de la ley también previó lo relativo a los actos intrínsecamente penales, pero no estableció que en todos los casos en que se reclamen ese tipo de actos de autoridades distintas a las judiciales, la competencia para conocer del juicio de amparo fuera de los Jueces de Distrito en Materia Penal, ya que ese aspecto competencial lo restringió para los casos en que se actualizaran las hipótesis previstas en el artículo 50, fracción II y 51, fracción III, de la referida ley orgánica, esto es, cuando se trate de procedimientos de extradición o se reclame alguna ley o disposición jurídica de observancia general de naturaleza penal, de tal manera que si los actos reclamados en la demanda de amparo que dio origen al conflicto competencial que se analiza no está en alguna de esas dos hipótesis, es claro que de acuerdo con la voluntad del legislador plasmada en los citados artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente, aun cuando se trate de actos de naturaleza intrínsecamente penal, la competencia para conocer de la demanda de amparo es de un Juez de Distrito en Materia Administrativa, simple y sencillamente porque las autoridades señaladas como responsables son distintas a la autoridad judicial, y los actos reclamados no encuadran dentro de los casos de excepción que el legislador reservó para la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal, máxime que en el caso el promovente del amparo se ostenta tercero extraño a la averiguación previa, donde según dice, se pretende asegurar una lavadora de su propiedad. Sobre el particular, resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Volúmenes 199-204, Primera Parte, Séptima Época, publicada bajo la voz: 'AVERIGUACIÓN PREVIA, ACTOS QUE AFECTAN EL PATRIMONIO DE LOS PARTICULARES EN. ES COMPETENTE PARA CONOCER EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. En los casos de actos que afectan el patrimonio de los particulares, durante la averiguación previa, no se está en presencia de resolución judicial alguna, pues los actos reclamados emanan no de una autoridad judicial, sino que han sido atribuidos a autoridades que tienen el carácter de administrativas, como lo son el procurador general de la República y el director de Averiguaciones Previas. Tampoco se trata de actos que afecten la libertad personal ni de aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro ni de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República, ya que los reclamados tienden a la afectación del patrimonio del quejoso. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se haga referencia a las violaciones al artículo 16 constitucional en materia penal, y que por ello pudiera pensarse que siempre que se trate de violaciones de tal naturaleza, se dé la competencia en favor de los Jueces de Distrito en Materia Penal, pues, en primer lugar, si se hace tal diferencia, no es por otro motivo sino porque las transgresiones al precepto constitucional aludido pueden verificarse en cualesquiera materias, ya penal, ya administrativa o ya civil y, en segundo, porque a lo único a que hace alusión este párrafo es a la opción que se otorga al interesado de promover el juicio de garantías ante el Juez de Distrito respectivo, o bien ante el superior del tribunal a quien se impute la violación reclamada.', y la tesis consultable en la página 23, Volúmenes 163-168, emitida por el Pleno de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la época y Semanario antes aludidos, con el texto: 'AVERIGUACIÓN PREVIA. ACTOS QUE AFECTAN EL PATRIMONIO DE LOS PARTICULARES. ES COMPETENTE PARA CONOCER EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Tratándose de actos reclamados que afecten el patrimonio de los particulares, efectuados dentro de una averiguación previa y atribuidos al procurador general de la República y al director general de Averiguaciones, la competencia para conocer del amparo corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa y no a un Juez de Distrito en Materia Penal, pues debe decirse que en estos casos no se está en presencia de resolución judicial alguna, ya que los actos reclamados emanan no de una autoridad judicial, sino que han sido atribuidos a autoridades que tienen el carácter de administrativas, como lo son las antes indicadas. Tampoco se trata de actos que afecten la libertad personal ni de aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro ni de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República, ya que los reclamados tienden a la afectación del patrimonio del quejoso. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 41 de la Ley de Amparo se haga referencia a las violaciones al artículo 16 constitucional, en materia penal, y que por ello pudiere pensarse que siempre que se trate de violaciones de tal naturaleza, se dé la competencia en favor de los Jueces de Distrito en Materia Penal, pues, en primer lugar, si se hace tal diferencia, no es por otro motivo sino porque las transgresiones al precepto constitucional aludido pueden verificarse en cualesquiera materias, ya penal, ya administrativa o ya civil, y en segundo, porque a lo único a que hace alusión este párrafo es a la opción que se otorga al interesado de promover el juicio de garantías ante el Juez de Distrito respectivo, o bien, ante el superior del tribunal a quien se impute la violación reclamada, lo que se encuentra corroborado por lo previsto en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 la Ley de Amparo, los cuales informan el mismo contenido; sin que deba considerarse, en consecuencia, que cuando se alude al artículo 16 constitucional, en materia penal, se esté planteando un supuesto competencial más en razón de la materia.'. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional el contenido del criterio que el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco transcribió en su determinación, relativo al conflicto de competencia número 140/2000, resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el tres de abril del año en curso, pues se da el caso que dicho criterio, además de que trata un supuesto diferente, es aislado, por tanto, no resulta obligatorio en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo; en tal virtud, este Tribunal Colegiado reitera el criterio que sustentó en las ejecutorias correspondientes a la revisión incidental 143/98 y revisión principal 186/98, resueltas en sesiones de veintitrés de septiembre y trece de octubre, respectivamente, ambas del año de mil novecientos no venta y ocho, en que por tratarse de casos similares al planteado en este toca, se resolvió en el sentido ya especificado. En consecuencia, se declara que el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por José Cuervo Pérez."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 11/2001, suscitado entre el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal y el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, ambos en el Estado de Jalisco, determinó declarar la competencia a favor del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal ya mencionado apoyándose, en lo conducente, en las siguientes consideraciones:
"SEGUNDO. Este órgano colegiado considera que la competencia para conocer y resolver del juicio de garantías promovido por Gustavo Ernesto Gallardo Cervantes, en contra de los actos del agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especial para Robo de Vehículos, licenciado Guillermo Arturo Navarro Cano, se surte en favor del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en mérito de las consideraciones que enseguida se exponen. Los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, respectivamente, establecen lo siguiente: 'Artículo 51. Los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo.' y 'Artículo 52. Los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente, y V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio.'. De los preceptos transcritos, se advierte una primera hipótesis que fija la competencia para los Juzgados de Distrito en Materia Penal y Administrativa, respectivamente; luego, como se vio de lo reproducido en el resultando primero de esta ejecutoria, el quejoso se duele de que el acuerdo de aseguramiento y la retención del vehículo que defiende, carece de fundamentación y motivación. Ahora bien, la parte conducente de la resolución en la cual el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, declinó la competencia en favor de un Juzgado de Distrito en Materia Penal, es del tenor siguiente: '... Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en esta entidad federativa, por razón de la especialización carece de competencia para conocer de dicha demanda, en atención a las razones que enseguida se exponen: En la demanda de garantías de que se trata se señala como autoridades responsables y actos reclamados los que a continuación se precisan: «Autoridades señaladas como responsables. Señalo como responsables a las siguientes: C. Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especial para Robo de Vehículos, licenciado Guillermo Arturo Navarro Cano, autoridad ordenadora, ejecutora y retenedora, ya que bajo averiguación previa número 11448/2000, me ha retenido y asegurado desde el 1o. de julio de 2000 el vehículo de mi propiedad que detallaré más adelante, sin ninguna formalidad judicial y sin que exista la debida motivación y fundamentación conforme a las leyes establecidas constitucionalmente. Acto reclamado. Se violan en mi perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales de nuestra Carta Magna, en virtud de que se dictó acuerdo de aseguramiento y, como consecuencia, se retienen a disposición de la autoridad señalada como responsable bienes que se encontraban en mi poder en calidad de propietario y poseedor, como lo es un bien mueble y las autoridades responsables me están reteniendo de dicho bien mueble automóvil, desde la fecha señalada y no se ha turnado al C. Juez competente para efecto de seguir el procedimiento, tal retención, con tal circunstancia la autoridad señalada como responsable al estar reteniendo al quejoso, sin fundamento legal alguno y, aún más, sin apoyo en una resolución que se encuentre fundada y motivada, causa molestias al quejoso, en cuanto entorpece el ejercicio de mis derechos inherentes a su actividad social en la recuperación de bienes de mi patrimonio, ya que mediante averiguación previa 11448/2000, me han despojado mediante un acuerdo de aseguramiento de mi vehículo, siendo este vehículo de mi propiedad marca Honda, tipo Accord EX, modelo 1999, color blanco, con número de serie 3HGCG5643X0002058 con las placas de circulación PJB-3670 del Estado de Michoacán ...». El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el tres de abril del año dos mil la competencia número 140/2000, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del propio circuito, sustentó el siguiente criterio: «México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de abril de dos mil. VISTOS; Y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el diez de febrero de mil novecientos noventa y nueve, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Monterrey, Nuevo León, y que por razón de turno correspondió conocer al Juez Quinto de Distrito, Manuel Robles Almaguer, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: ‹Autoridades responsables: Señalo con el doble carácter de ordenadora y ejecutora al C. Agente del Ministerio Público especializado en robo de vehículos, Lic. Andrés Jongitud, con domicilio en su recinto oficial en esta ciudad, ubicado en la calle Gonzalitos, casi esquina con Ruiz Cortinez, en el local que alberga a las oficinas de la Policía Ministerial del Estado. Acto reclamado. La desposesión que ha realizado la mencionada autoridad al suscrito respecto del vehículo de mi propiedad marca Jeep, tipo Cherokee, color rojo, modelo 1992, que porta las placas de circulación WXP-5841 del Estado de Tamaulipas y con número de serie 1J4FT88S4NL128375 llevada a cabo el día 8 de los corrientes, reclamando la restitución en la posesión del bien mencionado como forma de restituirme en mis garantías violadas. Reclamo también de la responsable la pretendida orden que trata de dictar a fin de poner a disposición de cualquier otra autoridad el referido vehículo o entregárselo a algún tercero.›. SEGUNDO. La parte quejosa señaló como garantías violadas, las consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución; adujo los conceptos de violación que estimó pertinentes; y manifestó como antecedentes del caso, los siguientes: ‹Como lo justifico con el original de la factura que acompaño a este escrito de demanda, soy propietario único y poseedor original y en carácter de dueño del vehículo que he mencionado y se describe en la mencionada factura, y es el caso que el día 8 de los corrientes sin encontrarme yo presente en el domicilio de mis padres, obligaron a un hermano del suscrito, de nombre René Javier Robles Almaguer, a que se trasladara con el vehículo de mi propiedad al recinto oficial de la responsable realizando esto apoyado por elementos de la Policía Ministerial que tiene bajo sus órdenes y una vez ahí procedió la responsable a secuestrar mi vehículo en virtud de que dijo que había una persona, de la cual no dio más información, que decía que dicho vehículo era de su propiedad, y por eso ellos procedían a desposeerme del mismo para entregárselo a quien asegura ser dueño por lo que, considerando todo ello el suscrito como una clara privación a mis derechos constitucionales y al no existir recurso ordinario alguno contra tal acto, promuevo este juicio de amparo a fin de que se conceda el amparo y protección de la Justicia Federal para que se me restituya en la posesión del bien ilegalmente secuestrado, como forma de restituirme en mis garantías violadas.›. TERCERO. Por acuerdo de once de febrero de mil novecientos noventa y nueve, el Juez del conocimiento admitió la demanda, y tramitado el juicio en todas sus partes, el once de marzo de ese año celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia que se terminó de engrosar el treinta de marzo siguiente, mediante la cual negó el amparo a la parte quejosa. CUARTO. Inconforme con la referida sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revisión ante el Juez de Distrito, quien por acuerdo de cuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, ordenó la remisión de los autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito en turno. QUINTO. Mediante proveído de trece de mayo de mil novecientos noventa y nueve, el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió el recurso de revisión hecho valer. Por resolución de once de agosto de mil novecientos noventa y nueve, dictada en el toca 134/99-I, el Tribunal Colegiado mencionado se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, y ordenó remitirlo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito en turno, en mérito de las consideraciones que a continuación se reproducen: ‹ÚNICO. Este Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, carece de competencia legal por materia para conocer y resolver del presente recurso. En efecto, el medio de impugnación fue interpuesto por Manuel Robles Almaguer, como directo quejoso, contra la sentencia del once de marzo del presente año, dictada por la Juez Quinto de Distrito en el Estado, en la que se negó el amparo de los actos reclamados al agente del Ministerio Público especializado en robo de vehículos, que hizo consistir en la desposesión que según menciona, efectuó dicha autoridad respecto de un vehículo de su propiedad marca Jeep, tipo Cherokee, color rojo, modelo 1992, con placas de circulación WXP-5891, del Estado de Tamaulipas, con número de serie 1J4FT88S4NL128375, llevada a cabo el ocho de febrero de este año, solicitando ahora la restitución del bien. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su Acuerdo General 35/1998, relativo a la especialización y nueva denominación de los Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito, con residencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, publicado en el Diario Oficial de la Federación de nueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho, en lo que interesa, estableció: (se transcribe). Dados los antecedentes del caso a estudio, y en acatamiento a lo establecido en el acuerdo general antes transcrito, este órgano constitucional estima carecer de competencia legal, por materia, para conocer y resolver el recurso de revisión interpuesto, por no surtirse ninguno de los supuestos contenidos en las disposiciones legales que se citan en el punto segundo, que se refiere a los Tribunales Colegiados especializados en materias administrativa y de trabajo del mismo acuerdo; esto, en la medida de que la naturaleza jurídica de la autoridad señalada como responsable y los propios actos reclamados que, como se dijo, consisten en la desposesión de un vehículo que menciona el quejoso es de su propiedad, señalando que para ello, le fue informado que una persona había denunciado el robo de dicha unidad motriz, desprendiéndose del informe justificado rendido por la responsable, que el vehículo se encuentra a disposición del representante social, dentro de la averiguación previa 125/99, que se tramita con motivo de haber denunciado José Leandro Tristán Rodríguez el robo del mismo; actos que son de carácter penal, al realizarse dentro de un procedimiento de esa materia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, fracción IV y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero del mencionado acuerdo general, toda vez que se trata de una resolución dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional, existiendo en este circuito tribunales especializados. Resultando así, que no obsta para lo expuesto que se haya admitido dicho recurso por acuerdo de trece de mayo de este año, toda vez que los autos de presidencia no causan estado, siendo aplicable la tesis de jurisprudencia 668, publicada en la página 449 del Tomo VI, Materia Común, del Apénd
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17141-b5c13a98/aseguramiento-de-bienes-dentro-de-una-averiguacion-previa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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